Son más de 200 los perros muertos. No habrá clases hasta el lunes. La Justicia analiza nuevas pistas para esclarecer el hecho.
La medida fue consensuada tras consultas con especialistas que coincidieron en marcar la peligrosidad del veneno utilizado: el insecticida Metomil, cuyo principio activo es el carbamato. Se trata de un plaguicida de uso agropecuario, clasificado entre los de mayor toxicidad y sólo permitido aplicar más allá de los 500 metros de zonas urbanas. En Deán Funes apareció por toda la ciudad. Su venta sólo debiera ser con receta sanitaria y archivada.
Entre domingo y lunes se hallaron 150 perros muertos y numerosos cebos de carne envenenados. Pero entre el martes y ayer se encontraron otros y se sumaron canes a la lista.
Autoridades municipales se quejaron de que Ambiente de la Provincia aún no les haya explicado qué hacer para la adecuada disposición final de los animales muertos.
El municipio anticipó que se presentará como querellante en la causa judicial, aunque no podrá hacerlo hasta tanto no haya alguna imputación judicial.
Anoche, el fiscal de Deán Funes, Carlos Gómez, trabajaba en el caso, y no se descarta que hoy ordene nuevas medidas. El martes había dispuesto tres allanamiento, en los que resultaron demorados dos trabajadores municipales y un exempleado comunal. A las pocas horas fueron liberados. Gustavo Bracamonte, secretario de Obras Públicas, dijo que las personas demoradas no tenían el insecticida Metomil en su poder sino otro de mucha menor toxicidad, de marca K-othrina, utilizado en planes contra el dengue.
El fiscal Gómez estimó que por la hora en que empezaron a aparecer perros muertos, el plan de envenenamiento se “sembró” en el momento en que el país –y la ciudad– estaba atento al combate televisado de box de “Maravilla” Martínez.
Mientras no aparecen sospechosos, se multiplican las versiones en la localidad.
Piden explicaciones al Ministerio de Salud
Planteo. Legisladores de la UCR anunciaron que pedirán al Ministerio de Salud provincial que explique si existe autorización para vender o proveer insecticidas de estricto uso rural en ciudades del norte provincial, y que se responda la denuncia del médico Medardo Ávila Vázquez, exsecretario de Salud de la Capital, respecto de que habría una “política sanitaria” provincial para combatir la leishmaniasis, enfermedad que trasmite un mosquito, a través del uso de plaguicidas.
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