El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó este martes de la firma de un convenio de cooperación entre la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-Pami).

Estuvieron presentes en el acto, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), el Director de Pami, Carlos Regazzoni, el titular de Adpra y Defensor del Pueblo de Capital Federal, Alejandro Amor, y Ombudsman y representantes de las Defensorías de Córdoba, Lanús, Villa María y Río Cuarto. El acuerdo establece "un soporte para brindar apoyo técnico administrativo y asesoramiento, a través de mecanismos de asistencia y colaboración recíproca, que permitan optimizar la gestión integral de ambos organismos".

"Es muy importante el acercamiento entre las Defensorías y Pami, ya que nos vincula para de esta manera brindar un mejor servicio a jubilados y pensionados. Nos permite a las Defensorías reafirmarnos como lugar donde recibir y recoger las inquietudes para luego transmitírselas al Pami", explicó Lamberto. Y agregó que la institución que conduce pretende "ser un nexo, tanto en cuestiones del ámbito local como del ámbito nacional, para evitar que se vulneren los derechos de los jubilados y pensionados". "Para estas tareas la Defensoría del Pueblo siempre va a estar a disposición", reafirmó.

A través del texto del acuerdo, Adpra y Pami acordaron "colaborar recíprocamente y participar conjuntamente en iniciativas, proyectos, programas y/o acciones que tiendan al desarrollo y difusión de políticas de inclusión y ampliación de derechos de los afiliados al INSSJP con la finalidad de mejorar su calidad de vida". En ese contexto, señala que el organismo de seguridad social nacional "brindará capacitaciones sobre las distintas prestaciones que lleva adelante, a través de Adpra, a los equipos que las Defensorías designen, a fin de poder orientar y asesorar a las personas que así lo requieran".

La cláusula tercera del convenio explicita que "las partes se comprometen a fortalecer el intercambio de información y experiencia de ambos organismos que contribuyan al mejoramiento integral en materia de seguridad social, coadyuvando así al desarrollo de los derechos fundamentales".

El acuerdo tiene una vigencia de dos años a partir de este martes. Vencido ese plazo, se renovará automáticamente por un período idéntico, a menos que alguna de las partes explicite su voluntad de dar por finalizado el vínculo con 30 días de anticipación.