El motivo principal del pedido, es porque el mismo abogado que Fiscalía designó para la causa fue patrocinante de los acusados (el ex Secretario de Hacienda, Marcelo Zeballos y el ex Secretario de Desarrollo Urbano, Darío Saco) en otra causa por supuestos hechos de corrupción, ocurridos el año pasado.

En los fundamentos del proyecto presentado por Gargiulo, pone en duda la intención del Gobernador al ordenar que el Estado Provincial solicite la investigación del caso, sobre todo a Darío Saco, que al conocerse el hecho todavía mantenía su cargo. "Si bien es destacable el accionar del primer mandatario, para que sea la instancia judicial la que esclarezca los hechos denunciados y determine las responsabilidades penales si las hubiere, es llamativo que se haya nombrado al citado abogado para representar los intereses del Estado Provincial" resalta el proyecto.

"Sucede que, independientemente de su capacidad, el doctor Gonzalo Estrada es patrocinante de los mismos ex funcionarios denunciados, Darío Sacco y Marcelo Zeballos, en una denuncia radicada el año pasado en el Juzgado del Crimen Nº 2, por la conformación de una sociedad anónima –siendo funcionarios ambos- y por su vinculación con una financiera que otorgaba préstamos a empleados municipales. Lo grave es que esta causa permanece abierta, dado que se encuentra apelada y actualmente está para resolver en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia" dice en otro de sus párrafos.

Por su parte, el Fiscal de Estado provincial, Eduardo Allende, dijo, en declaraciones realizadas en FM Ciudad minimizó la participación en la defensa de los funcionarios en la causa anterior. "Le voy a pedir un informe por escrito al doctor Estrada, para conocer la veracidad de los dichos del diputado Gargiulo. De todas formas una cosa es haber sido patrocinante, hay que saber en que causa fue patrocinante, no es lo mismo que ser apoderado". Además agregó que la Fiscalía no contrató al letrado exclusivamente por el tema: "Hay abogados contratados en cada una de las juridicciones: en San Luis, en Villa Mercedes y en Concarán. Él (Gonzalo Estrada) forma parte de la planta de abogados que tiene la Fiscalía".

El legislador puso un manto de duda en toda la situación: "Entendemos que estamos frente a una manifiesta incompatibilidad, evidentemente es una falta total de ética. Quiero creer que el Gobernador ha querido tomar distancia de este escandalete y llevar adelante una investigación que determine responsabilidades; pero de la manera en que lo están haciendo, me hace pensar que quieren que nos comamos el buzón que tienen esta pretensión y en realidad es solamente montar una maniobra", manifestó al programa Información sin Ruido.