Las autoridades de la anterior gestión de la Defensoría del Pueblo no se tomaron todos los días de vacaciones que les correspondían por ley. Y al igual que otros funcionarios que finalizaron su mandato en el último año, iniciaron los trámites de rigor para el cobro en efectivo de esas licencias.

El monto total que solicitan en este caso los tres ex defensores y un ex asesor alcanza el $ 1 millón. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Según una serie de acuerdos publicados esta semana por el Tribunal de Cuentas, el ex defensor del Pueblo Hugo Cabral solicita $ 370.000 por días de Licencia Anual Obligatoria (LAO) correspondientes a 2014 y 2015. El adjunto I, Roberto Luis Sollazzi, requirió $ 350.000, y el adjunto II, Eduardo El Eter, $ 143.000, ambos por los períodos 2014 y 2015. Mientras que el ex asesor legal de esa repartición Julio Ricardo Picabea busca que le liquiden $ 207.000.

Por ahora, el ente de control no habilitó los pagos. En todos los casos exigió la presentación de copias autenticadas de los recibos de sueldo y la fuente de financiamiento para afrontar la erogación. Si el Tribunal de Cuentas da por válidos los trámites, las ex autoridades de la Defensoría del Pueblo tendrán derecho a percibir esos haberes en seis cuotas iguales y consecutivas.

El actual concejal capitalino David Mizrahi (Frente para la Victoria) también formuló el pedido para cobrar sus días de LAO no gozados. El ex interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) pidió $ 285.000. En el mismo expediente, la ex funcionaria de esa repartición Eleonora Rodríguez Campos (luego se incorporó a la Fiscalía de Estado) solicitó $ 198.000. Pero el Tribunal de Cuentas rechazó el pago mediante el acuerdo N° 1.617, dictado el 19 de mayo. Según este documento, no se había dado cumplimiento a algunos requisitos formulados desde el ente de control.

Dos decretos

En abril, se reveló en un informe que 28 funcionarios de la gestión del ex gobernador José Alperovich estaban tramitando el cobro (en total) de $ 5,4 millones por los días no gozados de Licencia Anual Obligatoria. A estos se les suman otros ex miembros del Poder Ejecutivo (PE), cuyos expedientes fueron publicados recientemente por el Tribunal de Cuentas.

Incluyendo a los ex integrantes de la Defensoría del Pueblo ($ 1 millón), a los ex interventores del Ipacym ($ 483.000) y a otros ex funcionarios ($ 1,19 millón -ver detalle abajo-), el monto global que debería afrontar el Gobierno provincial por vacaciones no tomadas alcanza los $ 8 millones.

Todos estos pagos están regulados por el decreto N° 185/3 (ME), dictado el pasado 1 de febrero por el gobernador, Juan Manzur. El instrumento que establece los requisitos para obtener la liquidación de esos haberes. Entre otros papeles, cada solicitante debe presentar la acreditación de que la suspensión de la licencia fue por “razones de servicio” y por orden de un superior; el último recibo de sueldo; y el acto administrativo de cese de funciones. El texto aclara que las erogaciones, una vez autorizadas por el ente de control, serán efectuadas en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

El 20 de abril, el Poder Ejecutivo modificó la normativa para el pago de los días de descanso previstos por la ley y no utilizados. Mediante el decreto N° 1.231/1, se advirtió que la Provincia no contaba con un régimen específico para los ex funcionarios que se habían desempeñado en niveles de conducción y habían finalizado su gestión.

“Dispónese que las autoridades superiores de la Administración Pública provincial centralizada, descentralizada y organismos autárquicos, gozarán de un régimen de licencia por vacación anual, consistente en el otorgamiento de 15 días hábiles por año calendario, con goce íntegro de haberes licencia que será otorgada en función de las necesidades de organización y servicio de la administración pública, debiendo evaluar la oportunidad de su concesión el funcionario jerárquico competente”, indica el artículo 1 del decreto N° 1.231/1. En el artículo 2, la norma exceptúa de sus alcances al gobernador, ministros, secretario general de la Gobernación, secretarios y subsecretarios de Estado.

Según el nuevo sistema, que regirá para las vacaciones de 2016, fija que el descanso es obligatorio en el período en que sea concedido. Además, no se pueden acumular días para años posteriores. “Cuando por razones particulares el funcionario no hiciere uso de la licencia por vacación o la interrumpiere, se perderá el derecho al goce por el año respectivo o a los días no utilizados, según correspondiere”, advierte el decreto vigente. Además, establece que las vacaciones que se devenguen al 31 de diciembre de cada año serán proporcionales al tiempo efectivamente prestado desde la fecha de designación del funcionario.