Después de recibir más de 600 reclamos de usuarios, el defensor del Pueblo, Miguel Alegre, interpuso ayer en la Justicia local una acción de amparo con medida cautelar solicitando que se declare la “inconstitucionalidad” e “ilegalidad” de la liquidación del rubro “cargo fijo” efectuado por la Dpec en las últimas boletas de la luz. Pide que se deje sin efecto el incremento y que se devuelva a quienes hayan abonado. Dirigentes sindicales se sumaron al planteo del ombudsman y reclaman que este planteo sea resuelto con la mayor celeridad posible.La medida ingresó al Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo de la jueza María Gabriela Romero Feris, y en la misma se pide la “devolución de la diferencia que surja a favor de los usuarios que ya hayan pagado las facturas, de la misma forma en la que fueron abonadas, en relación al período anterior con el actual”. Al mismo tiempo que requiere que se mantenga la modalidad de liquidación realizada hasta el período 6 del 2014.“Esperamos celeridad por parte de la Justicia, que nos dé una respuesta rápida a este planteo, dado que hay gente que sigue recibiendo las facturas con aumento y no sabe si debe pagar o no. Urge que los magistrados se expidan al respecto”, sostuvo el doctor Alegre tras presentar el amparo.En tanto, recordó que la Defensoría “comenzó a trabajar en este tema durante los primeros días de febrero, cuando empezamos a recibir reclamos de usuarios a los que les llegaban las facturas con altas subas, reclamos que continuamos recibiendo hasta la fecha, llegando en la actualidad a registrar más de 600 quejas en este corto periodo, tanto de Capital como del interior de la provincia”, detalló.

ArgumentosEl defensor explicó a El Litoral que advirtió varias “irregularidades” en el aumento del cargo fijo. Objetó lo desmesurado del incremento, que no hay fundamentación acerca de dónde surge el monto y que se cambia la naturaleza del “cargo fijo”, pasando a ser variable y relacionado al consumo. “Es absolutamente arbitrario. No tiene por qué este cargo fijo estar atado al consumo”, sostuvo.Entre los fundamentos expuestos, la demanda cuestiona el “desmesurado incremento en el rubro ‘cargo fijo’ que transgrede lo establecido en los artículos 21 y 48 de la Constitución Provincial y la Ley Nº 24.240, así como la Ley Nº 6.073. Del análisis de las normas surge una clara arbitrariedad por parte del Estado provincial (Dpec) como regulador del servicio público, quien también tiene el deber fundamental de preservar el principio de justicia y razonabilidad en la fijación tarifaria, principio previsto en la mencionada Ley Nº 6.073 de Regulación de la Política Electroenergética de la Provincia de Corrientes”.En otro tramo de la presentación se advierte que la energía eléctrica “es un servicio público de carácter esencial, monopólico natural y elevado a la categoría de derecho humano, conceptos estos reconocidos por tratados internacionales, por la legislación nacional y por tribunales locales”.El defensor también objeta que “se ha facturado con retroactividad, toda vez que el aumento para el primer bimestre de este año se hizo teniendo en cuenta el consumo del último bimestre del año pasado, cuando por decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1.748/14 se estableció que este mecanismo de facturación comenzaría recién en enero de 2015”.

ApoyoDirigentes de CTA y ATE se movilizaron ayer hasta el juzgado que tendrá a su cargo resolver el amparo presentado por el ombudsman con intenciones de presentar un escrito donde solicitaban celeridad, sin embargo, para evitar interferencias en la decisión judicial decidieron no hacerlo. En cambio acercarán hoy ese mismo escrito a los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ).