“Aquí explotó una bomba nuclear. Ahora estamos tratando de achicar los daños”. Uno de los principales magistrados del país hizo esa descripción de lo que sucedió en la Justicia después de que dos jueces de un tribunal oral, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeran sin juicio previo a Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López del delito de lavado de dinero en hoteles y edificios de la poderosa familia política argentina. Un tribunal oral que sobreseyó sin escuchar a la acusación, a los testigos y a la defensa, y que no se tomó ni siquiera el trabajo de ver la totalidad de las pruebas que se exhiben en un juicio público. Tal es el tamaño del escándalo judicial, político y moral en que esos dos jueces metieron a toda la Justicia. Las consecuencias fueron, por ahora, dos. Una consiste en que el juez Daniel Petrone, integrante de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal penal del país, no podrá aspirar a presidir ese cuerpo, como estaba previsto. Sus colegas, y él mismo, acordaron que siga integrando esa sala crucial que debe revisar (y eventualmente dejar sin efecto) la resolución de los jueces Obligado y Grünberg. La otra es la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la ley que diseñó la actual conformación del Consejo de la Magistratura. En ese Consejo, profundamente influido por la política, está la raíz misma del problema, porque es el organismo que selecciona a los jueces, que los castiga o los destituye por mal desempeño.

La Sala I está integrada, además de por Petrone, por los jueces Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. Petrone y Barroetaveña vienen de la carrera judicial y ninguno de los dos mostró nunca simpatías políticas. Figueroa tiene, en cambio, una clara adscripción al kirchnerismo. El tribunal está, por lo tanto, dos a uno para sacar resoluciones sensatas. Los números están muy ajustados. Si Petrone fuera elegido para el próximo período presidente de toda la Cámara de Casación, como se estimaba, debería dejar temporalmente esa sala; su lugar sería ocupado por un juez subrogante que saldría por sorteo. Demasiado riesgo. El dos a uno podría resultar de antemano en beneficio de Cristina Kirchner. La casualidad hizo su trabajo: justo ahora, en diciembre, termina su mandato el actual presidente de la Casación, el juez Gustavo Hornos.

Cristina, siempre Cristina. Nadie se preocupa tanto por la Justicia si está completamente seguro de que no hizo nada que lo ponga frente a los jueces

La primera certeza: Petrone no se moverá del lugar donde está por decisión de la mayoría de los jueces de la decisiva Cámara de Casación. La sala que integra Petrone tiene en sus manos la revisión final de las causas Hotesur y Los Sauces y la de los cuadernos, iniciada luego de una investigación del periodista Diego Cabot sobre el pormenorizado relato del chofer Oscar Centeno, que llevaba y traía a los funcionarios kirchneristas que cobraban sobornos de empresarios. Pero ¿quién reemplazará a Petrone al frente de un tribunal tan sensible? Todas las salas de Casación, que son cuatro, están integradas por dos jueces independientes y uno con filiación cercana a la facción política gobernante. En este diciembre no solo se elige al nuevo presidente; también se resuelve la futura integración de las salas. Preservar el equilibrio actual en la integración de las salas es otro objetivo que se impusieron los jueces independientes de ese tribunal.

Descartado Petrone, y según el sistema de rotación, debería reemplazar a Hornos el juez Alejandro Slokar, un miembro de Justicia Legítima, discípulo del pensamiento garantista de Eugenio Zaffaroni. El presidente de la Cámara de Casación es la figura más importante de la Justicia Federal Penal del país. Puede ser considerado un cargo simbólico, pero también sería simbólicamente inapropiado que un representante de Justicia Legítima ascendiera a semejante pedestal en la Justicia, justo después de la pornográfica decisión de Obligado y Grünberg. Un intenso revuelo en la Cámara de Casación puso la elección del presidente en poder de una votación. El otro candidato que surgió es el juez Carlos Mahiques, un magistrado con 45 años en la Justicia, donde ingresó cuando tenía apenas 27 años. Es considerado un juez independiente y con experiencia. Uno de sus hijos, Ignacio, es uno de los dos fiscales que investigaron la causa Hotesur y Los Sauces y llegaron a la conclusión de que hubo lavado de dinero; otro de sus hijos, Juan Bautista, es actualmente el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. “Nos enseñó que no nos bajemos del ring si hay que pelear”, dicen sus hijos.

La opción final para elegir al próximo presidente de la Casación será, entonces, entre Slokar o Mahiques. Mahiques podría ganar fácilmente, pero siempre están los jueces llamados “los mexicanos” (porque negocian con todo el mundo) y la elección corre el riesgo de terminar en un empate. En tal caso, tendría que desempatar Hornos, el actual presidente. Es difícil, si no imposible, imaginar a Hornos, que siempre se comportó como un juez independiente, votando por Slokar. Hornos tiene igualmente una larga carrera judicial, aunque también le cayeron denuncias por maltrato. Los efectos del sismo judicial perpetrado por Obligado y Grünberg son vastos y profundos.

La otra consecuencia fue la decisión unánime de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura. Los cuatro jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) tomaron esa decisión, que podría conocerse antes de que finalice diciembre. Tal resolución haría caer en el acto al actual Consejo de la Magistratura, porque sus decisiones serían fácilmente impugnables si existiera solo una declaración de inconstitucionalidad. La demora en dar a conocer la decisión se cifra, precisamente, en que el máximo tribunal de justicia está imaginando una transición entre este Consejo y el próximo. El Congreso que surgió de las últimas elecciones legislativas debería empezar a bosquejar un proyecto sobre esa institución. Cristina y Alberto Fernández se apuran ahora para escribir ellos un proyecto sobre la futura integración del Consejo. Pero ya perdieron.

Siempre Cristina. Nadie se preocupa tanto por la Justicia si está seguro de que no hizo ni hará nada que lo ponga frente a los jueces. La integración actual es una idea de Cristina de 2006, cuando era senadora nacional. Fue una idea inconstitucional desde el principio y así la calificó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que en el acto hizo una denuncia en la Justicia. Es la denuncia que tiene ahora la Corte Suprema. El proyecto de la entonces senadora Kirchner quebraba el “equilibrio” en la integración del Consejo que ordena expresamente la Constitución. Equilibrio entre los representantes del poder político, de los jueces y de los abogados. Cristina Kirchner se levantó en 2006 contra la “corporación judicial” y le entregó un enorme poder a la corporación política que ella integra como uno de sus principales referentes. El resultado es que los protegidos de la política conocen con antelación hasta los exámenes que deberán rendir en el Consejo para ser jueces. Por eso existen jueces que nadie puede explicar por qué están impartiendo justicia.

Por eso, también, es imposible que el Consejo castigue o aparte a los malos jueces. No debe olvidarse que jueces como Norberto Oyarbide o Rodolfo Canicoba Corral terminaron renunciando y jubilándose; nunca fueron juzgados por el Consejo de la Magistratura, como se lo merecían. El Consejo es una pieza clave en el sistema de corrupción e impunidad que entrelaza a la política con la Justicia. Lo único positivo de la inmoralidad que cometieron Obligado y Grünberg, si es que hay algo positivo, es que obligó a la Justicia a tomar decisiones rápidas para cambiar el curso del conflicto fundamental. La opción que tenía la Justicia era prenderse fuego a sí misma con la implacable resignación de un suicida.