En medio de la cesación de pagos de sus deudas, el Grupo Los Grobo pidió ante la justicia comercial la apertura del concurso preventivo de acreedores para sus dos empresas, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina. Con un pasivo superior a los 200 millones de dólares, la firma entró en concurso de acreedores. 

La crisis financiera de la empresa se agravó al no alcanzar acuerdos con sus acreedores, entre los que se encuentran importantes entidades bancarias como Banco Galicia, Santander, HSBC, BAPRO, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial. Estos incumplimientos incluyen pagos por casi 30 millones de dólares.

El default afecta directamente a gran parte de la cadena comercial agropecuaria porque son cientos los productores que le entregaron granos al gigante agroindustrial y hoy entrarían directamente en este concurso de acreedores, tal como sucedió con Vicentin en 2019.

El holding Los Grobo Agropecuaria enfrenta un grave sobreendeudamiento y declaró la interrupción de pagos a fines de 2024. La crisis del grupo, controlado por el fondo de inversión Victoria Capital Partners, profundiza la fragilidad de la cadena de pagos, afecta especialmente a los productores más pequeños, transportistas y asociadas.

El derrotero comenzó con un proceso de “financiarización” de sus operaciones, con menor proporción en el segmento de producción agrícola y foco en la venta de agro-insumos, apalancado además sus inversiones con colocaciones en el mercado. “El caso de Los Grobo no es aislado, sino parte de un proceso de endeudamiento y crisis que ya afectó a otras grandes empresas del agro”, señala el informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). El caso tiene una fuerte semejanza, por los motivos de que llevaron a la empresa al default, con la escandalosa quiebra de la cerealera Vicentin.

Mala leche

La compañía láctea SanCor presentó formalmente la solicitud de apertura del concurso de acreedores y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), denuncia que la empresa que acumula una deuda de 400 millones de dólares está siendo vaciada por sus autoridades.

El pedido de SanCor fue asignado por sorteo al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, que deberá resolver la solicitud.

La empresa mantuvo un fuerte enfrentamiento con ATILRA en los últimos años, que se agravó con el despido de trabajadores y delegados del gremio por participar en huelgas dentro de la fábrica. Finalmente, la Justicia Laboral resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el gremio y dictó la reincorporación de los trabajadores despedidos, así como el pago de multas por el tiempo de retraso en acatar la medida y la prohibición de despidos.

Desde la firma explicaron que en los últimos años SanCor “evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación”, pero remarcaron que la idea no prosperó y la empresa redujo su operación en el año 2024, lo que agravó aún más la situación.