El secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, afirmó este miércoles que el titular de este organismo bonaerense, Guido Lorenzino, "solicitó nuevamente al ENRE que se le quite la concesión a la empresa Edesur por el mal funcionamiento".

En ese sentido, aseguró en declaraciones a Télam Radio que se trata de una "mala prestación del servicio eléctrico en toda su área de concesión, que todos sabemos que es el Conurbano Sur, en municipios muy importantes en la provincia de Buenos Aires que abarcan más de ocho millones de habitantes, más de dos millones de usuarios".

De esa manera, Arias manifestó que la Defensoría cree que "este contrato de concesión no ha sido cumplido por la empresa, y no han realizado las inversiones así como ya lo habían solicitado en el año 2020".

En ese entonces, "el titular del organismo había requerido que se le quite la concesión, y hoy nuevamente tenemos estos inconvenientes al primer calor intenso que se produce en la etapa estival", afirmó.

"Esto no puede continuar dado que, como todos saben, la concesión de Edesur tiene aún más de 60 años por delante, cosa que nosotros consideramos a criterio del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, que es inviable dado que no se han realizado las inversiones, el servicio que se brinda no es de calidad y no da para más", concluyó.

Qué medidas podría tomar el Gobierno en contra de Edesur

Más allá de la decisión de aplicar una multa de $200 millones y nombrar un veedor en Edesur, el Gobierno seguirá analizando nuevas medidas contra la distribuidora de electricidad luego de los cortes del suministro que afectó a casi 100.000 usuarios durante los últimos días del 2021 y que todavía se mantienen en algunas zonas del AMBA.

Como la mayoría de quienes se quedaron sin luz corresponde a la zona a cargo de la compañía propiedad del grupo italiano Enel, las medidas más drásticas que se anunciarán durante las próximas semanas recaerán precisamente sobre Edesur y no en contra de Edenor, actualmente propiedad de una sociedad creada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filibertti.

De hecho, Soledad Manín, interventora del Ente Nacional de Electricidad (ENRE), adelantó que además de la multa económica, "analizaremos qué otras medidas vamos a tomar desde el organismo una vez que tengamos toda la información de la empresa" que brinda servicio en 12 partidos bonaerenses y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria hizo estas declaraciones a Radio 10, en las cuales explicó las funciones que se le encomendaron a la veedora en la empresa, Merzi Silvia Carmen, quien además es la Jefa del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENRE.

"Tendrá acceso a toda la información que necesite, a partir de la cual analizaremos las medidas que vamos a tomar", agregó la funcionaria que desembarcó como interventora del ENRE en marzo del 2020 y que ya posee en su despacho informes anteriores donde se cuestiona la continuidad de la concesión de Edesur y se acusa a la compañía de numerosos incumplimientos del contrato y hasta de falta de inversiones suficientes como para sostener el servicio.

Si bien las próximas sanciones contra la compañía todavía no fueron anunciadas no se descarta que hasta se analice la posibilidad de finalizar antes de tiempo con el contrato que vence recién en el 2087, de acuerdo a la Resolución Nº 170 de 1992 firmada por Carlos Manuel Bastos, entonces secretario de Energía Eléctrica del gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo también establece que el plazo de concesión se se dividirá en períodos de gestión, el primero de los cuales se extendió por 15 años tras la toma de posesión, y los restantes por 10 años a partir del vencimiento de cada lapso anterior.

En ese marco, se faculta también al Gobierno a llamar a concurso público internacional para la venta del paquete accionario y a aplicar una serie importante de sanciones por incumplimiento reiterado de las obligaciones o por acumulación de multas que superen el 20% de su facturación anual, entre otras.

En ambos supuestos, el ENRE puede hasta finalizar la concesión de manera anticipada, escenario que la propia Manín dejó flotando en el aire con sus declaraciones pero que desde sectores cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner reclaman.

De hecho, fuentes del Instituto Patria consultadas por iProfesional se preguntaron si no es momento de revisar las privatizaciones de los servicios públicos, al recordar que más de 12.000 usuarios todavía siguen sin luz en el AMBA.

"Con aumentos del 3.000% durante los años anteriores, solo utilizaron la recomposición del RTI para sacar dividendos fuera del país, ganancias declaradas en balances de un tenor increíble y pago de dividendos y royalty que salieron de la explotación usuraria a los ciudadanos", acusaron.

Si bien todavía parece prematuro que todo el Gobierno se encolumne detrás de ese anuncio, lo cierto es que no se trata de un reclamo nuevo.

Ya a mediados del 2020, un importante grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires reclamó la caducidad de la concesión.

Lo hizo a partir de las conclusiones de un informe de casi 30 páginas elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense que concluye con la necesidad de rescindir "la concesión de prestación de distribución del servicio público de electricidad a la empresa Edesur".

El reclamo se basa en las multas ya aplicadas a Edesur por incumplimientos varios; las obras que esta empresa no llevó a cabo y la falta de inversiones para prestar el servicio.

En este sentido, la propia Manín acusó a Edesur de haber dejado de invertir en su zona desde el 2014 y aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo nuevos desembolsos. "Si no hay inversión suficiente suceden estas cosas, más cuando hay altas temperaturas", agregó la interventora del ENRE, quien encabezó la denuncia presentada por el Gobierno contra la distribuidora.

Desde la compañía rechazaron las declaraciones al sostener que solamente en los últimos cinco años invirtieron u$s820 millones, bajaron de 33 a 13 horas el corte promedio anual por cliente y aseguraron que la empresa se enteró "por los medios" sobre la designación del veedor.

Reclamos que se acumulan

Pero más allá de los argumentos de la compañía, los fundamentos del nuevo reclamo encabezado por Manín coinciden con los de los intendentes peronistas ya que, en ambos casos se acusa a Edesur de fallas en el suministro eléctrico; de falta de cumplimiento de los planes de obras e "incumplimiento de la adecuada prestación del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad técnica adecuada y continuidad, aumentando la cantidad de quejar recibidas".

En el caso de los jefes comunales de la provincia que gobierna Axel Kiciloff le sumaron las multas que le aplico el propio ENRE en el 2018 y el 2019, y un cúmulo de reclamos crecientes "que dan cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio, de los contratiempos y malestares que causa la mala prestación en los usuarios y consumidores del mismo".

Otra de las medidas que se tomaron en el marco de la grieta abierta entre las autoridades nacionales y Edesur se vincula con la anulación de un acuerdo para regularizar la deuda acumulada por el Estado nacional tanto con la empresa y también con Edenor que fue firmado durante el macrismo y que el ENRE desconoce y hasta llegó a calificar de "lesivo".

La resolución dejó sin efecto un convenio de compensación firmado en mayo del 2019 por el ex presidente Mauricio Macri para cancelar las deudas con Edenor y Edesur que el Estado acumuló mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, cuando las tarifas estuvieron congeladas y el Estado compensó a las empresas con transferencias directas.

El acuerdo se firmó sobre la base de un estudio de la Secretaría de Energía en el que se admitió que de haberse ajustado la tarifa durante esos años, Edenor debería haber incrementado sus ingresos en $56.946 millones y Edesur en $44.067 millones.

Sin embargo, el ENRE auditó el convenio y llegó a la conclusión de que ambas distribuidoras recibieron más fondos por subsidios que el dinero que reclaman como "ingresos no percibidos".

La empresa propiedad de Enel rechazó la declaración de lesivo para el interés general, aseguró que el acuerdo sigue vigente, además de recordar que el congelamiento de tarifas que inició Néstor Kirchner y que en abril pasado se modificó de manera parcial con un magro incremento del 9%, le causó graves problemas financieros y de caja.

La medida se suma al decreto presidencial para renegociar los términos de la concesión y a la vuelta atrás con el traspaso de la jurisdicción a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires como tres ejemplos del constante cambio de reglas de juego.

De hecho, durante los primeros nueve meses del año pasado la distribuidora acumuló pérdidas mayores a los $14.400 millones lo cual representó un incremento del 180% contra los $5.326 millones que perdió en igual período del 2020, durante la pandemia del Covid-19.

Es más, compañía acumula estados contables que, desde el 2010, reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones pero que reflejó un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.

Cuando se informaron los datos, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, advirtió que la situación económica de la empresa "es insostenible y requiere una pronta solución por parte del Gobierno".

Ocurre que las cuentas de la empresa no cierran, la caja se achica, la deuda se incrementa y el escenario futuro se torna cada vez más incierto, en un marco de relaciones con las autoridades nacionales que no atraviesa por un buen momento y suma reclamos para anular la concesión.