Los abogados defensores de un médico de Tandil y su exmujer, ambos detenidos en el marco de la causa que investiga una estafa millonaria al IOMA, la obra social de los empleados estatales de la Provincia de Buenos Aires, solicitaron que se les otorgue el beneficio de la “prisión domiciliaria”, planteo que deberá ser resuelto por el juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi. 

Se trata de Julio Alberto Tamburelli y su exmujer, María Silvina Tornati, dueños de la empresa de internación domiciliaria Clinicasa SRL, de Tandil, quienes permanecen detenidos desde el 12 de octubre pasado, acusados del presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”. 

Independientemente de la decisión de Masi, el fiscal de la causa, Jorge Paolini, debe determinar a la brevedad si pide la prisión preventiva de la pareja, ya que se vence el plazo de treinta días desde que fueron aprehendidos.

El juez Masi ya había negado el 20 de octubre pasado el pedido de cese de la privación de libertad de los dos imputados mencionados, y los representantes legales de los acusados presentaron un recurso de apelación ante la Cámara en La Plata, por lo que también se conocerá en las próximas horas el fallo de esa instancia.

En el marco de esta causa se investiga una presunta estafa de 380 millones de pesos anuales en perjuicio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a través de sobreprecios y empresas fantasmas.

Internaciones domiciliarias truchas

Para Paolini, el médico y su exmujer, “en su calidad de socios, defraudaron al IOMA me-diante la presentación de documentación falsa que daba cuenta de la prestación de un servicio de internación domiciliaria para la afiliada Marta Sánchez, el cual nunca se llevó a cabo” ni había sido solicitada por Sánchez.

Tamburelli y su expareja fueron detenidos en dos operativos realizados hace casi un mes en la avenida Bolívar al 500 y en la avenida Colón y Machado, de Tandil, y luego fueron trasladados a La Plata para ser indagados. 

El caso salió a la luz a partir de una investigación publicada por este diario en 2014. De los 65 casos de los que se sospecha defraudación, uno de ellos es el de la afiliada Marta Sánchez, en el cual IOMA le pagó a la empresa Clinicasa, con sede en Tandil, un monto total de 58.272 pesos, pese a que la mujer jamás recibió el servicio de internación domiciliaria.

También señaló que en la causa se reunieron pruebas para acreditar que el 30 de noviembre de 2012 el médico imputado inició en la delegación Tandil de IOMA un trámite de internación para la afiliada Sánchez, estampó su firma y falsificó la del marido de la supuesta paciente, por la que se autorizaba a la empresa Clinicasa a hacer la prestación de internación domiciliaria.

“En la ocasión, el médico hizo entrega de una supuesta historia clínica firmada por el imputado, de una planilla de presupuesto rubricada por la esposa del médico y socia de la empresa prestataria, un formulario de IOMA de solicitud de servicios de internación domiciliaria, una copia de un estudio de cerebro de la afiliada, fotocopia de DNI y recibo de sueldo”, agregó Paolini.

En la causa, el marido de la paciente contó que en septiembre de 2013 lo llamaron de la delegación Tandil de IOMA para preguntarle sobre la internación domiciliaria de su mujer y si era su voluntad continuar con ella. En ese momento se enteró que se había dispuesto dicha prestación y, ante semejante situación, puso en conocimiento de lo ocurrido a las autoridades de la Regional de esa obra social, en General Pueyrredón, y se hizo la correspondiente denuncia penal, que dio origen a la causa.