Una ley que regule la utilización de agroquímicos tiene una historia de ida y vuelta en Entre Ríos. No solo entre el gobierno y las entidades del campo, sino, también, en el seno del oficialismo. El debate parte aguas en el peronismo gobernante y pone de cabeza el tablero político, porque acerca posiciones entre habituales antagonistas: la dirigencia ruralista y un Ejecutivo comandado por el Frente de Todos.

En la reciente apertura de sesiones parlamentarias, el gobernador Gustavo Bordet anunció que enviará a la Legislatura un proyecto que reglamentará en la provincia el uso de pesticidas, entre ellos el más conocido, el glifosato. En la actualidad, la norma que rige para estas prácticas está fijada por un decreto que surgió al calor de la interna peronista en 2018, luego de que la Cámara de Diputados diera marcha atrás con una iniciativa que tenía aprobación del Senado. En aquella ocasión, el presidente del cuerpo, Sergio Urribarri, desestimó el texto que venía de la Cámara alta. El contexto fue su enfrentamiento con Bordet.

Ante la ausencia de una ley rectora de la actividad, se dictó un decreto que en muy poco tiempo fue llevado a la Justicia por colectivos ambientalistas y docentes. En sede judicial y en varias instancias, los peticionantes obtuvieron fallos favorables obligando al Poder Ejecutivo a modificar la decisión. Lo que se cuestionó fue la distancia mínima determinada entre los establecimientos educativos rurales y el comienzo de las zonas habilitadas para fumigar.

La primera reacción ante el anuncio gubernamental ante la Asamblea Legislativa estuvo en la voz de la diputada Mariana Farfán, peronista oriunda de Gualeguaychú, con todo lo que eso significa. En esa ciudad se gestó en 2005 la lucha ambiental contra la instalación de las papeleras Botnia y Ence que dio la vuelta al mundo y fue también uno de los epicentros del enfrentamiento del gobierno nacional con las entidades del campo enrolados en la Mesa de Enlace por la resolución 125.

La legisladora dijo que quisiera que toda la provincia de Entre Ríos estuviera “libre de glifosato” y destacó el ejemplo de su ciudad, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza en ese sentido. “Voy a seguir sosteniendo esa convicción y coherencia en la Legislatura provincial”, adelantó Farfán que, en su momento, votó la ordenanza cuando se desempeñó como concejal. Y agregó: “Es una decisión de la comunidad y de la gestión del intendente Martín Piaggio, que incluye una propuesta de producción agroecológica sustentable”. El jefe comunal respaldó los dichos de la dirigente, que pertenece a su espacio interno en el PJ.

Veinticuatro horas después de que eso sucediera, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos, Juan Grabois, destacó la figura de Piaggio por haber sancionado la ordenanza y haberle ganado en las elecciones de 2019 al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Javier Melchiori, con una ventaja de 30 puntos. La figura de Grabois está fresca en la comarca luego de haber protagonizado un enfrentamiento con Luis Miguel Etchevehere, exministro de Mauricio Macri, y su familia, cuando un grupo de militantes de su agrupación se metió en uno de los campos del clan. Todas esas jornadas contaron con una extraordinaria vidriera nacional en los medios.

Otro de Gualeguaychú

Quien coordinó a diferentes sectores para elaborar el proyecto oficial de uso de agroquímicos que se abordaría prontamente en una comisión bicameral es otro gualeguaychuense. Se trata de Juan José Bahillo, intendente de la ciudad en dos oportunidades, exdiputado nacional y hoy ministro de la Producción de la provincia. La relación entre el funcionario y Piaggio, a quien impulsó como sucesor en 2015, está quebrada. Fuentes de la cartera productiva dejaron trascender a Letra P el malestar por las declaraciones de Farfán, no porque exprese sus convicciones, sino porque “milite en contra”. Decodificación: si no quiere votar la ley, que no lo haga, pero que tampoco se ponga a patear a favor del equipo contrario.

El intendente Piaggio y el ministro Bahillo son dos de los anotados para la sucesión de Bordet. El primer round tendrá a un tema sensible para su comunidad.

El proyecto de ley anunciado por Bordet fue trabajado por una mesa integrada, entre otros, por la Facultad de Agronomía de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Paraná; la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; el INTA y referentes de la Mesa de Enlace, que presentaron una disidencia: las distancias permitidas para la fumigación respecto de las zonas urbanas.

Bordet había fijado, mediante un decreto, distancias de 100 y 500 metros, terrestres y aéreas, de las escuelas rurales. Sin embargo, la Justicia prohibió las aplicaciones a menos de mil y 3.000 metros. Ante el fallo, la Mesa de Enlace, ferviente defensora del primer decreto de Bordet, cuestionó la sentencia y dijo que con esos parámetros saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a toda la siembra de trigo.

Lo novedoso del proceso en el cual se le dio forma al texto, que fue presentado este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, es que cuenta con el apoyo de los históricos adversarios del peronismo. El diputado del PRO Esteban Vitor sostuvo que “era necesario avanzar en la regulación del tema dado que la legislación existente, que, si bien fue pionera en su momento, tiene su falencia en la falta de control propio del poder de policía del Estado”.

“La presentación de la propuesta de trabajo de fitosanitarios es bienvenida”, cerró Vitor, expresidente de la Sociedad Rural de la capital provincial y legislador en el que la Mesa de Enlace dejó su representación en el ámbito parlamentario.

Por Federico Malvasio