En un documento que dieron a conocer expusieron que “en nuestra condición de Intendentes de distintas localidades de la Patagonia, manifestamos nuestro más enérgico repudio al aumento indiscriminado de las tarifas de Gas Natural dispuestas por el Gobierno Nacional por generar un perjuicio grave e irreparable para todos los usuarios de la República Argentina, pero en particular de nuestra región patagónica”.

Sostuvieron que se trata de “una decisión arbitraria y tremendamente perjudicial para todas nuestras localidades y se enmarca en un proceso de ajuste que impulsa el Presidente de la Nación que tiene como único objetivo beneficiar a ciertas corporaciones en detrimento de nuestros pueblos”.

En el escrito, recordaron que “los aumentos aprobados por Resolución ENARGAS N° 122/2.024 van del 360% hasta el 1.000%, creando tarifas impagables para los usuarios residenciales de nuestras localidades. Nuevamente en las Audiencias Públicas convocadas por el Gobierno Nacional tuvimos que escuchar a funcionarios justificando sus decisiones en que las Provincias Patagónicas son las que más gas consumen y que resulta necesario "racionalizar el consumo" para generar un "ahorro" en las arcas públicas, sin pensar que el uso de gas en nuestras localidades es esencial durante todo el año, pero especialmente en el invierno, en donde las temperaturas rara vez superan los 5° C”.

“A esto se suman los intentos de derogar la Ley N° 27.637 de Zona Fría, la pretensión de modificar el esquema de subsidios para imponer criterios que indudablemente dejará excluidos a casi todos los usuarios de nuestra región, y a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte en un contexto económico de recesión y aumento acelerado de la pobreza”, indicaron.

Por último, expresaron: “en representación de los vecinos que nos han elegido llamamos al Gobierno Nacional a rever sus acciones, reflexionar en cuanto a su programa de gestión, y a acompañar a los argentinos en una situación socioeconómica catastrófica e inédita”. Asumieron el compromiso conjunto de llevar a cabo todas las acciones institucionales, políticas y judiciales necesarias “para impedir la ejecución de actos de gobierno que, constituyen un verdadero avasallamiento de los derechos más elementales de los pueblos de la Patagonia. Estamos convencidos de que las decisiones de gobierno que afectan la vida de nuestras comunidades no deben definirse exclusivamente en una hoja de cálculo, sino que deben tomarse con una verdadera perspectiva federal pensando en el bienestar de toda la población”. 

Rubricaron el documento Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos; Marcos Castro, intendente de Viedma; Otar Macharashvill, de Comodoro Rivadavia y Martín Pérez de Río Grande.