Patricia Bravo tenía 40 años y era madre de diez hijos. Empezó a parir cuando todavía no había dejado la adolescencia. Era pobre, muy pobre, y durante años el maltrato físico signó su relación matrimonial al punto de que un día su esposo la molió a golpes y tuvieron que extirparle un riñón porque se lo reventó a patadas. Patricia murió el 31 de octubre en la terapia intensiva del Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe. Pero no la mató la violencia de género.

Hacía 12 años que se había separado del padre de su prole, después de aquella brutal golpiza. A Patricia, al parecer, la mató el sistema de salud de la provincia de Santa Fe: sin obra social, peregrinó con fuertes dolores abdominales –y un diagnóstico de cálculos en la vesícula de 2013– por distintos hospitales, salas de guardia y centros de salud de la capital provincial a lo largo del año pasado pidiendo que la operaran. Pero nunca logró que le dieran un turno. Los quirófanos no funcionaban o estaban desbordados y, sin evaluar la gravedad del cuadro, el médico que la atendía (siempre uno distinto) le daba un calmante y la mandaba de vuelta a su casa –donde volvía muchas veces caminando, sin dinero para colectivo o remis–, hasta que regresaba otra vez, por los dolores agudos que la volvían a doblar, y otra vez le daban calmantes, o la derivaban a otro centro de salud. En noviembre, en el Iturraspe estaban dando turnos para mediados de 2016 para una cirugía como la que Patricia necesitaba. Pero el cuerpo dolorido no aguantó tanto y su organismo empezó a fallar, se descompuso, entró en coma, estuvo tres días en terapia intensiva y finalmente falleció, con sus cálculos en la vesícula. “Hubo negligencia, mala praxis en el hospital”, dice, convencida, la mamá de Patricia, Estela Lencina, quien no logra encontrar consuelo por la pérdida de su hija.

La Justicia de Santa Fe investiga las causas de su muerte, a partir de una denuncia que presentó el representante de la Comunidad en el Consejo Directivo del Iturraspe, Mariano Figueroa, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. La de Patricia es una historia que pone en primer plano la deshumanización a la que puede llegar la atención médica. La tragedia para su familia no terminó ahí: el mayor de los hijos varones de Patricia, de 18 años, se ahorcó en su casa a poco de enterarse de la noticia de la muerte de su mamá. “Se mató porque no soportó: sepultó a su mamá y se ahorcó el 2 de noviembre. Creo que nunca nos vamos a reponer frente a tanto dolor”, dice Estela, con un nudo en la garganta y lágrimas que le nublan la vista. Está con tratamiento psicológico, cuenta.

El Iturraspe es trágicamente recordado en el movimiento de mujeres porque allí murió Ana María Acevedo, una joven muy pobre –como Patricia– luego de que médicos y directivos del hospital le negaran el acceso a un aborto no punible (ver aparte).

Las nadies

“Nunca pensé que iba a enterrar a mi hija a los 40 años. Se murió porque no tenía obra social”, dice su mamá, en su casa del barrio Scarafia en la ciudad de Santa Fe. “Hubiéramos vendido nuestra casa para que pudiera atenderse. Pero no medí las consecuencias. No pensábamos que se iba a agravar el cuadro. Ella se levantaba dolorida, pobrecita, se la aguantaba... hasta el fin de semana anterior a su muerte siguió trabajando, vendiendo comida que ella hacía, por sus hijos. Es evidente que se estaba deteriorando por dentro y ninguno de los médicos que la vio en todos estos meses se dio cuenta. Hay que tener obra social para recibir buena atención, incluso en el hospital. Yo escuché que se hacían cirugías estéticas cuando no le dan lugar al pobre que va en colectivo. Es evidente que en esa espera queda mucha gente en el camino, como Patricia”, dice Estela, con el corazón más apenado esta última semana, por la cercanía del cumpleaños de la hija que ya no tiene para abrazar: el miércoles 28 de enero Patricia hubiera cumplido 41. Ahora le quedan siete hijos.

Estela también lamenta no haber podido incorporar a Patricia a su obra social, la de los empleados públicos, que ella sí tenía porque su esposo y padre de Patricia, Juan Carlos Bravo, trabaja en la Municipalidad de Santa Fe. Pero Patricia no tenía empleo estable: se ganaba la vida cocinando pan y pastafrolas y vendiendo lo que preparaba por su barrio, y cobraba una pensión por ser madre de más de siete hijos. Patricia vivía en Villa Hipódromo, donde no quieren entrar los remiseros por el alto nivel de violencia e inseguridad que, se dice, impera por sus calles. En su casita humilde viven ahora sus hijos, que van de 21 a 11 años. La segunda, de 20 años, está casada y vive allí también con su esposo y sus tres hijos. “Están todos juntos”, dice su abuela. Pero, agrega, les cuesta mucho seguir en esas mismas paredes que albergaron a una mamá que ya no está y donde su hermano se suicidó. Todo ocurrió en pocos días.

El hospital

El Iturraspe es hospital de referencia en la provincia. Depende de la gobernación. Su sala de cirugía tiene 36 camas y cinco quirófanos. Pero el año pasado funcionaban sólo tres. Además, en 2014 el servicio se interrumpió por completo y se atendían sólo las urgencias: los cirujanos se plantaron con el argumento de que había una gotera en uno de los quirófanos y, en otro, una descarga eléctrica en una de las paredes, que ponían en riesgo a los médicos y la atención adecuada. Esa situación acumuló una demanda de cirugías, que provocó que a fin de año se estuvieran dando turnos para operaciones programadas de vesícula, cálculos y hernia recién para mediados de 2016, tal como reflejaron los diarios locales. También se reconocieron dificultades en el Hospital Cullen, también provincial, que está ubicado en la misma ciudad y adonde fue derivada Patricia, en su derrotero en busca de atención frente a sus fuertes dolores, pero sin suerte.

A ella le diagnosticaron litiasis vesicular en 2013, según recuerda su mamá. Y le indicaron que debía operarse, dice Estela. Tiene guardados todos los diagnósticos, y los estudios que le hacían hacer una y otra vez a su hija, cada vez que llegaba a una guardia, dolorida. “No todos –aclara–, porque los hospitales se quedan con algunos estudios.”

La repercusión en los medios que tuvo la muerte de Patricia y la denuncia penal que hizo el representante de la Comunidad del Iturraspe empujó al gobierno provincial a realizar anuncios de inversiones para poner a punto los cinco quirófanos. El presupuesto mensual del hospital es de 2.132.000 pesos. A principios de diciembre el ministro de Salud provincial, Mario Drisun, informó que se adjudicó una partida superior a los 2,5 millones de pesos para comprar insumos y equipamiento para los quirófanos. En ese hospital de referencia de la provincia había a fin de año unos 200 pacientes que aguardaban una intervención programada (y si se sumaba al Cullen y al Protomédico –al que también peregrinó Patricia–, la lista alcanzaba los 350 pacientes, aproximadamente, según publicó en ese momento el diario El Litoral, de Santa Fe, reflejando la crisis hospitalaria de la provincia).

El calvario

En la denuncia que presentó Mariano Figueroa ante la fiscalía a cargo de Graciela Parma, para que se investiguen las causas de la muerte de Patricia y la responsabilidad médica y hospitalaria en su fallecimiento, figura el detalle de las idas y vueltas de la mujer por los centros de salud pública: el primer ingreso a la guardia del Iturraspe fue el 1º de febrero de 2014 a las 18.49. Así figura en los registros del hospital. Regresó el 23 de junio a las 14.47. El 24 va al Servicio de Cirugía a las 14.15. Luego tiene registrados tres ingresos más a la guardia y uno a Cirugía general. No sólo recurre al Iturraspe. También al Hospital Cullen. El 5 de agosto el médico Alejandro Variza, del Cullen, relata en los resultados de los análisis solicitados: “La vesícula presenta al menos dos litiasis calcificadas”, esto es lo que comúnmente se conoce como cálculos.

El 14 de octubre fue el cumpleaños del papá de Patricia, pero tuvieron que llevarla de urgencia al Hospital Sayago, también provincial, ubicado en el norte de la ciudad, a las 19, y recién volvieron a las 21. Dice la mamá que estaban contentos porque le dijeron que la iban a internar. Esperaron dos días más para volver a llevarla. El 17 de octubre volvieron a la guardia del Sayago. De acuerdo con el relato de la madre, el médico de guardia le dijo que la tenían que internar de manera urgente. Dice la mamá que llegó a decirle: “Esta mujer se va a morir”. Les indicó además una serie de análisis para internarla. Pero según el relato de Estela, una vez que les dieron los resultados de los estudios, la atendió otra médica, que había tomado la guardia en ese momento, y le dijo que “eso no lo podía haber dicho el médico porque no atendían problemas en la vesícula”. “La ecografía que le hicieron ahí –dice la mamá– y que tuvo en sus manos ese mismo día decía: ‘Vesícula con litiasis de 32 cm’ y está firmada por el médico Bruno Palazzi.”

En el mes de octubre, Figueroa encontró registrados cinco ingresos de Patricia al Iturraspe, en las que le habrían administrado un calmante y enviado de vuelta a su casa. El 13 de octubre fue atendida a las 21. con una espera de una hora y 9 minutos. La médica cirujana Selva Salvatierra de puño y letra dejó asentado: “motivo de consulta dolor abdominal y fiebre. Diagnóstico presuntivo cólico biliar”. Se le piden estudios de laboratorio. El 27 de octubre esperó casi dos horas para ser atendida en la guardia. Otro cirujano, esta vez el médico Octavio Peñalva, anotó como observación: “Gastroenteritis, refiere dolor abdominal, vómitos”. Al día siguiente, el 28, volvió al Iturraspe y el médico Federico Delponte escribió: “Colecistitis aguda turno para este viernes”, un cuadro que refiere a una hinchazón e irritación repentina de la vesícula biliar que causa dolor abdominal intenso. Patricia volvió al otro día, el 29 de octubre: ingresó a Hematología para interconsulta.

“Cada vez que la acompañaba a una guardia, le hacían estudios, placas, todo. Ella les decía a los médicos qué le dolía y le decían que no había cama, que no había lugar para internarla. Nos daba desesperación. Yo les pedía que la internaran en cualquier lugar. Hasta que le pedimos una ayuda a Mariano Figueroa porque es el representante de la comunidad en el Consejo Directivo del Iturraspe”, destaca Estela.

Ultimos días

La mamá de Patricia recurrió a Figueroa el martes 29 de octubre, y le advirtió que su hija estaba muy dolorida, que el hospital le venía postergando su cirugía de vesícula hacía tiempo y que la veía muy mal. El representante de la Comunidad la derivó con el jefe de Clínica del Servicio de Cirugía, con la idea de que sería el final del calvario de Patricia y que por fin la operarían, sin más dilaciones. Pero dos días después, cuando Figueroa llamó a Estela, supo que Patricia seguía peregrinando por salas de guardia y centros de salud. La mamá de Patricia le contó que el jefe de Clínica del Iturraspe la había derivado al Hospital Protomédico, otro de los hospitales del área metropolitana que está a una hora de colectivo. El médico que la revisó ahí, el jefe de Cirugía entendió que era una paciente de riesgo por la falta de un riñón –se lo habían extirpado 12 años atrás, después de una golpiza de su marido– y la mandó de vuelta al Iturraspe con una nota en la que expresó que el Protomédico no estaba en condiciones de intervenirla quirúrgicamente.

Pero Patricia no aguantó. Finalmente, en el Iturraspe la tuvieron que internar de urgencia en terapia intensiva. Estuvo tres días en coma, recuerda su mamá, y falleció el viernes 31 de octubre. En un primer momento, la médica de guardia informó que había fallecido por la complicación de la litiasis: “Cuando se complica en una pancreatitis, le da una falla multiorgánica y se muere”, les explicó.

Al conocer el desenlace fatal, y el suicidio del hijo de Patricia, el representante de la Comunidad no dudó en presentar la denuncia penal, a pesar de la resistencia que encontró en el hospital cuando anunció su decisión. No era la primera vez que conocía un caso similar del fallecimiento de un paciente esperando una operación: recordaba que el 8 de agosto de 2013 había realizado una reunión del Consejo de la Comunidad en la que un cacique de la comunidad toba denunció que su padre había padecido cinco postergaciones de su cirugía y que, cansado, se había ido a su Chaco natal, lugar en el que había fallecido.

Tras la denuncia penal y la difusión en los medios locales del caso, el hospital empezó a repetir que la mujer había muerto de un ACV y que nada tenía que ver su litiasis vesicular. Esa fue la postura oficial.

“Hubo negligencia de parte del hospital. Ese martes 28 de octubre –recuerda la mamá de Patricia– viene a casa, se descompone, la llevamos en ambulancia a la guardia. Vomitaba hasta materia fecal.” Nunca más pudo hablar con su hija.

–¿Qué reclama? –le preguntó este diario.

–Me conformaría con un cambio total de los médicos, que no falten camas, que funcionen todos los quirófanos. A mi hija no me la pueden devolver. Pero que no quede más gente en el camino, esperando un turno para una cirugía.

Consultado por este diario, el vicedirector del Iturraspe, Adrián Berdini, contó que directivos del hospital se reunieron con familiares de Patricia. “Hubo un problema de todo el sistema de salud”, reconoció sobre la muerte de Patricia. Según Berdini, “no fue bien diagnosticada, no se la pudo diagnosticar a tiempo, no del problema de la vesícula, sino de otros problemas que tenía”.