El bloque de los 10 diputados del Frente Cívico Social-Cambiemos expresó su “incondicional apoyo” a las expresiones vertidas por el jefe comunal de Andalgalá, Alejandro Páez, sobre las regalías mineras referidas “a la necesidad de que los municipios cuenten los recursos que son propios desde el mismo momento en que son recibidos por la Provincia”.

“Tal es el caso de los que provienen de la distribución secundaria de regalías mineras”, puntualizaron los legisladores, estimando que las palabras del Intendente cuando “opina a favor de una distribución automática de tales recursos” fue porque “procura evitar que la dilación en la entrega de los fondos termine licuando su valor y comprometiendo el financiamiento de las obras”.

Sucede que, desde la perspectiva de los diputados, a este factor se le suma otro: “Generar intereses que capitaliza el gobierno provincial. Máxime cuando todo ello no constituye obstáculo alguno para la actuación de los órganos de control”.

Así, contemplaron que el vicepresidente de la cámara de diputados Armando López Rodríguez omitió un detalle en su respuesta a Páez: “El vicepresidente hizo pública una respuesta al intendente Páez en la que ignora -acaso deliberadamente- que el municipio de Andalgalá estuvo fuera del alcance del decreto 202/13 en virtud de una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte de Justicia”.

En este orden de ideas, recordaron que “tal condición le posibilitó invertir en tiempo y forma las regalías mineras hasta el 2015”.

“Las obras realizadas -con tales recursos y en ese periodo- fueron destinadas a producción, infraestructura eléctrica, turística, pavimentación y saneamiento básico, entre otras”, desglosaron los diputados, poniendo el punto en que fueron “aprobadas por sendas ordenanzas del Concejo Deliberante, ejecutadas y auditadas por el Tribunal de Cuentas”.

“Hasta participó el exsubsecretario de Asuntos Municipales en la inauguración de algunas de ellas”, recalcaron los diputados de la oposición.

De esta manera, señalaron que “luego vinieron los problemas para aprobar nuevos proyectos con la implementación del decreto 202/2012, y reiteramos que la demora en la aprobación de los proyectos atenta contra las gestiones municipales”.