La AFIP dispuso levantar la feria fiscal para avanzar en la investigación respecto a los titulares de las 950 cuentas no declaradas de argentinos, aportadas por la OCDE. La medida implica que se iniciará el proceso de fiscalización sobre quienes tengan u$s 1 millón o más y que podrían totalizar en conjunto más de u$s 2600 millones, hasta ahora en paraísos fiscales. “Los procedimientos de fiscalización que se realizan en función de la información proporcionada por la OCDE resultan de trascendencia institucional y comprometen el interés fiscal en el marco del actual contexto de emergencia”, indicó la Resolución General publicada ayer en el Boletín Oficial. Eso significa que la AFIP mantendrá la feria pero excluirá esta investigación en particular por su relevancia. Según pudo saber Ámbito Financiero, ahora se está avanzando en la notificación de todos quienes figuren como titulares. Pero hay un dato adicional: hay miles de cuentas más que fueron alertadas por la OCDE con montos inferiores al millón de dólares que ingresarán en una segunda etapa de análisis.

Lo que hasta ahora nadie profundizó es por qué esa información -recibida en 2017- recién dos años después comienza a ser procesada, luego de una maniobra que apuntó a evitar que esos datos fueran desencriptados a favor del fisco. Pero sobre todo cuáles fueron los pasos que podrían configurar un delito y por los cuales Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los extitulares de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, aparecen como los máximos responsables en el ocultamiento de esos registros que llegaron originalmente en diciembre de 2017 a la Unidad de Fiscalidad Internacional que, en ese momento con cinco personas en su equipo, recibió los datos desde la OCDE. Ellos fueron el nexo con el organismo recaudador local respecto a contribuyentes que no tributan en Argentina. Pero en el camino, hubo un intento de bloquear el avance y de eliminar ciertos registros para que nadie pudiera “ver” los “nombres” que contiene ese listado.

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Con el avance de las negociaciones entre los países para intercambio de información sensible vía la OCDE, se creó el CRS (Common Reporting Standard), una estructura para la confección de reportes estándar a nivel mundial. Este estándar estaba soportado por una plataforma para compartir archivos que contienen información financiera de extranjeros en cada país en un “hub” ubicado en Panamá. El CTS (Common Transmission System) permitía que cada país presente información de cuentas bancarias e información financiera, identificando a sus dueños u operadores (personas físicas y jurídicas) de los no residentes. Así lo hicieron para Argentina por el período fiscal de 2016 y 2017. El objetivo debía ser cruzarlos con la base del blanqueo de capitales.

Maniobra

A fines de 2017, con Abad al frente, la AFIP había terminado de desarrollar el software eMIAI (Electrónico Módulo de Intercambio Automático de Información, según sus siglas). Es el sistema que permitía –con los datos proporcionados por otros organismos fiscales y centralizados por la OCDE- acceder a la identificación de los contribuyentes detectados en diversos países, en un procedimiento que se denomina “cuitificación”. Los datos llegaban solamente con los nombres de personas físicas y jurídicas a los que se debía ubicar en la base local, un trámite que no siempre era sencillo y culminaba siendo manual. Pero el problema fue que a fines de 2017, para “bajar” esa información con fuertes parámetros de seguridad se requería dar un “acknowledgement” dentro de los tres días. Ese paso no podía darse porque se adeudaba un pago de cerca de u$s 50 mil en concepto de membresía y soporte a la OCDE, imprescindible para avanzar en el “acuse de recibo” por la información.

Borrado

Finalmente, en enero de 2018 comenzó a abrirse el archivo en formato .XML para lo que se denomina internamente “apropiación” y comenzar a cruzar los datos de quienes no habían declarado los bienes en el exterior, una tarea supuestamente urgente. Hubo discusiones técnicas entre Fiscalidad Internacional, Auditoria y Sistemas, donde se trazó un esquema complejo para garantizar la seguridad de los datos, y se implementó un plan de auditoría muy fuerte sobre el sistema. Pero el 5 de enero de 2018 y en pleno ajuste del software eMIAI, el área de Sistemas –con Sandra Rouget a cargo- por orden del subdirector de Auditoría Néstor Sosa (que había quedado a cargo de Sistemas luego de que hubiese filtraciones del blanqueo) decidió borrar el “usuario” que había procesado todos los datos, y dejar solo resguardados los archivos sin procesar (es decir los que no tenían identificación positiva).

Dos días antes, Abad, Sosa y el subdirector general de Fiscalización Marcelo Costa –de quien dependía Fiscalidad Internacional- convocaron al personal del área con la orden de que trajeran impreso un reporte con los listados de nombres procesados hasta el momento por el sistema, una instrucción inusual. Abad lo recibió en mano.

A mediados de enero de 2018, se reconstruyó el usuario dado de baja pero el software había sido modificado por orden de Auditoría: por supuestas normas de seguridad ya no era posible visualizar los “nombres” en el sistema, sino que corrían sin que ningún agente accediera a ellos. Desde entonces, no se conoce otra acción tomada por la AFIP respecto a los reportes de la OCDE, tampoco luego de que un mes después desembarcara Cuccioli en reemplazo de Abad.

Con estos datos, el frente judicial de Abad puede empeorar, algo que preocupa al exfuncionario que ha reconocido ante personas cercanas que lamenta haberse ido de la función pública “perdiendo y sin revancha”.