Uno tras otro los funcionarios del área resaltan el mecanismo de ingeniería de política económica formulada por el gobierno donde a partir del año 2010, Formosa tiene la posibilidad abierta a partir de esta reestructuración de la deuda provincial de “profundizar y mejorar los indicadores presupuestarios en cuanto a la ejecución de partidas de crédito orientadas a la finalidad de servicios sociales -Educación, Salud- y de Desarrollo económico - infraestructura, producción, entre otras-, sin perjuicio de la posibilidad de estimular ahorros en el sector público, a la vez de sostener los porcentuales de erogaciones vinculadas a los recursos humanos de la administración provincial”, según lo manifestó el subsecretario de Hacienda y Finanzas Miguel Antinori.

Pero aún desde la observación más inocente, ante el despliegue desproporcionado de profesionales de la economía y sus anuncios, surge la primera duda ¿Por qué esperaron cuatro años para dar a conocer esta información pública?

Más impactante es otra de las revelaciones del Subsecretario de Hacienda al exponer que en el 2009, “la Nación se obligaba a emitir un bono, es decir un instrumento de crédito por un importe del orden de los 80 millones de dólares a ser suscripto por el Estado Provincial, y con vencimiento a idéntico período al cual fue reprogramada la deuda de Formosa y con un valor final equivalente al importe de la misma. Esto significa que la Nación se transformó en deudora de la provincia, a partir de ello y en el marco de la paridad temporal y de valores de la deuda provincial y el crédito resultante con el estado nacional, la provincia cancela finalmente cediendo a la Nación el bono suscripto, culminando el proceso de reestructuración”.

El almacenero más veloz con el lápiz en el oído se hubiera caído de espaldas, una provincia con más del 98% de su coparticipación federal comprometida para pagar exclusivamente deuda, se había transformado en acreedor y su acreedor ¿en deudor?

Es un hecho visible y comprobable que la provincia ha encarado un ordenamiento financiero que tuvo como corolario la verificación de ejercicios fiscales de equilibrio y ahorro en las finanzas provinciales, en el que también contribuyeron y no de manera liviana los contribuyentes al modificarse en porcentajes importantes los diferentes tributos.

Sin embargo El Comercial tuvo dos informes a mano que hablan de una deuda cierta de cada uno de los ciudadanos de esta provincia con distintos acreedores. Documentos que con sus datos fríos no coinciden en absoluto con la versión oficial, no al menos con el hecho de que hemos “cancelado la deuda”.

Uno de ellos elaborado por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) en base al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del año 2014 estimó que cada formoseño tiene una deuda pública de $7.513,895.

Por otra parte la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, dependiente del anteriormente citado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas expone como último dato visible, el Stock de deuda al 30 de setiembre del 2013 sin incluir la Deuda Flotante o Contingente que detalla lo siguiente con respecto a Formosa: 

La provincia tiene un total de deuda flotante de $4.133.858.000, de los cuales $3.610.610.000 son con el gobierno nacional, $94.499.000 con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, $25.000 con bancos, $9.234.000 de deuda consolidada, $391.274.000 en bonos expresados a valor residual y $24.216.000 a organismos internacionales.

Es en este lugar donde surge la segunda duda: Si la deuda fue reestructurada en el año 2009-10 y cancelada por una “novación”¿Por qué el Ministerio de Economía sigue publicando datos al año 2013-14 con la provincia como Deudora y la Nación como acreedora?