Por Mariano Casal

Es una discusión que no es nueva, pero que se reavivó con la aprobación en Diputados del proyecto que aumenta las jubilaciones, que podría derivar en el primer veto presidencial. La polémica tiene que ver con que esa iniciativa tuvo luz verde pese a que no fijó de manera precisa de dónde saldrán los recursos para afrontar el costo fiscal, estimado en al menos 0,4% del PBI.

El tema reapareció a fines de junio último en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados. Allí se encuentran al menos tres proyectos que buscan evitar un problema ya habitual para quienes estén al mando de la Casa Rosada -las leyes suelen sancionarse con un financiamiento a disponer por Jefatura de Gabinete-, que se enfrentan a las exigencias de adaptar los límites presupuestarios para cumplir con las medidas que salen del Congreso.

Desde La Libertad Avanza hubo un leve guiño inicial a proyectos del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que viene a reforzar una obligación fundamental que está contemplada en la Ley de Administración Financiera. No obstante, en al menos dos de esas bancadas aparecieron legisladores que, en privado, manifestaron a Infobae la dificultad de implementar esto a futuro.

“Es fantástico lo que está ocurriendo. A principios de junio, casi toda la oposición aprobó una ley en Diputados para mejorar las jubilaciones y golpear al Gobierno de Milei sin decir de dónde iba a salir la plata. Unas semanas después exigen rediscutir cómo forzar a presentar fuentes de financiamiento para proyectos que signifiquen erogaciones del Estado. Es el reino del revés”, se sinceró un legislador macrista ante este medio. Desde otro bloque advirtieron: “¿Qué pasa si tenemos una urgencia con una ley relacionada con la salud, o una catástrofe, o la creación de un juzgado? Y como esos ejemplos hay decenas. ¿Vamos a esperar los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es vinculante? Un delirio, aunque tampoco se puede votar cualquier cosa, como sucede ahora”.

El problema que generó Diputados con el tema jubilatorio llegó al recinto del Senado en la última sesión que realizó la Cámara alta. Allí, el peronista disidente Juan Carlos Romero recordó que “una falencia” del proyecto en cuestión es que “va en contra de la Ley de Administración Financiera, ley 24.156, y del artículo 126 del reglamento, que prevé que los proyectos tienen que indicar el financiamiento, y no recomendarle al Poder Ejecutivo que busque financiamiento”.

¿Qué dice la ley de Administración Financiera en su artículo 38? Que todo texto que “autorice gastos no previstos en el presupuesto general” deberá “especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En tanto, el artículo 126 del reglamento del Senado plantea: “Todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo. Ningún proyecto que importe gasto se tratará sin dictamen de comisión”.

Bajo esos argumentos, el oficialismo y parte de la oposición dialoguista lograron dilatar en el Senado la discusión sobre jubilaciones. Sin embargo, nadie da por sentado que la ley sea modificada y devuelta en segunda revisión a la Cámara baja. En la última sesión no pudo ser habilitada con dos tercios en el recinto, pero aún no aparecen soluciones concretas desde el Gobierno. Es decir, funcionarios que responden a Javier Milei no se mueven con rapidez y podrían exponer al presidente a un eventual veto, en semanas financieras nada positivas para La Libertad Avanza.

Otro asunto sobre el que ningún diputado o senador prestó atención: tras varias idas y vueltas sobre la suba de dietas, los legisladores no se preocuparon por encontrar un mecanismo racional de actualización salarial para los representantes del pueblo (Diputados) y las provincias (Senado) en el Congreso. Tampoco consultaron sobre el financiamiento.