En la sesión legislativa de este miércoles se sancionó el despacho que surgiera a partir de la presentación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que derivó en la modificación de la Ley de Ética Pública provincial para que los funcionarios estén obligados a presentar una declaración jurada detallada que será publicada a través de un sitio web para el acceso de cualquier ciudadano. 

Cabe mencionar que la iniciativa que estaba prevista para el tratamiento legislativo, de autoría del Ejecutivo, fue la 2650/15 que propiciaba la adhesión de la provincia del Chaco a la ley nacional Nº 26.857 de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos.

Sin embargo, al momento de su tratamiento, el presidente de la bancada Justicialista, Ricardo Sánchez, propuso como despacho de bloque modificar la Ley de Ética provincial, una normativa sancionada en 2004 bajo la gestión de gobierno de Roy Nikisch. 

“Proponemos como despacho, no la adhesión a la ley nacional sino, una modificación de nuestra Ley de Ética al considerarla mucho más completa. Persigue un objetivo mucho más amplio”, expuso dentro del Recinto y tras la sanción compartió la misma idea en declaraciones a los medios. 

Argumentó que la reglamentación vigente en Chaco, “amplia el espectro de funcionarios, algunos políticos y otros no, que ante la mirada republicana deben dar cuenta pública”. “Hay muchos más funcionarios de los que establece la ley nacional. La modificación de la Ley de Ética Pública que establece la obligatoriedad de la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales, tanto de legisladores, gobernador, vicegobernador, intendentes, concejales y un sinnúmero importante de funcionarios del Municipio, del Poder Ejecutivo; los jueces desde Primera Instancia en adelante; en la Policía, desde el cargo de comisario en adelante”, indicó.

No obstante ello, reivindicó el objetivo del gobernador Jorge Capitanich de avanzar “en orden a la calidad democrática y la transparencia”. “Estamos eliminando ese carácter secreto, de sobre lacrado, y exponiendo públicamente la declaración patrimonial integral de cada uno de los funcionarios”, valoró. 

Los precedentes históricos

Seguidamente, el legislador del interbloque Unión por Chaco, Carim Peche, adelantó su acompañamiento destacando el rol que cumplieran, en 2004, los diputados Irene Dumrauff y Juan José Bergia en la sanción de la Ley de Ética provincial. 

Sin embargo, vio preciso también reivindicar su propia gestión como intendente de Sáenz Peña. Cuestión esta que llegó a colación de las expresiones que hiciera Sánchez sobre las políticas de Estado impulsadas por el gobernador Capitanich con perspectiva de “calidad democrática y transparencia”. 

“Yo me alegro de esto”, manifestó por la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales. “Lo hice en Sáenz Peña desde 2000, en la Intendencia. Me alegro que el gobernador (Capitanich) haya tenido el espejo de la intendencia de Sáenz Peña”, afirmó y agregó como dato que esa política de Estado que implementara él desde el Municipio llevó a que su gestión comunal reciba una distinción a nivel nacional. 

“No voy a dejar que levanten esa bandera de transparencia, no nos van a correr con cuhillos de goma en cuestiones de ética y transparencia”, refutó Peche y añadió que también en Sáenz Peña se exigió a donación del más del 30% de los sueldos de sus funcionarios.

No para refutarlo pero sí para entrar en esa suerte de medición en el campo de la transparencia, la legisladora Elda Pértile, también mencionó que durante sus mandatos como intendenta no sólo presentó sus declaraciones juradas en base al mecanismo que se aplicaba en aquella oprotunidad sino también llamó a conferencia de prensa para hacerla pública. Defendió aspi lo que le toca al peronismo “como espacio político que viene abrazando” este tipo de políticas. “Acompaño este gesto de contribuir con normas positivas y mayor transparencia en el accionar como funcionarios públicos”, sostuvo la diputada. 

Y quien también optó por reivindicar su accionar en ese sentido fue la legisladora, Celeste Segovia, quien al asumir en el cargo que ocupa,  “lo primero que hice fue llamar al gabinete informático y pedir que suban mi curriculum y declaración jurada y la de mi marido. No estamos aquí para enriquecernos con los cargos esto va a servir para demostrar verdaderamente quienes somos los que trabajamos para la gente sin ocupar los recursos públicos en beneficio personal”.