Desde hace varias semanas, la discusión por la despenalización del aborto ganó las calles y se instaló en la agenda nacional. Un tema que hasta hace algunos meses era tabú logró romper los cercos y llegar a lugares centrales de los medios de comunicación y de la política. Hasta se rompió la barrera menos pensada y la discusión se dará en el seno del Congreso de la Nación. Hasta el momento sólo se contaba con el antecedente de la presentación kirchnerista de Juliana di Tulio, la cual no logró llegar al recinto por la falta de apoyo, incluso de compañeros de su bloque.

Así, con voces a favor y en contra de avanzar hacia un Estado que garantice el acceso a la salud con interrupciones de los embarazos de manera segura, legal y gratuita, la discusión se da en todos los frentes. Y llega, obviamente, a la Legislatura bonaerense.

Vale recordar que en la provincia de Buenos Aires hay un precedente inmediato negativo en el tratamiento. Fue Joaquín de la Torre, actual ministro de Gobierno, quien logró dar marcha atrás con una resolución del Ministerio de Salud en tiempos de la gestión de Zulma Ortiz.

La exfuncionaria, el 12 de octubre de 2016 había acoplado el sistema sanitario de la Provincia con los protocolos de abortos no punibles redactados por el Gobierno nacional y en línea con los parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, la mano del ultracatólico De la Torre logró que se revierta el decreto y quede obsoleto a las dos semanas de haberse proclamado. Si bien, en estricto off the record, desde calle 6 reconocen la muñeca del exintendente de San Miguel, aseguran que la medida se produjo porque “no les fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la administración con competencia en la materia (Justicia, Desarrollo Social y Derechos Humanos)”.

Con dicho panorama, la Provincia se quedó sin alinearse al protocolo redactado en los últimos meses de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (gestión de Daniel Gollan, 2014).

Vale remarcar que Buenos Aires quedó al margen de cualquier tipo de protocolo, ya que Ortiz, para adherir al redactado por la Nación, se desligó del protocolo bonaerense lanzado en 2012. En ese sentido, al dar marcha atrás con la adhesión, no se volvió a instrumentar el texto de la gestión de Alejandro Collia; por ende, en la órbita provincial no existe ningún escrito que regularice las interrupciones no punibles.

No obstante, ante el calor del debate nacional por la despenalización o no del aborto, su discusión volvió a presentarse en la órbita bonaerense y, nuevamente, trajo posturas encontradas. Algunos legisladores del oficialismo aprovecharon el anuncio de Mauricio Macri para dar vía libre al tratamiento en el Congreso e hicieron públicos sus análisis al respecto.

Sin embargo, la oleada a favor del debate por el aborto que iniciaron, entre otros, Daniela Reich, Laura Ricchini, Juan Fiorini y Walter Lanaro, no se prolongó demasiado en las filas del frente gobernante; y, según pudo saber La Tecla, desde las primeras líneas de Cambiemos -principalmente del PRO- se pidió silencio al respecto. Así, muchos dejaron de hablar del tema, y las pocas voces que lo hacen se manifiestan en contra, como los casos de De la Torre, la diputada bonaerense Julieta Centeno y el senador nacional Esteban Bullrich.

Asimismo, desde Unidad Ciudadana se levantó la voz para reclamar que se trate la legislación de aborto no punible que tuvo varios ingresos en la Legislatura de parte de la rama femenina del kirchnerismo; el último de ellos a manos de la diputada por la Primera sección Lucía Portos.

Empero, en contraposición con la postura de UC, desde el massismo, el titular del bloque en la Cámara Baja, Rubén Eslaiman, presentó su proyecto de ley totalmente en las antípodas y para dotar de derechos al “niño por nacer”, que incluso promueve sanciones a quienes den información pública sobre el acceso a la salud y educación sexual para avanzar con la despenalización del aborto.

La discusión nacional por el aborto legal, seguro y gratuito tiene su réplica en el seno de la Provincia. La mayoría prefiere el silencio y federalizar el debate; otros dan la cara, ya sea a favor o en contra del acceso a la salud.