El Comité Capital de la UCR cordobesa defendió al intendente de esa ciudad, Ramón Mestre, imputado en una caso por una supuesta defraudación a la administración pública, al considerar que las acusaciones forman parte de un "carnaval" de "campaña".

"Cuando los políticos están en campaña todo el año es carnaval", enfatizó el partido que encabeza Alejandro Balián a través de un comunicado.

Además, el partido advirtió: "En los tiempos que vivimos los cordobeses nada asombra, ni los temas tratados, ni los lenguajes utilizados".

"Los temas se enfocan con un lenguaje crítico no con el ánimo de aportar ideas sino todo lo contrario. El lenguaje que se utiliza es para desgastar, para desprestigiar, sacar provecho y posicionarse para las próximas elecciones, nada más", señaló. 

Según evaluó, "quienes más critican la gestión municipal han dado sobradas muestras de su incapacidad cuando les tocó ser gobierno o apoyar a intendentes que sí han destruido Córdoba". 

"Ahora aquellos intendentes que poco hicieron por la ciudad, o que peor la administración durante los 12 años anteriores a la actual gestión, se llaman al silencio", remarcó. 

Además, subrayó: "Todos los cordobeses sabemos cómo gestionaron y en qué estado dejaron a esta ciudad de Córdoba, que tanto le cuesta recuperarse". 

Por su parte, el secretario de Transporte municipal, César Ferreyra, también imputado por presunta defraudación calificada, negó que haya habido desvío de subsidios al transporte. 

"No se han desviado fondos y no hay daño al erario púbico", sostuvo Ferreyra. 

Además, el funcionario indicó: "Tengo la renuncia presentada desde el día mismo en que empezó la función". 

"No voy a calificar esto de farsa porque no voy a caer en el lugar que caen otras personas. Hemos actuado con cuidado debido administrando un sistema que es complejo, no desviamos nada, los subsidios que llegan a Tamse los define la Nación", puntualizó. 

Este martes, el fiscal federal Gustavo Vidal imputó al intendente Ramón Mestre en una caso por una supuesta defraudación a la administración pública. 

Mestre está acusado de haber destinado fondos de subsidios nacionales de la empresa pública Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) a la compañía privada de recolección de residuos Ersa.

Además de Mestre, la imputación recae sobre el secretario de Transporte, César Ferreyra; su antecesor, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y el presidente de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero.