Por: Daniel Quilodrán.

Solo el 64,7 % de la población en Argentina tiene acceso a la disposición final de sus residuos, según cifras publicadas por Presidencia de la Nación. Por otra parte, un 9,9 % de la basura termina en vertederos controlados, mientras que el restante 24,6 % es colocado en lugares a cielo abierto.

A pesar de los esfuerzos para mejorar los procesos de gestión de residuos en el país, la cantidad de material tratado inadecuadamente continúa siendo elevada. De hecho, se calcula que actualmente existen unos 5.000 basurales a cielo abierto, lo que representa un promedio de dos por municipio.

“Las políticas públicas para abordar esta problemática tienen varias aristas. Hasta la fecha se venía trabajando en función de financiamientos que había recibido la Argentina por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el saneamiento de distintos basurales a lo largo del país. Ahora, con el cambio de gestión a nivel nacional, lo ambiental está lejos de ser una materia prioritaria”, denunció ante Diario RÍO NEGRO, Giselle Munno, responsable de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en referencia a la situación general del país.

Se debería abordar el problema de la basura incluyendo la etapa de producción. Crédito: Unsplash

La gestión de residuos urbanos se encuentra regulada por la ley de Presupuestos Mínimos N° 25.916, del año 2004, que establece los principios básicos para un manejo adecuado de los desechos domiciliarios. Esta normativa fue acompañada en 2005 con la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU). Se trata de una política pública basada en el criterio de integralidad (reducción en origen, separación domiciliaria, recolección y transporte, transferencia y regionalización). La estrategia fue reforzada en 2014,cuando la Argentina accedió a un contrato de préstamo por fondos internacionales para la puesta en marcha de centros de gestión en todo el país.

Sin embargo, la exigencia de las asociaciones ambientales es acentuada y solicitan un profundo compromiso en la materia. “Está bien abordar la crisis ambiental desde la óptica de la gestión, pero lo cierto es que el panorama actual nos demanda abordarla desde el punto de vista de la producción, inclusive”, consideró Munno.

Y agregó: “Las políticas públicas que necesitamos tienen que dirigirse tanto al saneamiento de basurales como a la generación de un plan de gestión integral. Pero, también deben apuntar a reducir la producción de determinados contaminantes, y a adaptar la economía para lograr medidas de mitigación directa sobre el cambio climático”.