La Defensoría insiste con la prohibición de los agroquímicos

La Defensoría insiste con la prohibición de los agroquímicos
El presunto uso en las quintas de verduras de agroquímicos altamente nocivos para la salud ha preocupado al Municipio, al punto que ha encargado una serie de estudios para determinar el grado de toxicidad de los productos utilizados.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Provincia ha insistido en los últimos meses en pos de erradicar el uso de plaguicidas y herbicidas que puedan tener graves consecuencias para la salud, a raíz de denuncias realizadas desde municipios cercanos.

Las actuaciones del Ombudsman provincial comenzaron en agosto del año pasado, ante la recepción de diversos casos, entre ellos el de un menor, vecino de la localidad de Mercedes, quien contrajo leucemia, según la denunciante (identificada como G.C.G.) a raíz de las fumigaciones aéreas con agroquímicos que se efectúan en esa ciudad. A diferencia de lo ocurrido allí, en Pilar no se realizan ese tipo de fumigaciones, sino que se hacen a pie.

En San Antonio de Areco también se encendió la luz de alerta, existiendo una denuncia que afirma que allí “se realizan fumigaciones utilizando productos prohibidos, que afectan el medioambiente de la zona”.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Luján elaboró una ordenanza tendiente a limitar su uso, expresando que “las aplicaciones terrestres de estos productos con equipos autopropulsados y/o de arrastre deben efectuarse a partir de los quinientos (500) metros del perímetro de las áreas urbanizadas y zonas de población consolidada”.

La semana pasada, el titular de Salud Ambiental del municipio de Pilar, Jorge Del Río, afirmó a El Diario que en el distrito se está preparando una normativa similar.

Bonaerenses

En Pilar, el defensor Orlando Bargaglio indicó a El Diario que “no se ha iniciado una actuación específica para el distrito, porque es un trabajo que se está haciendo a nivel provincial”. Precisamente, en el marco de las reuniones de la Asociación Defensores del Pueblo (ADPRA) se propuso “revisar la clasificación de agroquímicos; establecer una red de vigilancia epidemiológica georeferenciada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires; lograr efectivos controles de residuos de plaguicidas; establecer un plan de gestión y manejo integral de los envases de agroquímicos”, entre otros puntos.

Así, a través de una actuación el Ombudsman bonaerense Carlos Bonicatto recomendó a los municipios de la provincia “que adopten las medidas pertinentes para un uso responsable de agroquímicos en su territorio, a los efectos de resguardar la salud humana y prevenir la contaminación Medioambiental y de los alimentos”.

Peligros

El tema preocupa a todo nivel: las denuncias también han llegado a la Defensoría del Pueblo de la Nación desde hace al menos dos años: ya en noviembre de 2010 la actuación Nº 1680/10 señalaba que “más de 2.700 firmas de ciudadanas y ciudadanos de distintos puntos del país, que desempeñan variadas actividades, manifiestan su rechazo por los daños a la salud que generan o pueden generar los agroquímicos fumigados”.

Los reclamos están centrados en hechos de gravedad, a los que no pocos científicos y ambientalistas asocian con el uso de agroquímicos: entre ellos, mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas, abortos espontáneos, degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua en zonas tabacaleras y arroceras.

A su vez, se señala al exponerse a algunos tóxicos “las consecuencias van desde el dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, náuseas, hasta la alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios, en la sangre y en los huesos, retardo mental, carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte”.

Espera

Aún está pendiente un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en quintas de la zona de Parque Irízar, para determinar la peligrosidad o no de los productos que se utilizan para fumigar. Una vez realizados, se obtendrían los resultados en 15 días.

El dato

La Ley Provincial 11.723 dispone “el fomento de uso de métodos alternativos de control de malezas y otras plagas, a fin de suplir el empleo de pesticidas y agroquímicos en general”.

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