Ante esa situación, desde el bloque de concejales solicitaron respuestas al municipio, el cual se justificó "en una ordenanza de dudosa implementación", se consignó a través de un comunicado.

A su vez, diputados provinciales del FPV manifestaron su preocupación por el accionar del municipio y de la Policía local que notificó con el subcomisario y el comisario en su domicilio al concejal Juan Luis Mancini de la prohibición municipal.

En ese sentido, el concejal Juan Luis Mancini señaló que “por una decisión inexplicable, el Intendente me envió el sábado pasado a la policía a mi domicilio, para informar su prohibición para realizar un evento que se realiza desde hace cuatro años en forma consecutiva". 

"Cuando ya estaba todo organizado, el comisario de la Policía local vino a notificarme que dicho evento no estaba autorizado por el Ejecutivo y que de realizarse, la fuerza policial tendría que actuar”, añadió.

Vale destacar que este hecho resultó fuertemente repudiado por gran parte de los vecinos de Suipacha. “El Ejecutivo de (Cambiemos) pretende una vez más la persecución política, la intimidación y la negación de la oposición como fuerza política de la democracia, queriéndose imponer con medidas autoritarias” aseguró el concejal Mancini.

Asimismo, diputados provinciales presentaron un proyecto en la Legislatura donde expresan su preocupación ante los hechos y solicitan explicaciones sobre el accionar de la Policía. 

“Es preocupante que falle la comprensión de las responsabilidades y obligaciones constitucionales de las distintas instituciones”, reclamó el diputado provincial Juan Debandi.

Del mismo modo, el diputado Debandi subrayó que “ante este hecho intimidatorio, remarcamos que el poder de la Policía local, sobre todo si la responsabilidad de su conducción recae en el intendente, no está para arbitrar o tomar posición en una discusión política determinada”.

Cabe destacar, que ante la prohibición al festejo del “Dia del Niño” la nota firmada por el intendente municipal y el subcomisario Guillermo Ayala, expresa de forma intimidatoria que “en caso de omisión a lo informado, se dará intervención a las autoridades policiales y judiciales según correspondan”.