Las tres horas de declaración del fiscal Gustavo Ponce Asahad este viernes en la causa que lo tiene como imputado en la protección al juego clandestino en la provincia provocaron un sismo político y judicial que, además, multiplicó la tensión dentro de la interna del peronismo santafesino.

Si ya era grave que un fiscal reconociera que cobró coimas para no investigar y que eso lo hacía junto al ex jefe de los fiscales de la región, Patricio Serjal, los nombres que aportó Ponce Asahad abrieron un nuevo escenario institucional de consecuencias aún difíciles de medir.

El fiscal apartado de su cargo y detenido confesó que él protegía al capitalista del juego Leonardo Peiti a cambio de dinero pero lo hacía como parte de una asociación ilícita con ramificaciones en todos los poderes del Estado.

Fuentes consultadas por este medio aclararon que se trata de una declaración de un hombre acorralado por las pruebas en su contra, detenido hace varias semanas en una celda común y sin perspectivas de recuperar la libertad en el corto plazo. Siempre según sus dichos y en el marco de una estrategia de defensa, el fiscal identificó al senador peronista Armando Traferri como organizador de esa estructura desde la Legislatura provincial.

Traferri ya había sido mencionado en la causa. Consta una grabación de un llamado telefónico entre el empresario arrepentido Peiti y el ex diputado Darío Scataglini en donde éste le decía que llamaba de parte de Traferri y que quería hablar.

Scataglini era hasta entonces asesor del diputado y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera en la Cámara baja. Después de conocerse ese dato, Olivera lo desvinculó y aseguró que no era un hombre de su confianza sino que se lo había sugerido otro sector del PJ.

Los fiscales analizan también otros cruces de llamadas en la causa. Por eso, el de Traferri no es un nombre nuevo en la causa. 

La declaración de Ponce Asahad incluye a una alta funcionaria del gobierno santafesino y miembros del Poder Judicial. También fue mencionado un juez federal y varios abogados: uno de ellos ya fue allanado en la causa de juego clandestino, otro fue baleado hace un tiempo y un tercero es un ex alto dirigente del PJ.

Más allá del valor jurídico (o no) que tengan los dichos del funcionario judicial destituido y corrupto confeso, constituye por sí mismo un sacudón político que recalienta la ya tensa interna del PJ santafesino: el gobierno de Omar Perotti junto al ministro de Seguridad Marcelo Sain, de un lado, y los senadores peronistas, del otro.

Los nombres constan en las copias de la declaración de Ponche Asahad que fueron elevadas a la Legislatura y a la Corte Suprema santafesina. Los supuestos roles de cada uno de ellos y las pruebas que existen en la causa siguen bajo reserva.

Lo cierto hasta ahora es que el fiscal ya logró con su testimonio y algunas pruebas aportadas a los fiscales un beneficio inmediato: salir de la celda común en la que estaba bajo la órbita del Servicio Penitenciario y pasar a otro lugar más reservado de una fuerza federal. Dijo que corría riesgo donde estaba y que sufrió intimidaciones, al igual que los fiscales, y hay causas abiertas por esos hechos.

Si bien Ponce Asahad aún es un imputado normal (no es un arrepentido como el empresario Peiti cuya declaración inicial disparó la investigación), también se le abriría la posibilidad de negociar un juicio abreviado y mejorar su situación procesal.

Esas salvadades son necesarias para tener presentes y mensurar mejor sus dichos. Pero no detienen ni calman las internas en el peronismo que quedaron al rojo vivo en las últimas horas. Queda latente, además, una crisis institucional sin antecedentes porque los fiscales deberían pedir el desafuero de los nuevos acusados para poder investigarlos. Un rayo que atraviesa a todos los poderes provinciales. Ese proceso recién empieza; los impactos futuros son imposibles de prever.