Eran necesarios 129 diputados para iniciar la sesión para tratar de aprobar el proyecto de ley que apunta a poner algo de equidad en el sistema jubilatorio, ya que jueces y diplomáticos no sólo perciben sueldos altísimos -superiores incluso a los del propio poder ejecutivo- sino que también gozan de un privilegiado régimen jubilatorio. Y esto sin contar que los jueces con cierta permanencia en el cargo tampoco pagan el impuesto a las ganancias. 

De la igualdad que proclama nuestra constitución, como se sabe, poco y nada. Lo peor es que quienes se han asignado beneficios excepcionales son los encargados de cuidar la vigencia de nuestra ley fundamental. 

El horizonte pintaba oscuro. Mientras tanto, Juntos por el Cambio insiste en sostener su oposicionismo radical, algo que resulta realmente llamativo cuando se trata de reflotar a la sociedad de las consecuencias de su propia gestión. Por si esto fuera poco, al FDT le faltaron tres diputados propios -Magdalena Sierra, Liliana Yambrun y Walberto Allendenunca- y siete de los once diputados del Interbloque Federal. Sólo asistieron los cuatro diputados que responden a Juan Schiaretti.  

Pasada la media hora de rigor, los números no cerraban, aunque sumaban los dos legisladores de la izquierda -Romina del Plá y Nicolás del Caño- y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. 

Una nueva prórroga de quince minutos permitió que llegaran los ocho diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque presidido por José Luis Ramón, y los cuatro cordobeses de Schiaretti. En seguida llegó Edurado Valdés, trayendo a la rastra a Mabel Caparros (Tierra del Fuego).  

Pero aún así faltaba un legislador. Y allí apareció Daniel Scioli, quien, si bien ha sido designado embajador en Brasil, aún no ha sido confirmado por el decreto respectivo, por lo que no ha renunciado a su banca, ni -obviamente- tampoco pudo asumir su suplente. 

“No asumí como embajador, no renuncié a mi banca, recién lo voy a hacer el 2 de marzo cuando salga el decreto designándome como embajador en Brasil. De no estar yo, si hubiera renunciado, estaría mi diputada suplente. Es ridículo lo que dice la oposición”, aclaró Scioli, asumiendo, una vez más, su rol de instrumento de la providencia.   

Los legisladores de la oposición pusieron el grito en el cielo. Una jugada maestra venía a echar por tierra su estrategia de bloqueo para conservar los privilegios de unos pocos, coherentes con lo que ha sido su programa de gobierno. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, amenazó con su habitual estilo de capataz de estancia: “Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el poder judicial”. Y anticipó que presentará un recurso judicial en defensa de los privilegios de magistrados y embajadores. Triste papel para un partido que pretendió en algún momento hacer de la ética su bandera. 

A partir de entonces la sesión marchó sobre ruedas para el oficialismo, que consiguió aprobar el proyecto con 128 votos afirmativos y 2 abstenciones de la izquierda. La nueva ley incrementa 7 por ciento los aportes de los jueces y diplomáticos, y computa el 82 por ciento sobre el promedio de los últimos diez años actualizados al momento de la cesación en el cargo y no exclusivamente sobre el último, tal como sucede con el resto de los trabajadores. También suma a prosecretarios y jefes de despacho al universo contemplado en el régimen especial de magistrados y prevé la creación de una caja compensatoria propia. 

Entre amenazas de judicialización y advertencias sobre cataratas de juicios pronunciadas por colegios y asociaciones que defienden a los privilegiados, la sesión concluyó con el triunfo del Frente de Todos. 

Un día en la que Argentina dio un paso decisivo en favor de la equidad, lo que no es poco.