Luego de varias semanas sin novedades sobre el tratamiento del tema, la Cámara de Diputados retomó este mediodía la discusión sobre el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que ya cuenta con media sanción del Senado pero que aún no logra los consensos necesarios para su puesta en vigencia. 

Es que el texto que impulsaron los senadores Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) significa un avance en materia de información y de promoción de la alimentación saludable, como ya hicieron otros países de la región como Chile y México.

Y como consecuencia, se activó un fuerte lobby de las grandes industrias que temen un impacto económico sobre su actividad ante las nuevas restricciones.

En un plenario de comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud, Defensa del Consumidor e Industria, los diputados escucharon las intervenciones de más de una docena de expositores en representación de distintos sectores. 

Uno de ellos fue el Alejandro Díaz, CEO de Amcham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, quien marcó el rechazo parcial de su sector a la normativa porque, según dijo, "alcanzaría al 92% de los alimentos que se comercializan en Argentina". 

Díaz planteó uno de los principales ejes de discordia en el tratamiento del proyecto que está relacionado con la armonización con las normativas del Mercosur, en especial con Brasil, ya que diferencias en ese aspecto podría complicar el comercio bilateral. 

"Nosotros apoyamos la implementación de un marco normativo que promueva la adopción de estilos de vida saludables, pero no generando obstáculos al comercio, la producción y las economías regionales", razonó el representantes de las empresas norteamericanas en la Argentina, que también evaluó que si no se incorporan cambios, "se impone un sistema de advertencia rígido que se transforma en un sistema punitivo que puede atemorizar al consumidor".

La mirada de los especialistas de la salud

Con una mirada opuesta, otra de las oradoras fue Miryam Gorban, nutricionista y directora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, quien se manifestó claramente a favor de la iniciativa que busca su aprobación en el Congreso. 

"O defendemos la salud o defendemos los negocios", advirtió Gorban, quien lamentó que en la actualidad hay "publicidad engañosa que no está siendo regulada por el Estado y no hace controles", se quejó. 

Al mismo tiempo, advirtió que dicha publicidad "está dirigida a los niños y los trata como futuros consumidores, y no ciudadanos, prometiéndoles créditos de meritocracias, que van a ser lindos, que les va a ir bien en el colegio, que van a ser rubios de ojos azules", ironizó. 

La publicidad, también en la discusión

También hubo quejas de parte de Cámara Argentina de Anunciantes, que estuvo representada por Phillip Pérez, quien indicó que "el proyecto establece las mismas condiciones para niños, niñas y adolescentes. Entra en conflicto con muchas normativas legales relativas a este grupo etario y los recursos publicitarios. En este sentido pedimos la reformulación del artículo 10". 

De acuerdo a los planteos de los distintos expositores y de los propios legisladores es probable que puedan incorporarse modificaciones al texto original que llegó del Senado, lo que obligaría al regreso a la Cámara alta. Con la finalización de la ronda informativa, se deberá convocar a una nueva reunión de comisión con la expectativa de firmar un dictamen para llevarlo luego al recinto. 

El planteo de Tucumán

La provincia del norte argentino es la principal productora de caña de azúcar del país y es por eso que sus legisladores ya expresaron la preocupación sobre posibles perjuicios a la industria de la provincia. En ese contexto, las senadoras Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez, ambas de Tucumán, junto con Clara Vega de La Rioja, fueron las únicas que votaron en contra de la iniciativa que contó con un respaldo mayoritario de todos los sectores políticos. 

Al respecto la diputada Beatriz Avila, del Justicialismo de Tucumán, cuestionó durante la reunión si su implementación no generará "efectos negativos" sobre los costos de fabricación de los alimentos y recalcó que hay "60 mil familias tucumanas" que dependen de la producción azucarera.

"¿De qué manera podemos resolver esta situación, nos preocupa a los diputados de estas regiones", blanqueó la legisladora en una pregunta al senador chileno Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado de ese país, quien le garantizó que de acuerdo a estudios de la FAO "no hay ningún impacto sobre la economía, se van a reconvertir las industrias".

No obstante, Girardi aseguró que "el azúcar mata más gente que todas las guerras juntas", pero aclaró que en este caso no se tiene en cuenta el azúcar que contienen los elementos de producción primaria sino el azúcar agregada para los productos que son procesados.

Por Daniela Mozetic