Por Ramiro Melucci

Una frase ilumina como ninguna otra la dinámica que empieza a exhibir la política doméstica. La pronunció el jefe del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, en el epílogo de la audiencia pública por el presupuesto, mientras miraba a los funcionarios de Guillermo Montenegro que participaban de la jornada: “Las decisiones que tomen ustedes en materia de oposición en la provincia de Buenos Aires también nos llevan a nosotros a tomar posiciones en el ámbito local como oposición”.

Sonó a advertencia. Gutiérrez comentó que lo mismo le había dicho al propio Montenegro en una de las reuniones a las que fue convocada la oposición. La traducción no tiene dobles lecturas: todo lo que haga el intendente y su partido, el PRO, en su relación con el gobernador bonaerense tendrá su correlato en las posturas que adopte el Frente de Todos en Mar del Plata.

Gutiérrez soltó la frase para aludir puntualmente al convenio por obras en escuelas con riesgo de inicio de clases que propuso Axel Kicillof y los intendentes del PRO resisten. “Espero que revean este tipo de decisiones”, agregó el edil.

No por casualidad el reclamo por la firma de ese convenio se metió de lleno en la audiencia pública del presupuesto municipal. Dirigentes de la oposición lo llevaron a la jornada con el propósito de darle mayor visibilidad. Pero el municipio teme que un paso en falso vinculado al arreglo de escuelas provinciales termine desfinanciando el sistema educativo municipal. En el gobierno apuntan que la voluntad de firmar está, pero que se necesitan ciertas aclaraciones para evitar ese desfinanciamiento.

Todo sucede mientras el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, busca recuperar fondos de Nación y Provincia para el sistema educativo municipal. “¿Qué pasó con ese dinero?”, preguntó con acento crítico la secretaria general del Suteba, Zulema Casanova, también en la audiencia del presupuesto. La respuesta no fue pronunciada, pero funcionarios y concejales la conocen de memoria: un convenio firmado durante la gestión anterior diezmó el porcentaje de los aportes de otras jurisdicciones.

Lo cierto es que las dilaciones en la rúbrica del convenio encresparon al principal bloque opositor. El primer reflejo de ese enojo fue la asistencia perfecta de los gremios educativos provinciales a la audiencia que encabezaron el secretario de Hacienda, Germán Blanco, y el de Gobierno, Santiago Bonifatti. Sin sorpresas, los representantes gremiales coincidieron en el diagnóstico y en el reclamo con los consejeros escolares del Frente de Todos.

La demora en la votación del aumento de tasas, que iba a ser el viernes y será el lunes, no debería computarse en la misma estrategia. Si bien el bloque opositor fue el principal promotor de la postergación, no es menos cierto que tenía sus razones técnicas: los concejales ni siquiera habían podido ver las simulaciones que había enviado Blanco. 

La única que hizo una lectura rápida del material y lo adelantó públicamente fue la presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori (Frente de Todos). Dijo que 398.870 cuentas (la gran mayoría) tendrán un incremento de la TSU de 55%. “Y las que no llegan a ese porcentaje es porque aumentan 54,6%”, especificó. Nadie la rebatió. Lo que reafirma que, en el debate legislativo fino, que excede lo discursivo, el 49,5% anunciado por el gobierno sigue perdiendo vigor.

La segunda semana del desfile de funcionarios por la comisión para explicar los presupuestos de sus áreas mantuvo la tesitura de la primera. Con algunas características que valdrían la pena apuntar. La oposición insistió con el análisis de los números y volvió a exhibir la intención de descascarar los anuncios. Los funcionarios priorizaron contar el rumbo que tomarán sus áreas por encima de los detalles. Ese choque de estrategias generó los principales cruces.

El oficialismo ensayó tiros por elevación. Mientras el Frente de Todos machacaba sobre la falta de fondos para la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, consultó sobre la suspensión de la reglamentación de la ley que otorga beneficios impositivos a las empresas del conocimiento decidida por el gobierno nacional. Ante las preguntas sobre el presupuesto del Emvial a Mariano Bowden, preguntó si ya había algún convenio en la mira con Provincia o Nación para obras de pavimentación. Cae de maduro que aún no lo hay. De lo contrario hubiera sido anunciado. Pero no eran consultas destinadas a obtener respuestas reveladoras, sino a mostrar otras aristas del debate.

El gobierno hizo sus aportes. En el mismo momento en que Bowden era cuestionado por su falta de precisiones, difundió obras de reconstrucción de pavimentos. Un día después de la exposición en el recinto del secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, cuando todavía la oposición invalidaba el incremento del 500% anunciado para el área (considera que el número se construyó con la suma de dependencias y personal), el gobierno anunció la creación de la Patrulla Comunitaria para colaborar en la prevención del delito.

En esa materia cerca de Montenegro valoraron otro gesto: la foto que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se sacó con intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, en la que se lo veía sonriente al lado del jefe comunal marplatense.

Debe anotarse otro rasgo sobre las intervenciones de los funcionarios. Emergió la herencia sin disimulo. La secretaria de Desarrollo Social, Verónica Hourquebié, denunció “discrecionalidad” en la entrega de tarjetas alimentarias durante los últimos meses de la gestión de Arroyo. Fue la que más polvareda levantó, pero no la única que miró para atrás para explicar el presente.

El secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, mencionó el abandono de las delegaciones municipales. El de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, reprobó el rol del gobierno anterior en la búsqueda de inversiones, la desactivación del polo tecnológico y la desarticulación de la Oficina de Empleo. El titular del Emsur, Sebastián D’Andrea, habló de un ente “paralizado y entumecido”. El propio coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich, pulverizó en declaraciones periodísticas las acciones de Arroyo en materia de Seguridad: “Fueron la nada”.

El arroyismo, que perdura en el Concejo con Mauricio Loria, transmitió el malestar. Recordó además que no solo ese edil decidirá sobre las tasas, sino también los cinco mayores contribuyentes que le quedan a la Agrupación Atlántica (todavía remiten a la conformación anterior del cuerpo legislativo). El gobierno lo sabe, pero aun así no emite signos de alteración. Ni siquiera se preocupó por la demora de unos días para la votación en comisión de las ordenanzas fiscal e impositiva. No altera el calendario de emisión de tasas.

Para el Ejecutivo es un alivio que Mercedes Morro se haya alejado del Frente Renovador. Ya no tendrá la necesidad de coincidir con el massista Ariel Ciano, aliado del Frente de Todos. Ese matrimonio legislativo se pareció a las parejas distanciadas que no se atreven a tomar la decisión final. Le sobró un semestre. Había empezado a licuar su coherencia cuando Morro se involucró en la campaña de Consenso Federal y Ciano respaldó a Raverta. Cuando sus respectivos jefes, Luis Barrionuevo y Sergio Massa, tomaron caminos distintos en el escenario nacional.