A la hora de continuar el análisis sobre el funcionamiento del Insssep, el ex funcionario del organismo Oscar Arévalo consideró que el debate se dio en varias oportunidades años anteriores y recordó los fallidos intentos de solucionar la problemática.

A pesar de todos los cuestionamientos aseveró: «Como exfuncionario y vicepresidente de la obra social, destaco lo que aprendí dentro de la institución: el Insssep es una de las mejores obras sociales del país, en cuanto a la variedad de prestaciones y a las mínimas restricciones que tiene con sus beneficiarios». No obstante reconoció como principal problemática la gran deficiencia de la caja jubilatoria «que en definitiva es la gran aspiradora de recursos que tiene el Insssep».

Arévalo reconoció: «Se habla de una obra social superavitaria, lo cual nominalmente es cierto, pero en la práctica hay una ley que permite la compensación entre cajas, es decir una ley que permite compensar el déficit de una caja con el superávit de la otra. Esto también sucedió con la caja de seguros, donde los fondos destinados a seguro fueron a cubrir déficit de la caja jubilatoria».

En este sentido entendió que la solución a la problemática debe desprenderse del Ejecutivo y el Legislativo, aunque precisó que tiene un alto costo político que incluso en su momento el gobernador Jorge Capitanich no quiso asumir. Para Arévalo una de las soluciones fundamentales es poner un tope a las jubilaciones. «Esta provincia no está en condiciones de pagar jubilaciones de $50 mil o $60 mil», aseveró.

deficit previsional

Arévalo reiteró que «de las tres cajas una es enormemente deficitaria, por lo tanto para asumir mensualmente los compromisos debe disponer de los recursos de otra caja de la obra social y de seguro». Las consecuencias de esto es la que padecen los afiliados cotidianamente: «En la práctica se da la demora de los cobros de seguro, se establecen largas listas para poder cumplir con esos compromisos. La obra social padece el déficit económico que se traduce en el atraso del pago a los prestadores, proveedores de medicamentos, prótesis, todo lo necesario para la reparación de la salud, prestadores externos o fuera de la provincia como son los centros de menor y alta complejidad solventado por la obra social, en algunos casos con atrasos que van a repercutir en la prestación del usuario».

El exfuncionarios aseveró que «esto lo conoce muy bien el gobernador en uso de licencia Jorge Capitanich, y la solución pasa por aumentar los recursos», y al tiempo que indicó que esta solución «tiene un costo político que habrá que ver quién está en condiciones de asumir».

«Hay tres puntos que no van a ser del agrado de los gremios estatales, pero la solución que se le había propuesto oportunamente al gobernador en 2008, ante la acuciante situación económica, era incrementar los aportes y la edad jubilatoria y fundamentalmente fijar topes a las jubilaciones, esta no es una provincia que está en condiciones de pagar jubilaciones de $40 mil, $50 mil o $60 mil», afirmó.

intentos fallidos

Arévalo recordó que estas propuestas «tienen mucho que ver con aquel paso que quiso dar el Ejecutivo provincial con el proyecto de armonización, es decir trasladar la caja jubilatoria a la Nación porque era insostenible y sigue siendo tal cual está».

«En ese momento hubo una gran movida de gremios estatales, pero fundamentalmente de la misma Legislatura provincial porque en realidad donde se iba a poner límites era en las jubilaciones de mayores montos», destacó. «Esto generó una gran preocupación en algunos sectores y hasta se incorporó a la Constitución provincial la inmovilidad de la caja jubilatoria que quedó por Constitución en el Chaco», mencionó.

«En el fondo creo que Capitanich tuvo razón en ese momento, lo que no creo es que haya estado correcto el procedimiento de manera oculta, con escasa ejecutividad y sin el debate necesario. Hoy estamos sufriendo las consecuencias, tenemos jubilaciones que están provocando el drenaje permanente de los recursos de obra social y seguros. Y seguirá así, si esto no se aborda con seriedad, por parte de los funcionarios que pueden modificar políticamente esta cuestión, y no son las autoridades del Insssep que están para ejecutar y cumplir la ley, sino que esto va en niveles superiores del Ejecutivo y Legislativo», sostuvo.

Por otra parte recordó otra iniciativa frustrada: «La Ley 4044 prevé la incorporación de beneficiarios al sistema de obra social funcionando como una prepaga, esto también encontró resistencia en algunos sectores que consideraron que la obra social pertenece solo a los estatales y se frustró de algún modo la incorporación de nuevos recursos a la obra social».

Arévalo reiteró que «se ha roto la relación que debe haber entre activos y pasivos, este esquema está quebrado hace mucho tiempo. La relación es insostenible, no permite acumular recursos para el sistema jubilatorio».

«Nada ilegal»

Con respecto a las críticas por los escasos servicios que brinda la obra social, Oscar Arévalo indicó: «Hay muchos beneficios que no tienen costo para el afiliado, hablemos de tratamientos oncológicos, del tratamiento de la diabetes, y de otras enfermedades de alto costo y de baja frecuencia. Y los provee el Insssep con los recursos disponibles».

«Es importante saber que en otras obras sociales provinciales como la de Buenos Aires, hay una diferencia abismal entre el financiamiento y los recursos volcados al sistema, comparativamente nuestros afiliados siempre han recibido mayores beneficios relacionados a otras obras sociales», comparó.

Asimismo, en cuanto a los financiamientos de las prestaciones y descuentos, sostuvo que «están habilitados por la ley y por resoluciones del directorio no hay nada ilegal, pero por supuesto pesa en la economía de los beneficiarios». «Por otra parte hay que considerar que la tecnología ha avanzado muchísimo y el costo de prótesis es superior a la de 20 años atrás, muchas de ellas son importadas, uno puede suponer que son de alto costo, y todo eso está financiado por la obra social», recordó.

Ya para finalizar entendió que «no hay que tener una visión tan tubular y estrecha de ver qué le toca pagar al afiliado, que tiene además refinanciaciones para aquellos casos en que la cobertura era parcial».