La comisión de Labor Deliberativa del Concejo Deliberante resolvió ayer convocar mañana a las 12 a la presidente del Consejo Escolar, Claudia Piccolo, para que "dé explicaciones" acerca de los resultados de la auditoría que revela "una desorganización administrativa que atenta ostensiblemente sobre los objetivos generales" del organismo. La auditoria que realizó la Dirección General de Cultura y Educación en junio último y cuyos resultados se conocieron este martes revela: "...en el distrito de General Pueyrredon, en base a la experiencia recabada a través del tiempo y de auditorías anteriores, se vislumbra que la metodología de trabajo y forma de operar es repetitiva obteniendo como resultado situaciones de extrema tensión en la gestión".

Cristian Azcona del Frente Renovador, Pablo Retamoza del Frente para la Victoria y Claudia Rodríguez de Acción Marplatense firmaron en la víspera el pedido de convocatoria "urgente" a la presidente del Consejo para que "dé las explicaciones pertinentes".

Los concejales justificaron la convocatoria al decir que "atento al dictamen de la auditoría realizado en el Consejo que acaba de aportar evidencia concreta acerca de las posibles irregularidades en el manejo de dicho organismo, las cuales han impacto negativamente en el funcionamiento de las escuelas públicas provinciales de nuestro distrito. Y siendo que ha sido una preocupación constante de este cuerpo la educación, es que consideramos que debemos estar informados de las conclusiones de la auditoría que determinan que existe una desorganización administrativa que atenta sobre los objetivos generales a cumplir por ese Consejo".

Los ediles que presentaron el pedido al titular del cuerpo deliberativo Ariel Ciano consideraron que "la auditoría acaba de aportar evidencia acerca de la ineficiencia de la tarea que lleva adelante la consejera radical Claudia Piccolo como presidenta de ese organismo, quien durante casi dos años cometió de un modo repetitivo un sinnúmero de desprolijidades e irregularidades".

Según expresaron los ediles, el contenido de la auditoria "no sólo expone la negligencia, desconocimiento e incapacidad con la que la presidenta del Consejo llevó adelante su tarea, sino que además reduce a excusas y mentiras todos los argumentos con lo que la funcionaria pretendió hacer frente a los cuestionamientos recibidos".

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En las conclusiones que dio a conocer en la víspera LA CAPITAL se especificó que "en el distrito de General Pueyrredon, en base a la experiencia recabada a través del tiempo y de auditorias anteriores, se vislumbra que la metodología de trabajo y forma de operar es repetitiva obteniendo como resultado situaciones de extrema tensión en la gestión".

En el organismo que nuclea a los más de 200 edificios escolares provinciales que hay en la ciudad, los auditores advirtieron que "de no propiciar un cambio rotundo de conductas con el manejo eficiente de la documentación y/o fondos emanados del erario público bajo su resguardo, podrían ser pasibles de sanciones previstas en el plexo normativo vigente?.

La auditoria, realizada en junio pasado muestra que "...en el Consejo Escolar del distrito, se vislumbra que se deberá profundizar la adecuación de procesos y circuitos a los normados por la reglamentación vigente a dichos efectos, en virtud de que según se desprende del presente informe, esto redundaría favorablemente en la gestión de la administración del Consejo, obteniendo eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos autogenerados y/o afectados desde la administración central".

En el informe también se puede conocer que en General Pueyrredon se deben realizar 14 obras para las que se asignó un presupuesto oficial de $1.364.109,53. Pero se especifica que "sólo 3 se encuentran en ejecución (poseen acta de inicio vigente a la fecha de la auditoría) y hay otras 3 pendientes de inicio".

Asimismo se hace referencia a que "el importe en obras en proceso de licitación y/o adjudicación o aún no iniciadas, asciende a la suma de $1.118.836". Entonces desde la auditoría advirtieron que "la inmovilización de fondos por parte de este cuerpo colegiado (caso riesgo de inicio y gas) durante importantes lapsos de tiempo afecta a la capacidad financiera" del organismo provincial a la hora de hacer frente a contrataciones, "en razón del costo de oportunidad que se está afrontando, en virtud de posibles fluctuaciones estacionales de valores de mercado y también su capacidad económica en cuanto a las cantidades y calidades de los artículos que podrían adquirirse".

Por último desde la auditoría pidieron que se "arbitren los medios necesarios a efectos de propender a una capacitación específica de todos los actores que tienen vinculación directa con la gestión diaria al frente del Consejo Escolar, entendiéndose como tales a consejeros escolares, secretarios técnicos, inspectores de la DPI y personal".