Por: Ramiro Melucci.

Un virus que asusta. El nombre de la secretaria de Salud municipal, Viviana Bernabei, en todos los medios locales. Un falso positivo. Una información difundida por la Provincia que contradice al municipio. Por un instante, la semana que pasó se pareció a 2020. Trajo el recuerdo brumoso de los tiempos en que el Covid parecía llegar y no llegaba.

Como entonces, ahora los especialistas no tienen dudas: es cuestión de tiempo para que haya casos autóctonos de dengue. El mosquito ya circunda el distrito. Sólo el frío podría detenerlo por algún tiempo.

Por eso nadie se sorprendió el martes a la mañana cuando el municipio informó el “primer caso autóctono”. Lo hizo basado en el registro del SISA, el sistema integral de información sanitaria, el mismo que se utilizaba para contar los contagios de Covid.

La sorpresa llegó al día siguiente, en el preciso momento en que Región Sanitaria VIII comunicó las contrapruebas negativas del Hospital Materno Infantil y del Instituto Nacional de Epidemiología (INE). ¿Qué había pasado? ¿Qué se había hecho mal? ¿Hubo un apresuramiento en la comunicación?

Las autoridades sanitarias de la Provincia y la Municipalidad, que siempre tuvieron una relación plagada de desconfianza, evitaron los señalamientos. Coincidieron, cada una por su cuenta, en que se había cumplido el protocolo que debe seguirse una vez que un caso salta al SISA. Pero nadie se escandalizó: el desconcierto de unas horas, la confusión general pero efímera, sirvió para emitir una luz de alerta y reforzar las medidas de prevención.

Montenegro junto al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli.

Hubiera sido la novela de la semana si el intendente Guillermo Montenegro, en su segunda conferencia de viernes en el Centro de Monitoreo, no hubiera anunciado el proyecto de ordenanza para declarar “esenciales” a los municipales con el propósito de evitar los paros. La decisión se inscribe en el conflicto por la falta de acuerdo paritario. Aunque el intendente dio a entender que el interbloque oficialista lo acompaña, y por lo tanto la iniciativa tendría en el Concejo los votos suficientes para ser aprobada, no parecería sencillo terminar de un dia para el otro con el derecho a huelga de los empleados comunales.

El gobierno local no encontró antecedentes en el país para incluir entre los fundamentos del proyecto. Su mera insinuación desmarca a Montenegro de otros alcaldes y lo posiciona cada vez más cerca de las intenciones de Javier Milei. El apartado laboral del famoso DNU 70/23 restringía el derecho a huelga, pero fue suspendido por la Justicia. Resulta evidente que la ordenanza, de ser sancionada por el Concejo, también tendría destino judicial.

Daría la sensación que ya el debate es un fin en sí mismo para Montenegro. A tono con los tiempos, ubica del lado de enfrente al sindicalismo. Pone en discusión la racionalidad o irracionalidad de sus medidas de fuerza. Lo coloca en tensión permanente con “los vecinos”.

La del falso positivo de dengue hubiera sido la novela de la semana si el intendente Guillermo Montenegro no hubiera anunciado el proyecto de ordenanza para declarar “esenciales” a los municipales. 

El anuncio del proyecto de esencialidad de los municipales forma parte de un combo. Incluye el descuento de los días del último paro, llevado adelante después del fin de semana extralargo. También la quita del premio por presentismo para los agentes que no vayan a trabajar por una medida de fuerza. Se trata de la posibilidad que tienen de tomarse cinco días de licencia por cuatrimestre (15 en el año) con goce de haberes. Lo completa la decisión de que los partes de presencialidad empiecen a ser diarios y digitales, cuando se hacían en papel y por semana. “Eso se prestaba para que hicieran cualquier cosa”, esgrimen cerca del intendente.

Ante tales declaraciones de enemistad, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) celebró que el intendente esté “predispuesto al diálogo”, que no haya otorgado el 10% de aumento (y no el 35% como pide el gremio) por decreto y que las paritarias sigan abiertas. Pero habló de “imposiciones y aprietes sufridos por los trabajadores” y anunció que expondrá “las deficientes condiciones de trabajo, la falta de insumos, equipos, herramientas y elementos de seguridad para cubrir los servicios”.

Suena raro lo de “imposiciones y aprietes” en boca del sindicato en la misma semana en que un grupo de dirigentes incitó a trabajadores del área de Tránsito para que no dejaran sesionar con normalidad a la comisión de Hacienda del Concejo e insultara a los concejales oficialistas. Allí, pese a las bravuconadas, se trató y tuvo dictamen el proyecto para concesionar el estacionamiento medido. Será tratado en la próxima sesión.

El interbloque oficialista, en la sesión del último jueves.

Sin grandes temas en agenda, en la del último jueves volvieron los cruces por la seguridad. Promovidos por el kirchnerista Diego García, que cuestionó el presupuesto que destina el municipio en comparación con distritos del conurbano y hasta mencionó la presencia de Mar del Plata en el segundo lugar, detrás de Rosario, del “podio del miedo”, un relevamiento de hechos delictivos realizado por una empresa de alarmas. Después nombró a La Plata y a Córdoba, las localidades que le siguen. Pero incurrió en una omisión: Villa Gesell, la tierra de Gustavo Barrera, amigo de Axel Kicillof y detractor de Montenegro, también figuraba en el segundo lugar.

Las críticas llegaban mientras el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez, se reunía con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia para abordar “el número y el tipo de delitos que están ocurriendo en Mar del Plata” (Montenegro dixit). La respuesta también llegó en medio de ese intento de coordinación: el jefe del bloque oficialista, Agustín Neme, advirtió que los patrulleros no alcanzan.

Hubo en las líneas discursivas algunas variantes. El propio presidente de la bancada del intendente admitió que el de las zonas rojas no es un asunto absolutamente resuelto. Y reconoció que hay una nueva, pero “pequeña”, en el sector de Luro y Dorrego.

En un nuevo cruce por la inseguridad, el kirchnerista Diego García mencionó un “podio del miedo” mientras que el presidente de la bancada oficialista, Agustín Neme, aseguró que los patrulleros no alcanzan.

También el radicalismo se va amoldando a la nueva realidad. Busca su lugar en el esquema de la política nacional y trata de acomodarse en una ciudad en la que el intendente, su socio político, nunca parece tener inconvenientes en girar un poco más a la derecha.

Las reuniones del gabinete siguen exhibiendo un gobierno amalgamado, con la participación de los funcionarios de distintos colores políticos. Pero algunos posicionamientos del jefe comunal incomodan a la UCR. Lo va demostrando de a poco, casi en cuentagotas, pero lo demuestra. El que escuchó al concejal Daniel Núñez, presidente del comité local, en la última sesión, puede dar fe. “No todo es lo mismo”, dijo sobre los despidos en el Estado. Y destacó la labor de los profesionales y científicos del Inidep. “Me solidarizo con aquellas personas que están sufriendo esta situación, sobre todo los que trabajan”, apuntó después de que el intendente no lo hiciera.

Por ahora son diferencias sobre asuntos nacionales o de índole provincial. Todo lo demás está por escribirse.