Sin embargo, anoche había una fuerte resistencia, sobre todo en el oficialismo y en bloques menores, a aceptar las condiciones reclamadas por la expresidenta. Entre las exigencias figuran la prohibición del ingreso de cámaras de TV y fotográficas, el resguardo de "objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas" y que Bonadio "no rompa nada" durante la realización de la requisa.

Las condiciones de la senadora provocaron un animado debate ayer en la reunión de presidentes de bloque, al término de la cual se mandató al secretario y al prosecretario parlamentarios, Juan Tunessi (UCR) y Eric Calcagno (PJ), para que redacten las modificaciones que se le introducirían al dictamen firmado por la Comisión de Asuntos Constitucionales hace más de dos semanas.

La senadora planteó estas exigencias en un escrito que hizo público en su página de internet y en las redes sociales en el que manifestó que no tenía "ningún inconveniente" en aceptar el allanamiento de sus domicilios de Recoleta, Río Gallegos y El Calafate.

A esa altura del día ya era un hecho que al menos 38 senadores estaban dispuestos a aceptar el pedido del magistrado sin condicionamientos de ningún tipo.

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"Le he pedido al presidente de mi bloque ( Marcelo Fuentes ) que en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el día de la fecha comunique al resto de los jefes de bloque que a esta altura de las circunstancias no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio", sostuvo la senadora en su nota.

La expresidenta aclara que la autorización "no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas" por el juez, al que acusa de llevar a cabo "una cruzada persecutoria" contra su persona, sino que "tiene por objetivo terminar de una vez por todas con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".

 Cristina Kirchner pidió que autoricen los allanamientos6:06

La "autorización" se completa con una larga lista de condiciones que Cristina Kirchner pretende imponer para la realización de los allanamientos, entre las que figuran que "no haya cámaras de televisión ni fotográficas" con la finalidad de, sostiene, "evitar la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento".

También pidió que estén presentes sus abogados, "un senador o senadora" designado por ella "al efecto de garantizar lo que disponga y ordene" el Senado, y que "se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas".

"Y finalmente, que Bonadio no rompa nada y disponga que se diluciden los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y/o cielos rasos de durlock", concluye el texto.

Estas exigencias fueron defendidas ayer en la reunión de Labor Parlamentaria por los kirchneristas Fuentes, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Nancy González (Chubut), quienes reclamaron de modo enfático que se modificara el dictamen de comisión en consonancia con los pedidos de la expresidenta.

"Tratemos de llegar a un consenso, tal vez podamos sugerirle al juez que respete estos pedidos", intentó atemperar los ánimos el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. "Yo le cambiaría el verbo", lo cruzó la kirchnerista mendocina Fernández Sagasti.

Al término de la reunión, la mayoría de los presentes mostró su malestar por los modos y el tenor de la propuesta del FPV. "No podemos imponerle condiciones a un juez", se quejó una senadora en diálogo con LA NACION.

La de hoy será la tercera oportunidad en la que la Cámara alta intentará discutir el pedido de Bonadio, luego de que el miércoles de la semana pasada fracasara un intento por aprobarlo por la ausencia masiva del peronismo y de dos senadores de Cambiemos. Antes, el jueves 2 de agosto, se decidió postergar el debate debido a que el juez había enviado los fundamentos de su solicitud apenas unos minutos antes del inicio de la sesión.