La causa por las bonificaciones docentes parece nunca acabar, si bien en agosto del año pasado la Suprema Corte declaró “abstracto” el conflicto de poderes luego que Montenegro restituyera el beneficio a comienzos de 2020. Es que ahora el Concejo Deliberante sumó una nueva denuncia en su contra de parte de quien fue su abogada defensora, debido a que aún no pagó sus honorarios, incluso luego de una inicial intimación librada por la propia Suprema Corte el año pasado.

Tras ello, el pasado 17 de marzo la letrada Carolina Morteo demandó al órgano legislativo local iniciando una nueva causa, donde rápidamente los jueces dictaron una nueva intimación contra el HCD para que realice el pago. Firmada el 26 de marzo, el mandamiento está dirigido al presidente Ariel Bordaisco donde se obliga al “pago en el acto” de la suma de $152.262, que se reclaman en concepto de honorarios y aportes impagos, más la suma de $40.000 por intereses y costas.

Por el momento, los magistrados no dieron lugar al pedido de embargo presentado por la abogada, aunque en la resolución que ordenó la intimación no se descartó tomar esa medida a futuro.

Sin embargo, hasta el momento la notificación no llegó a destina, debido a que el sábado pasado se suspendieron hasta el lunes 5 las actividades presenciales por la aparición de al menos tres casos de Covid-19 en concejales.

Luego de la denuncia por competencia de poderes que el intendente Carlos Arroyo realizó contra el Concejo Deliberante en 2018 luego que éste rechazará el veto a una ordenanza que repuso las bonificaciones docentes, el Legislativo debió contratar una abogada particular, ya que no cuenta con dichos profesionales de planta, a diferencia del cuerpo de letrados que dispone el Ejecutivo.

Luego de la resolución de la Suprema Corte en agosto, prosiguieron las actuaciones formales para determinar los honorarios de los abogados, incluido el que Arroyo contrató pese a disponer del cuerpo de letrados de la Subsecretaría de Legal y Técnica. Se trata del doctor Héctor Oroz, que finalmente renunció en febrero y allí asumió la causa una abogada de la Municipalidad.

Con firma de los magistrados Hilda Kogan, Eduardo De Lazzari, Luis Genoud y Sergio Torres, el 21 de octubre la Suprema Corte resolvió la regulación de honorarios, fijando en favor de Morteo la suma equivalente a 60 jus más un adicional del 10%. 

Sin embargo, el Concejo Deliberante nunca procedió al pago de los honorarios, lo que en noviembre le valió una Carta Documento de la abogada, incorporada al expediente judicial.

Por ello, el pasado 11 de diciembre la Suprema Corte resolvió intimar al HCD para que realice el pago dentro de los 10 días de la notificación, aunque tampoco hubo respuestas, por lo que en marzo de este año la abogada avanzó con una demanda que dio inicio a una nueva causa judicial.