Tras la firma del Consenso Fiscal, los gobernadores analizan cómo pondrán en marcha leyes provinciales de responsabilidad fiscal como el que firmó la Casa Rosada con los mandatarios y que trata actualmente el Congreso, para contener el gasto primario a nivel municipal. El desequilibrio financiero de los gobiernos locales aparece, en el debate sobre el recorte del gasto público iniciado desde el Gobierno nacional, como un punto oscuro: en dos años ese rojo fiscal de todos las intendencias del país se duplicó y alcanzó a fines del año pasado casi 10.000 millones de pesos, un nivel similar al déficit del consolidado provincial de ese año. Dos provincias, Córdoba y Neuquén, concentran casi el 40 por ciento de ese déficit.

Los municipios de Córdoba y Neuquén concentran casi el 40% del déficit de todo el país

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La intención de los funcionarios nacionales involucrados en la negociación del pacto fiscal sellado entre el presidente Mauricio Macri y todas las gobernaciones (excepto San Luis) es que la regla de Responsabilidad Fiscal que estipula límites al crecimiento del gasto primario, al nivel de endeudamiento y a la contratación de empleados públicos, alcance por medio de normas provinciales a las intendencias de todo el país.

La Casa Rosada busca atacar dos aspectos de las finanzas municipales: contención del gasto y adecuación de la carga tributaria. El Consenso Fiscal firmado fijó como pautas "establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios" y "establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento". Para Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "es muy relevante que las provincias intenten como Buenos Aires sumar a todos los municipios en un proyecto así para que el gasto tenga como tope la inflación y avanzar en una mayor transparencia de gasto y carga tributaria. Los municipios son autónomos, tienen que ser invitados por las provincias".

El primer motivo, el congelamiento del gasto público en términos reales, responde a un escenario que en los últimos años se fue agravando: el desequilibrio de las cuentas municipales (de todo el país) se duplicó entre 2014 y 2016 y alcanzó, a fines del año pasado, casi $10.000 millones, un número apenas inferior al rojo fiscal del consolidado provincial, contra los $4.200 millones de 2014.

Las últimas cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda para el sector municipal son de 2015, aunque fuentes privadas cuentan con la información correspondiente al ejercicio 2016. De acuerdo a los números recopilados por el Observatorio Fiscal Federal, las intendencias de dos provincias concentran el 40% del rojo fiscal municipal: Córdoba ($4.328 millones) y Neuquén ($2.362 millones). Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, por su parte, cuentan con un superávit de $5.407 millones. Los otros gobiernos locales con fuertes desequilibrios son los de las provincias de Tucumán ($1.993 millones), Santa Fe ($1.941 millones) y Mendoza ($1.519 millones). De las 23 jurisdicciones provinciales, sólo siete cuentan con superávit a nivel municipal (Santiago del Estero, Catamarca, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Corrientes y Formosa).

El aumento en las erogaciones de los gobiernos locales refleja, en parte, el aumento en el gasto en personal debido al crecimiento en la cantidad de empleados públicos. De acuerdo al último informe del Ministerio de Trabajo, los puestos en la administración municipal el año pasado crecieron 2,4%, un ritmo mucho mayor que en los gobiernos provinciales (0,9%).

La segunda meta es la recalibración de algunos tasas que cobran las municipalidades, algo también explicitado en el pacto fiscal. El acuerdo reza que las gobernaciones buscarán "promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable". Otros aspecto será la publicación de una base de datos en la que consten todas las tasas aplicables para cada municipalidad.