Por Luciana Bertoia

Manuel García Mansilla no consiguió ni siquiera los avales necesarios para que su pliego se debatiera en el Senado. Javier Milei, dispuesto a saldar esa orfandad de votos, lo designó en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto al juez federal Ariel Lijo. Los cortesanos decidieron darle la bienvenida únicamente a García Mansilla, que trae consigo el aval de los sectores más tradicionales que resisten los avances en derechos, y le tomaron juramento en una ceremonia secreta en la que no hubo familiares ni amigos del recién llegado al cuarto piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Como parte de un juego de intrigas palaciegas, los supremos postergaron hasta la semana próxima la resolución sobre la suerte de Lijo.

García Mansilla se presentó el 28 de agosto pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. La senadora Anabel Fernández Sagasti le recordó una columna de opinión que había publicado cuando Mauricio Macri quiso designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. García Mansilla se aclaró la garganta y contestó: “Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución la prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones”.

Fernández Sagasti insistió. Le preguntó qué pasaría con un cortesano llegado sin el aval del Senado. “Podría ser el caso de que un juez designado en comisión una vez que ingrese a la Corte sí tuviera una cierta falta de independencia”, concedió.

Esos días quedaron hace mucho atrás. Este jueves, García Mansilla ingresó casi a escondidas al Palacio de Justicia. Esperó cerca hasta que lo convocaron al salón Bermejo. Sin muchos preámbulos, Rosatti, como presidente, de la Corte le tomó juramento al candidato favorito del Presidente –quien aparentemente salta la grieta entre Milei y Victoria Villarruel, ya que la vice había reconocido que era un hombre de consulta para ella.

No son pocos los que creen que los supremos actuaron con máximo sigilo, y sin difundir que se haría la toma de juramento, porque temían que se dictara una medida cautelar que frenara la ceremonia. En los tribunales federales de La Plata, el juez federal Alejo Ramos Padilla tenía dos presentaciones que cuestionan la constitucionalidad del decreto 137 que firmó Milei. En diciembre de 2015, Ramos Padilla había frenado la designación de Rosatti y Rosenkrantz cuando era el titular del juzgado federal de Dolores, lo que le granjeó la antipatía de Macri para siempre.

A media mañana, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se reunieron. Tenían previsto un acuerdo, pero el tema central era qué harían con las incorporaciones de García Mansilla y Lijo. En el fin de semana, ya había trascendido que había una mayoría de la Corte –Rosatti y Rosenkrantz– que creía que Lijo no podía asumir si no renuncia a su juzgado de Comodoro Py.

Lijo, por el contrario, no parece dispuesto a dimitir. Pidió licencia hasta el 30 de noviembre –que es hasta cuando se extiende la designación en comisión– y consiguió un aval de la Cámara Federal porteña en pleno. Mariano Llorens, Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico hicieron lugar a su pedido; le comunicaron la decisión al Consejo de la Magistratura y enviaron copia de lo actuado a la Corte.

En el Palacio de Justicia, la maniobra no cayó bien. Las versiones indican que Rosenkrantz es quien más resiste la llegada de Lijo a la Corte. La discusión se postergó hasta el 6 de marzo –después del feriado de carnaval. La consecuencia de esa postergación es que Milei no podrá mostrar ante la asamblea legislativa que conformó una Corte de cinco varones. Desde la Casa Rosada salieron a decir que, de todos modos, invitarán a Lijo al Congreso.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, fue el único invitado externo a la jura. Amerio se fotografió junto a los secretarios letrados de la Corte, como si fuera uno más. Antes de pegar el garrochazo al Ministerio de Justicia, ejercía como funcionario del máximo tribunal. Fue Amerio, cercano al asesor todopoderoso Santiago Caputo, quien insistió con que la jura debería ser antes del sábado.

La sombra de Maqueda

García Mansilla ocupó la vocalía que solía pertenecer a Juan Carlos Maqueda. Dicen que después de la jura ya se instaló en ese lugar. Por el momento, con el personal que trabajaba con el cortesano que se retiró el 29 de diciembre al cumplir 75 años –después de que el gobierno modificara el decreto 222 para postular a García Mansilla antes de que se produjera la vacante.

Maqueda no esconde su rechazo a la maniobra de Milei. “A mí me pareció horrible el decreto, más allá de las dos personas que van a integrar la Corte Suprema, a las cuales trato con sumo respeto porque yo soy un defensor de las instituciones democráticas y de la división de poderes, y no podría defender a la Corte y hablar mal de los futuros integrantes del máximo tribunal. Por eso yo digo que es horrible la actitud del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión”, afirmó el excortesano en La Nación +.

El gobierno invocó el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que dice que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El peronismo le contestó que la referencia a “empleos" no es a integrantes de la Corte Suprema sino a diplomáticos y militares.

Antiderechos

García Mansilla nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Es el mayor de cinco hermanos. Vivió en el sur, en Misiones y Salta porque su padre era funcionario de la Administración de Parques Nacionales.

Hacia finales de los ‘80 se mudó a Buenos Aires a estudiar derecho. Se graduó en la Universidad del Salvador (USal). Después continuó con su carrera académica en la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Durante la defensa de su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado, García Mansilla negó pertenecer a la “Obra” o algún otro grupo religioso cuando le preguntaron si tenía una visión confesional del derecho.

Está casado con la abogada Dolores Franco Laplace, también egresada de la Usal y con una maestría en Georgetown. En esa universidad de los Estados Unidos, García Mansilla hizo una tesis sobre la crisis de la separación de poderes en Argentina. Su designación en la Corte podría ser un caso de estudio. En octubre de 2023, presentó su tesis de doctorado. Rosenkrantz actuó como jurado y le otorgó la máxima calificación. 

Pasó por los estudios más grandes del país, como Marval-O’Farrell-Mairal. Desde 2014, ejerce como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. El Colegio de la calle Montevideo, que agrupa a los bufetes de la City, apoyó su candidatura al tiempo que hizo campaña en contra de la de Lijo.

En 2018, García Mansilla fue uno de los expositores que se pronunció en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En la audiencia de agosto pasado, esquivó contestarle al senador Martín Lousteau si creía que la ley del aborto era inconstitucional. Tampoco hizo pronunciamientos sobre el cambio climático –que es negado con ahínco por Milei.

A diferencia del credo que profesa el Presidente, García Mansilla tiene –o solía tener– una visión restrictiva de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Dijo que compartía la postura de Carmen Argibay, quien consideraba que cualquier DNU, en el marco de un proceso judicial, debe presumirse inconstitucional y que le corresponde al Poder Ejecutivo demostrar que no es así.

Después de la jura, García Mansilla posó junto a Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti. La imagen recorrió distintos chats. "Es una Corte antiderechos", la definió un juez federal. "Es una Corte liberal", contestaron en un despacho de la Corte. Más allá de las caracterizaciones, es la Corte que Milei forjó a puro decreto y que estará en funciones durante un año electoral. En pocas semanas, podría llegar el expediente Vialidad, donde deberán revisar la condena a Cristina Fernández de Kirchner.