El juicio transitó el lunes su segunda audiencia sin la presencia de Menem en los tribunales federales de Retiro y durante dos horas la fiscal Fabiana León criticó con dureza a otros fiscales que participaron de la causa, aludió a "contradicciones e intervenciones impresentables", pero finalmente avaló la continuidad del juicio.

En este escenario, el Tribunal Oral Federal 4 anunciará este viernes a las 10 si decide aceptar los planteos de la defensa de Menem, a cargo de Pedro Baldi, quien pidió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, o resuelve seguir adelante con el debate, como plantearon la querellate Oficina Anticorrupción y la fiscalía.

Menem es juzgado por omisión maliciosa, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

A lo largo de dos horas, León criticó el lunes a todos los fiscales que entendieron en la causa desde que se abrió en el 2002, entre ellos Carlos Stornelli, Federico Delgado, Eduardo Freiler y Javier De Luca. Entre otros conceptos, aseguró que tras repasar la causa notó que "variaron los tipos penales de forma alarmante" y que hubo resoluciones que la dejaron "en absoluta perplejidad" y que la causa perdió tiempo de trámite "por una guerra santa" desatada entre Stornelli y el juez Norberto Oyarbide, quien procesó y envió a Menem a juicio.

"Menem fue procesado por hechos por los que nunca fue indagado", dijo además León pese a lo cual consideró que "no se ha violado la garantía de defensa en juicio pese a una instrucción fiscal de la causa a la que calificó de "inconsistente".

Sin embargo, pese a todas las críticas concluyó pidiendo al Tribunal que rechace los planteos de la defensa al entender que no se violaron garantías constitucionales de Menem y que por el momento no puede afirmarse que la causa esté prescripta, ya que eso deberá determinarse al final del juicio en base a los delitos que finalmente imputen los jueces, argumentó.

El ex presidente y actual senador nacional fue condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno.

En el juicio, que se desarrolla actualmente, está procesado por omitir declarar cuentas bancarias en el país y el extranjero y otros bienes como dos aviones ultralivianos, acciones de empresas telefónicas y dos propiedades. La declaración jurada cuestionada es de octubre de 2000 y no se consignó una cuenta en Suiza por 600 mil dólares abierta en 1986 y otra que se le adjudica y que estaría a nombre de la sociedad "Red Spark Fundation" en el principado de Liechtenstein por seis millones de dólares, abierta en 1995.