La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recortó ayer por decreto la incidencia de la oposición en el planeamiento y control de la obra pública bonaerense. Con una observación parcial al Presupuesto 2017, le quitó a una comisión bicameral con mayoría opositora la facultad de tomar decisiones en torno al Fondo de Infraestructura Municipal, una caja de 8.500 millones de pesos que exigieron los intendentes peronistas para prestar sus votos para la sanción del presupuesto.

Vidal y su ministro de Gobierno, Federico Salvai, firmaron el decreto 2.102, con el que promulgaron el Presupuesto 2017, pero eliminando un inciso del artículo 45 del Presupuesto 2017. Ese inciso, el 1, fue parte central de la negociación que le permitió al gobierno bonaerense aprobar su ley de leyes. Fue impuesto por la oposición, con el objetivo de limitar la discrecionalidad del Ejecutivo provincial en el reparto de obra pública.

La gobernadora se queda con el control

total de las obras en un año electoral

En esa negociación, el bloque Cambiemos aceptó el pedido opositor. Pero el acuerdo duró apenas nueve días: el Presupuesto fue sancionado el 21 de diciembre y promulgado el viernes pasado en el Boletín Oficial, con el recorte ordenado por VIdal. Lo que podría abrirle un un serio conflicto en la Legislatura.

Según lo expuesto en el decreto, Vidal consideró que es responsabilidad de las áreas técnicas del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos “lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”. Limando así la posibilidad de la bicameral de seguimiento del Fondo de Infraestructura Municipal, creada a pedido de la oposición durante la discusión del Presupuesto, de participar del planeamiento de distribución de esos 8.500 millones.

El inciso recortado por Vidal vía decreto le permitía a la bicameral “asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente”. Una salvaguarda que reclamaron los intendentes peronistas para evitar favoritismos de la gobernadora a la hora de repartir las obras.

Esa bicameral, según la ley, estará integrada por los presidentes de los cuatro bloques mayoritarios de ambas cámaras, lo que dejaba a Cambiemos en clara minoría. Respetando esa estructura, el cuerpo parlamentario quedará integrado por dos legisladores de Cambiemos, dos del Frente Renovador y cuatro del FpV-PJ, repartidas en sus distintas bancadas.

El artículo eliminado fue clave en la negociación

con intendentes para aprobar el Presupuesto

Además, como cuerpo de seguimiento, tiene la facultad de auditar la ejecución del mismo Fondo en el período 2016, donde el Ejecutivo de Vidal se excusó por la ejecución fallida de varias obras porque las había ligado directamente al endeudamiento. Para 2017, el peronismo esquivó esa trampa y negoció el reparto de 8.500 millones, independientemente de la capacidad del gobierno bonaerense de conseguir los recursos vía deuda.

Con esta movida, la gobernadora se guarda el control absoluto de la distribución de obras entre los distintos municipios. Y en un año electoral.