El imputado que da nombre a la carátula de la causa en la que se investigan 102 crímenes de lesa humanidad, se presentó ayer ante la Justicia Federal pero no prestó declaración indagatoria. Tampoco lo hicieron otros 3 miembros de distintas fuerzas armadas, de los 19 acusados de delitos cometidos en el predio que funcionara como centro clandestino de detención, entre 1976 y 1982.
Un paso “trascendente” se dio ayer en el marco de la causa judicial en la que se investigan 102 crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ex Regimiento 9, entre 1976 y 1982. La Justifica Federal sometió ayer a indagatoria a José Emilio Mechulán, quien fuera el Jefe de Inteligencia de la 7º Brigada del Ejército con base en la zona, y cuyo nombre figura en la carátula de la causa.
El imputado se abstuvo de declarar, y lo mismo hicieron otros tres miembros de las distintas fuerzas armadas. Sin embargo, cumplido el paso formal, avanza la causa por las detenciones y tormentos a cerca de un centenar de correntinos, incluido un asesinato.
A casi dos semanas del pedido de detención, Mechulán se presentó ayer ante el juez federal de la primera nominación de Corrientes, Carlos Soto Dávila y el secretario de Derechos Humanos de ese estrado, Javier Otazo. Sin embargo, y haciendo uso del derecho constitucional, se abstuvo de declarar. Desde la Justicia cumplieron entonces con ponerlo en conocimiento de los cargos por los que se lo imputa y de las pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos en la capital correntina por los que se lo imputa.
También el ex oficial de Gendarmería, Abelardo Palma se presentó ayer, y tampoco hizo declaración alguna. Lo mismo sucedió el lunes con los oficiales de inteligencia del Ejército con prestación en el Regimiento 9, Raúl Harsich y Abelardo De la Vega.
Sin embargo, a pesar de las negativas a declarar, se formalizaron los actos de declaración obligatoria; por lo que la Justicia está habilitada a continuar con el proceso, según confirmaron a El Litoral fuentes judiciales consultadas.
El juez deberá ahora resolver por ejemplo el pedido presentado por la defensa de Mechulán, de excarcelación y subsidiariamente arresto domiciliario. La edad del ex militar, que supera los 80 años, y problemas de salud sirven de argumento al pedido.
“Aunque no declare, por el rango que tuvo, este señor es el que sabe dónde están los desaparecidos”, dijeron a El Litoral desde los organismos de Derechos Humanos que se presentarán como querellantes en la causa. “Es el que sabe lo que las familias quieren saber”, agregaron.
La causa
“Es un acto trascendente”, aseguraron a este medio desde la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, la Asociación de Ex Presos Políticos y la Multisectorial por la Memoria.
Celebraron así el avance de la causa caratulada “Mechulán José Emilio y otros por asociación ilícita, privación de la libertad agravada y homicidio”, que surgió de documentales y testimonios recogidos en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado en la provincia, por el que se condenó a integrantes del grupo de tareas que operó en el Regimiento de Infantería Nº 9 de Corrientes, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura, durante la última dictadura militar.
Comentá la nota