Una proyección de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que los gastos derivados por la inclusión del Covid-19 como enfermedad profesional no listada ya ascienden a alrededor de $32 mil millones. Es el monto que, aproximadamente, se acumula por los gastos derivados de la atención sanitaria y las licencias por incapacidad laboral temporaria (ILT) de los alrededor de 350 mil trabajadores que, se presume, contrajeron el virus como resultado de su actividad laboral, así como de las indemnizaciones que corresponden a los familiares de las más de 1700 víctimas fatales.

Según el decreto 367/20, el 100% del gasto extraordinario que surgiese de la inclusión del Covid-19 como enfermedad profesional no listada, dentro de la cobertura del sistema de ART, debía ser financiado por el Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales (FFEP) que para aquella fecha acumulaba poco más de $5 mil millones. Según pudo saber Tiempo de fuentes oficiales, ese monto ya fue erogado en su totalidad. Al 1 de junio, habían salido $ 5129 millones de los cuales un 41% ($ 2100 millones) volvieron a las patronales en concepto de pagos de las licencias ILT; un 22%, a indemnizaciones por fallecimientos equivalentes a algo más de $ 1100 millones y el restante 37%, equivalente a casi $ 1900 millones, al pago de prestaciones realizadas por las obras sociales sindicales y las prestadoras privadas de las ART.

Las proyecciones de la SRT indican que el monto erogado apenas cubre el 15% de los gastos que se derivan de los contagios, internaciones y fallecimientos ya registrados al 27 de mayo. Según esas estimaciones, las ART adeudan poco más de $ 3000 millones a sus prestadoras privadas y a las obras sociales y, potencialmente, algo más de $ 6500 millones a las patronales en concepto de licencias (las propias empresas además deben absorber los primeros diez días de ILT por un costo estimado y acumulado de $ 7 mil millones) y cerca de $ 17 mil millones a los deudos de las víctimas fatales.

De todas formas, tanto los contagios reconocidos como los fallecimientos se encuentran en un status de presunción hasta que se pronuncien las auditorías médicas que, por un lado, podrían reducir el monto de la deuda y, por el otro, extenderse en el tiempo.

Además, fuentes de las ART sostienen que, según lo dispone el decreto, esa cobertura recae sobre el FFEP y que, por lo tanto, no debieran asumirlo hasta tanto no se resuelva el origen del financiamiento.

Por ese motivo, a través de la resolución 115/21, la cartera laboral, a cargo de Claudio Moroni, de la que depende la SRT, decidió elevar la contribución que las empresas aseguradas realizan por cada empleado para financiar esa caja. Desde 1997, cuando se creó, el monto había quedado congelado en apenas $ 0,60 por trabajador, lo que generaba un ingreso mensual al FFEP de $ 5 millones. La resolución oficial eleva la contribución hasta $ 40 que impactan desde abril y generan ingresos por $ 340 millones. Sin embargo, con ese ritmo de ingresos, para afrontar los costos ya registrados, hacen falta casi siete años de aportes. Esto sin contar los nuevos casos que se van a ir produciendo ni las indexaciones por inflación de las deudas acumuladas. Fuentes que asesoran legalmente a obras sociales sindicales explicaron a Tiempo que, por ejemplo, mientras que en abril de 2020 los costos diarios de una internación UTI llegaban a los $ 25 mil, hoy ya superan los $ 100 mil.

Es por ese motivo que, la semana última, en una reunión que mantuvo el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, con el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, entre otros temas vinculados con la vacunación, deslizó una "condena al papel de las ART en los casos de Covid-19 que, finalmente, fueron cubiertos por las obras sociales sindicales". La SRT, sin embargo, asegura haber dispuesto casillas de reclamos para gremios y obras sociales que, al momento, no fueron utilizadas.

Si bien la sangre todavía no llegó al río, lo cierto es que, ante la potencial ruptura de esta cadena de pagos, fuentes gremiales, de las ART e incluso oficiales, reconocieron que, de un tiempo a esta parte, las mismas obras sociales, una vez que se confirma la presunción de contagio encuadrable en el sistema de ART de un paciente, inducen la derivación a prestadoras privadas de las propias ART.

Por Alfonso de Villalobos