El Salón Yapeyú, en la ciudad de Bella Vista, se transformó ayer en el epicentro de la audiencia pública realizada en el marco del debate por el posible aumento de la tarifa de la luz.

Participaron 14 oradores de distintos ámbitos que coincidieron en su desacuerdo con el pretendido incremento y fundamentaron su posición en la falta de información sobre la situación de la Dpec y en algunos casos por considerar que los datos en relación al cálculo del costo del servicio eran “falsos”.

Esta instancia de participación -no vinculante- comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta después de las 14.30. Al comienzo, los representantes del Ministerio de Obras y la Dirección de Energía expusieron la metodología para el cálculo de la tarifa a aplicar a las distintas categorías de usuarios.

Seguidamente tomaron la palabra el referente de la Cooperativa Agropecuaria y de Provisión de Servicios Integrales y Comunitarios de Bella Vista, Fabricio Piazza; el doctor Walter Golfard; el ingeniero Miguel Clossa en representación de la Asociación de Profesionales del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye); Feliciano “Chano” Romero en representación de ATE; Juan Alfredo González en representación de la Asamblea Ciudadana por los Derechos de Usuarios y Consumidores de Corrientes; el ingeniero Carlos Avasallo por Apicc, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Miguel Alegre; el referente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Nelson Veas Oyarzo, y el ingeniero Hugo Luis Espriu por la Federación de Cooperativas de Corrientes Ltda. Entre los particulares, como usuaria y jubilada, Teresa de Jesús Navarro, el doctor Lucio Andrés Terresa, el doctor Mauricio Golfard, Héctor Rodríguez y el ingeniero Hugo Horacio Tonina.

La mayoría coincidió en que no está de acuerdo con elevar la tarifa del servicio de energía eléctrica entre un 64 y un 220%, y fundamentaron su postura en que no contaban con la información suficiente, con datos incompletos o “falsos” en relación al estado de la Dpec y subrayaron que correspondía que el Epre (aún no conformado) convoque a la audiencia, y no el Ministerio de Obras y Servicios Públicas.

En contacto con El Litoral, el Defensor del Pueblo, Miguel Alegre, realizó un balance positivo de esta audiencia pública y señaló que en su caso particular expuso que “de la lectura del expediente que origina el pedido de aumento de tarifa”, no detectó los elementos necesarios para definir una postura a favor o en contra. “La información es escasa e incompleta” y habló además de un “planteo ficticio” en relación a la propuesta hecha por la Dpec; “no tenía bases objetivas”, aseguró.

Aprovechó este ámbito para proponer que exista un precio diferencial para Corrientes, “no se puede admitir un precio regional de la energía”, dijo Alegre en virtud del cuadro de situación de la Dpec.

También se mencionaron temas como el nivel de endeudamiento y de pérdida de la empresa, al igual que la falta de plan de inversión y recuperación del material.