Por su parte la Secretaria Legal de Ushuaia, Victoria Vuoto aseguró que esperan tener el resultado en un año y destacó que “Hubiera sido mucho más fácil, cuando se sancionó la norma el 8 de enero, firmar un convenio con la Provincia y haber cobrado igualmente los recursos,  que haberse hecho respetar la historia política institucional de los intendentes y de los vecinos de ambas ciudades”.

El pasado lunes se desarrolló una nueva jornada de reflexión sobre la autonomía municipal, en la que disertó el constitucionalista Dr. Antonio Hernández, reconocido jurista de amplia trayectoria en materia de defensa de los intereses de las administraciones públicas.

Este es el segundo encuentro de este tipo, los que se desprenden de la decisión del gobierno de la provincia de acudir a la justicia para que dictaminen si es la provincia o el municipio, quienes deben  cobrar el impuesto automotor.

Cabe destacar que el cobro del impuesto históricamente estuvo a cargo de  los municipio, de hecho está plasmado en sus Cartas Orgánicas, sin embrago, el gobierno decidió que debía cobrarlo la provincia.

Así fue como dentro del paquete de leyes votadas por los legisladores el 8 y 9 de enero del 2016, se encontraba uno referido al traspaso del cobro, de los municipios a la provincia.

Esta situación puso en alerta a los intendentes ya que más allá del dinero, el accionar representa un avasallamiento sobre la autonomía de las ciudades, lo que se sumaría a la imposibilidad que tienen hoy los Intendentes de saber con cuánto dinero cuentan ya que el gobierno les remite lo que se les ocurre y el momento que les parece.

 En un accionar insólito, la Agencia de Recaudación Fueguina presenta un Recurso judicial para que se dilucide la situación, lo que representa en primer término algo llamativo, ya que el representante  legal del gobierno es el Fiscal de Estado o la Gobernadora.

Los Intendentes y los Concejales trataron de revertir esta situación por la vía política, sin embargo el gobierno manifestó su voluntad de no modificar su actitud  y continuar por la vía judicial.

Desde los municipios estiman que en el ámbito judicial el tema estará por un año, antes de la resolución y que de obtener un dictamen negativo, acudirán a tribunales superiores.

 “Es una demanda groseramente inconstitucional”

El  Dr. Antonio Hernández, indicó que “el tema de las autonomías municipales es esencial para el federalismo argentino y uno de los principios fundamentales de nuestro derecho público”.

 Resaltó el accionar de los intendentes Gustavo Melella y Walter Vuoto y aseguró que, “están en el camino correcto”.

En este sentido, aseguró que “esto ha sido el resultado de una larga lucha que se ha dado en el constitucionalismo provincial y luego en el constitucionalismo federal, con la gran mayoría de las Provincias Argentinas consagrando en sucesivas reformas constitucionales el reconocimiento de este principio”.

“Esto está reflejado en la constitución de Tierra del Fuego y consagrado también en la reforma constitucional del año 1994 en el art. 123., por lo que no hay ninguna duda que en nuestra federación existen cuatro órdenes de gobierno que son independientes cada uno con sus competencias. El Gobierno Federal, los Gobiernos Provinciales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios Autónomos”, explicó.

En relación a esto, aseguró que la acción declarativa de certeza iniciada por el Gobierno de la Provincia “es una demanda groseramente inconstitucional efectuada por la AREF, organismo sin ninguna competencia porque no tiene legitimación activa para representar a la Provincia en lugar del Gobernador y el Fiscal de Estado”.

“Esta acción judicial arrasa también con la Constitución Nacional, con la Constitución Provincial, con las Cartas Orgánicas de las ciudades de Ushuaia y Río Grande y con la Ley Orgánica de Municipales No.236 para tratar de avanzar sobre los poderes tributarios municipales, en particular sobre el impuesto inmobiliario con la intención quizá de avanzar más adelante sobre el impuesto automotor”, manifestó.

Además, Hernández recordó que “estos tributos representan el 46% de los recursos ordinarios de Río Grande” y recalcó que “este es un intento de un brutal zarpazo para quedarse con fondos que pertenecen claramente al municipio, lesionando gravísimamente la autonomía municipal de manera inconstitucional”.

“No tengo dudas que el Tribunal Superior de Justicia debería estar a la altura de sus responsabilidades; pero si esto no ocurriese, no queda otra instancia que acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde hay antecedentes de otros fallos a partir de casos como Municipalidad de Rosario contra Provincia de Santa Fe o Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja que sientan jurisprudencia a favor de la autonomía municipal”, comentó.

Igualmente, el jurista dijo que “no me sorprendería que no se actúe en consecuencia porque conozco muy malos fallos de Tribunales Superiores Provinciales donde no hay un amplio ejercicio de la independencia del poder judicial” y aseguró que “hay que entender que uno de los problemas más graves que tiene la Argentina y lo he señalado sistemáticamente son las violaciones constitucionales. Este es un ejemplo muy claro de ello”.

Hernández resaltó que “ha existido una respuesta valiente, inteligente y acorde a la defensa de la autonomía por parte del Municipio” y concluyó que “la lucha por el derecho y la lucha por la Constitución es una obligación permanente que tienen que tener los gobiernos municipales en un país donde hay una débil cultura de la Constitución y de la legalidad”.

“Este camino es largo, es el más difícil”

La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Victoria Vuoto, quien participó del encuentro, agradeció la invitación y la generosidad del Gobierno municipal de Río Grande y destacó el trabajo conjunto que, desde las áreas legales, llevan adelante con respecto a la presentación realizada por la AREF ante la Justicia.

La secretaria Vuoto agradeció la presencia del constitucionalista y aseguró que “la defensa de las autonomías nos ha encontrado en este camino y eso marca que es el camino correcto”.

En nombre del Intendente de Ushuaia sostuvo que “este camino es largo, es el más difícil, porque los procesos judiciales en Argentina son lentos y siguen otros tiempos. Sabemos que va a demorar por lo menos un año en los Tribunales provinciales y, posiblemente,  nos encontremos en este camino”.

“Hubiera sido mucho más fácil, cuando se sancionó la norma el 8 de enero, firmar un convenio con la Provincia y haber cobrado igualmente los recursos,  que haberse hecho respetar la historia política institucional de los intendentes y de los vecinos de ambas ciudades. Realmente esta actitud es la que se tiene que destacar frente al no cumplimiento de la norma en el país”, ejemplificó al sostener con convicción que se tomó el camino correcto.

Puso en valor, por último y  ante el constitucionalista, el valioso espacio de la Federación Argentina de Municipios y explicó que “los intendentes se han integrado a la FAM, Ushuaia no pertenecía y ahora la integramos,  y esta semana está terminando la Amicus Curiae que presentará en defensa de los municipios”.

Por último, la secretaria Legal y Técnica agregó que “esa presentación está en la misma línea, creo que los intendentes han tenido una actitud, además de valiente, muy inteligente también para poder plantear el debate y fortalecer la posición de los municipios”.