El ciclo lectivo 2016 en la educación pública de la provincia de Santa Cruz dejó un triste recuerdo en la comunidad educativa. Los días de clases fueron escasos, pues no cumplieron con los programas educativos y el aprendizaje se hizo esquivo en cada aula. A lo largo de todo el año, desde los gremios docentes responsabilizaron al Gobierno por el nivel que alcanzó el conflicto, mientras que desde el oficialismo provincial hicieron lo propio con los sindicatos. El resultado: el año transcurrió sin continuidad en el dictado de clases. En medio de la batalla abierta entre ambos sectores, el Poder Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados de la provincia el “Acuerdo Social Educativo”, que se trataba de un proyecto de ley presentado por el bloque FVS- Partido Justicialista. Luego de lo que fue el retiro de la “Ley de Emergencia Educativa”, el Gobierno impulsó ese acuerdo con la idea de sanear el sistema de enseñanza en Santa Cruz y trabajar en un programa de calidad para que la igualdad de oportunidades se hiciera realidad. Con la educación en caída libre, se dijo que el “Acuerdo Social Educativo” debía ser trabajado de forma inmediata para elevar la calidad educativa en la provincia y sanear los problemas que afectan a la educación, pero 2016 concluyó, inició 2017 y el “Acuerdo Social Educativo” aún no se cristaliza. 

DiputadosMediante el proyecto, el Poder Ejecutivo responsabilizó a la Cámara de Diputados para trabajar en este acuerdo. Pues se había previsto la creación de una “Mesa de Trabajo integrada por tres representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE) designados por el Poder Ejecutivo Provincial y cinco legisladores representantes del Poder Legislativo, garantizando la representatividad de las minorías parlamentarias”. “Serán invitados a integrar este espacio docentes, padres de alumnos, centros de estudiantes, cámaras empresarias y organismos comprometidos con la temática”, señala la letra de la iniciativa parlamentaria.La Opinión Austral consultó al diputado del FPV Matías Mazú sobre el trabajo no realizado desde la Legislatura. “La ley se sancionó con cierta demora el año pasado, pero en lo personal comprendo que la educación es un tema para abordar con responsabilidad y cuando estén dadas las condiciones”, dijo y profundizó su concepto señalando que “se podrá hablar de educación cuando resolvamos el pago de salarios”. De esta manera, el legislador perteneciente el bloque oficialista no desconoció las dificultades que enfrentó el Gobierno para abonar los salarios del conjunto de los estatales. Estas demoras (entre otras demandas sin resolver) provocaron que ADOSAC anunciara el no inicio del Ciclo Lectivo de la educación con calendario escolar. “La educación debe ser de acuerdo a la inversión que se hizo en salarios, infraestructura, porque el año pasado se recuperaron diversos establecimientos”, expresó. En otro orden, Mazú pidió que “se aplique la Ley Provincial de Educación, porque tiene aspectos positivos. Sucedió que el reclamo salarial se transformó en un reclamo político, lo que provocó que la dirigencia sindical no esté a la altura de la circunstancias y sólo se dedicó a poner trabas a la gobernabilidad. Gran parte de la dirigencia sindical actuó a la par de los diputados de Cambiemos y entre ellos se hicieron el juego para no permitir que Provincia tome deuda y podamos pensar en otra Santa Cruz”.Mazú insistió en que el Acuerdo Asocial Educativo “debe ser trabajado y, en ese ámbito, el Consejo Provincial de Educación debe jugar un rol ejecutivo y orientar el debate mostrando los números del presupuesto para saber cuánto se paga en sueldo, las inversiones que se ejecutaron, la cantidad de personal”, entre otras cosas.