Por Mauricio Cantando

Las bancas de Córdoba referenciadas en el gobernador Juan Schiaretti y su sucesor Martín Llaryora serán claves para el cuórum del próximo gobierno en el Congreso y, si bien se muestran dispuestos a entablar acuerdos, exigirán, como mínimo, reactivar sus proyectos pendientes para reducir las retenciones a las exportaciones, federalizar los subsidios al transporte y actualizar los fondos previsionales que reciben 13 provincias en compensación por no haber nacionalizado el sistema.

Se trata de iniciativas que Schiaretti viene impulsando a través de sus espadas legislativas y este domingo Llaryora exigió en un eufórico discurso para festejar el triunfo de su sucesor en la intendencia, Daniel Passerini, en el que definió a los dirigentes de Juntos por el Cambio como "pituquitos de Recoleta" que quieren enseñar a gobernar mientras reciben subsidios y "no producen nada".

También reclamó la devolución de la mitad de la recaudación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias a las provincias que generan esa producción, un proyecto que este año fue presentado por el diputado del Frente de Todos Roberto Mirabella, cercano al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Llaryora no hizo más que reiterar, con efusividad sin ahorrar adjetivos, el diagnóstico que los cordobeses siempre expresan en el Congreso sobre la falta de equidad en el reparto de los recursos que se generan en el país. Sólo cuando sus votos son decisivos para aprobar el presupuesto logran alguna corrección, pero la fragmentación de los frentes electorales mayoritarios podría sumar a este reclamo a legisladores que hasta ahora se callan sólo por disciplina partidaria.

Como explicó Letra P, Llaryora tendrá al menos dos diputados desde diciembre que le responderán sin intermediarios, mientras que el resto de los representantes cordobeses (tres bancas en Diputados y una en el Senado) al menos en un inicio mantendrían su vínculo con Schiaretti, quien demostró una mayor empatía con Juntos por el Cambio que su sucesor, para quien no hay diferencias entre los principales frentes electorales del país.

Las leyes de Córdoba

La concentración de los subsidios a los servicios públicos en el área metropolitana es un reclamo recurrente de los legisladores del resto del país, que en los últimos años los gobiernos debieron atender al menos parcialmente para poder aprobar sus presupuestos. Las rebeliones fueron transversales a los partidos políticos y Córdoba siempre fue protagonista.

En estos días el senador Egdardo Kueider, oficialista hasta febrero, reclama una ley para mejorar los precios que la mayorista energética Cammesa le cobra a las distribuidoras, sobre todo cuando se trate de provincias con producción propia.

Es un tema que nunca tuvo mucho rebote en el Congreso porque las empresas, públicas o privadas, resuelven sus problemas de caja endeudándose con Cammesa. La práctica fue motivo de una queja de Sergio Massa, que como titular de Diputados hasta sumó un artículo al último presupuesto que permite sancionar a los deudores.

Este año tal vez sea necesario que el ministro de Economía acompañe la amenaza con una promesa de redistribución de los subsidios a las distribuidoras energéticas, que se concentran en las dos del AMBA: Edenor y Edesur. Los gobernadores de todas las fuerzas piden hace años que sean transferidas a los gobiernos de Buenos Aires y la Ciudad. El próximo presidente no tendrá otra opción que considerar la propuesta.

Kueider tiene de compañera a Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, quien lidera un reclamo para federalizar los subsidios al transporte, un debate que se repite cada vez que ingresa el presupuesto nacional. En 2018 los intendentes de las capitales de provincias, la mayoría de JxC, exigieron un resarcimiento para los colectivos locales y obligaron a Mauricio Macri a crear un fondo compensador.

Esa partida fue creciendo año a año sin otro criterio que la negociación entre las partes. Vigo y el senador radical Alfredo Cornejo presentaron un proyecto para crear un boleto federal y asegurar equidad en el reparto de subsidios, pero no hubo consenso con la secretaría de Transporte, que exigió un control de la demanda a través de la tarjeta SUBE, para de ese modo evitar transferencias a servicios que no existen.

El presupuesto de este año subió el aporte del fondo compensador a 85 mil millones de pesos, pero antes hubo una discusión, tensa, cuando los empresarios que operan en las provincias paralizaron el servicio por falta de dinero. "Estamos convencidos que el transporte público es un derecho nacional y federal, como la educación y la salud", fue la definición que llevó a uno de los debates Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Es la línea que intentará imponer Llaryora.

Retenciones y jubilados

Schiaretti logró sumar el voto del campo para ser reelecto en 2019 y devolvió la gentileza en el Congreso: el jefe de sus diputados, Carlos Gutiérrez, presentó el año pasado un proyecto para eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que nunca se trató en comisiones pero en 2024 podría debatirse.

Su iniciativa propone bajar las retenciones tres puntos anuales y cuatro en el caso de la soja (que alcanzan el 30%). Sólo se mantendrían hasta un 3% las de hidrocarburos, minerales básicos, metales preciosos, semillas oleaginosas y cereales, aunque con la posibilidad de otorgarle un efecto neutro a través de un cupo de crédito para cancelar impuesto a las ganancias, que recibirían en caso de aumentar su producción.

La iniciativa difiere de la baja más gradual de retenciones que planteó JxC o de la eliminación total planteada por los liberales. Y abre otro debate que planteó Llaryora en los festejos, sobre si las provincias con producción agropecuaria deben recibir alguna compensación similar a las regalías que tienen las productoras de hidrocarburos, a partir de la reforma constitucional de 1994. El gobernador electo anticipó que dará esa pelea y podría sumar aliados de todas las fuerzas políticas.

Otra disputa de los legisladores cordobeses tiene que ver con los subsidios que reciben para subsanar su déficit previsional. En realidad, no lo llaman así, porque más allá del rojo que tiene su caja jubilatoria entienden que la Nación está en deuda con las 13 provincias que no la transfirieron a la Anses hace 30 años, aun cuando algunas no tienen pasivos.

Cristina Fernández de Kirchner ignoró este reclamo, pero Macri lo atendió en 2016 para lograr los votos que le permitieron aprobar el blanqueo de capitales. En el mismo proyecto, se garantizó que la Nación cubriría los déficit previsionales de esas 13 provincias, pero sólo hasta garantizar haberes equivalentes a los de Anses.

Los cálculos actuariales para definir esos montos siempre generan una tensa negociación que antecede a cada debate del presupuesto. Tal vez surja algún proyecto de ley para especificarlos mejor. Es lo que quieren los cordobeses.