Como era de prever, más allá del optimismo que habíase mostrado al respecto desde el gobierno municipal, cuando se elevaron al concejo deliberante los resultados de las consultas efectuadas desde el Ejecutivo al Tribunal de Cuentas respecto de distintos puntos referidos a la reformulación del presupuesto y al pago de la bonificación por dedicación funcional, integradas en un dictamen que, a grosso modo, avalaba lo actuado por el intendente y sostenía que el concejo deliberante tenía todas las alternativas para resolver la ya remanida cuestión, desde el deliberativo se opusieron nuevos cuestionamientos y, en suma, esta controversia demorará más tiempo en resolverse.

¿Cuánto tiempo más? Por lo menos, según lo que le indicaron ayer a este diario el presidente del cuerpo, el peronista Omar González, y su par del bloque radical, Cristian Ford, hasta que el cuerpo deliberativo tenga en su poder las respuestas o el dictamen a las consultas que, como ya hemos explicado, elevó al respecto al Tribunal de Cuentas, por su parte.

González explicó que el cuerpo deliberativo recibió el dictamen difundido por el gobierno municipal con fecha del 6 de agosto, y puntualizó que en lo que respecta al concejo, el cuerpo, en comisión, esperará la respuesta a su propia consulta. Acerca de esto, González admitió que «ya nos dijeron (desde el Tribunal de Cuentas) que esto es lento» ya que, puntualizó, se trata de una situación «de la que creo que no había antecedentes en la historia del Tribunal de Cuentas».

Además, indicó que aunque se reciba la respuesta o el dictamen solicitado, sea cual sea el resultado, no todo significará que todo quedará resuelto inmediatamente, «ya que el concejo deberá luego aprobar la inclusión de los artículos vetados, por más que se pueda hacer», toda vez que no hay especificaciones ni pautas contempladas en el reglamento interno del cuerpo.

Pero además, tanto González como Ford insistieron en relativizar el dictamen difundido por el gobierno local, argumentando que esa comunicación -copia de la cual, como ya ha sido apuntado, tiene el concejo- carece de la firma del presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grimberg, y de los sellos oficiales respectivos. Además, refirieron que el dictamen exhibido por el DEM fue emitido desde una de las vocalías de ese cuerpo de contralor.

Por otro lado, Ford insistió en separar los tantos respecto de la forma en la que fue efectuada la consulta del Ejecutivo, formulada aproximadamente -según el gobierno local- un mes antes que la del deliberante.

«Cada uno, desde el momento en que comenzó este conflicto, quería redactar la consulta de distinta manera: obviamente, de acuerdo a lo que uno pregunta es la respuesta que recibe. Y nosotros, antes de emitir un juicio queremos tener la respuesta oficial; y nosotros vemos que el Ejecutivo no esperó a recibir la respuesta oficial para anunciar el dictamen», puntualizó.

«Lo que nos han entregado no tiene una firma, así que oficial no es. En la web del Tribunal de Cuentas figura la última contestación, con fecha del 15 de junio, que sí es oficial porque está publicado. Y contradice lo que dice el Ejecutivo», apuntó el edil radical.

Como ya se ha explicado, lo que está en juego no es solamente una cuestión de forma, es decir, el mero principio de anualidad de la ordenanza madre de la comuna, que es el presupuesto. Independientemente de que el presupuesto se pueda volver a modificar en el curso del mismo ejercicio, aún queda establecer si tras producirse el veto de Caso, con la norma aprobada, las cargas salariales anteriores de la planta política (es decir, personal municipal no incluído en la Ley 11.757) fueron liquidadas de manera correcta.

Desde el gobierno municipal, con el dictamen que difundieron esta semana, aseguran que sí, y que el concejo ya cuenta con todos los elementos necesarios para resolver de una vez este tema. Pero desde el concejo, claramente, no se acepta que la solución sea tan sencilla. Y se argumenta, simplemente, que antes que nada deberá establecerse la regularidad de los salarios a funcionarios cancelados durante estos meses, para lo cual, ayer, insistían en reclamar que el Ejecutivo -según una resolución del peronismo oportunamente aprobada- girara el padrón de sueldos respectivo: apuntan a los aguinaldos y a un monto que, según peronistas y radicales, se situaría en el millón y pico de pesos que, a su juicio, y dependiendo del dictamen que emita el Tribunal de Cuentas, tal vez debería ser devuelto a las arcas del erario.

Como quiera que sea, la situación, pese al optimismo inicial del gobierno, volvió a estancarse. ¿Cuándo y cómo terminará? Dependerá del señor Grimberg.