Fue así que, después de varios meses, el debate álgido y crítico no estuvo centrado en la gestión del ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer.

Fueron los diputados opositores Miguel Vázquez Sastre y Luis Andraca (FCS) los que iniciaron el pleito con el kirchnerismo al expresar su preocupación por la postura que había asumido el gobierno del Frente para la Victoria respecto al rol del Consejo de la Magistratura, entendiendo que se “ataca y vulnera” las instituciones en vez de fortalecerlas. También recordaron las funciones del Consejo de la Magistratura y su labor durante los concursos de jueces y fiscales.

Fue ahí que Marcelo Rivera (FV) recordó la forma en que Raúl Cippitelli pasó a integrar la Corte de Justicia luego de haber sido ministro de Gobierno y Justicia de Eduardo Brizuela del Moral. Y cuando Arnoldo Castillo, a poco de asumir, puso en disponibilidad a todos los jueces.

Roberto Perrota (FV) desacreditó la opinión vertida por Vázquez Sastre y Andraca al sostener que son personas que “no conocen Tribunales” (por la falta de ejercicio de la profesión de abogado) y disparó contra las “covachas” creadas por el FCS para contener a dirigentes del radicalismo: el ENRE y el Consejo de la Magistratura.

El radical Pablo Millán dijo que no debe mezclarse en el análisis la ascendencia o descendencia política de magistrados, y que de esta forma funciona el Consejo de la Magistratura de la Nación, argumentando que el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, fue consejero de Cristina Fernández de Kirchner, pero que sin embargo su labor profesional no está en discusión.

Pero Marita Colombo (FCS) fue más allá del Consejo de la Magistratura y aprovechó la disputa para referirse al distanciamiento entre el Gobierno provincial y la Policía por la ley de Seguridad Pública. Cuestionó al ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, por haber dejado traslucir que planean eliminar a la Policía Judicial y por no atender las demandas de la sociedad. “El manual del buen gobierno diría: hay que restaurar el principio de autoridad de las instituciones para evitar las confusiones del ciudadano. La Gobernadora (Lucía Corpacci) no podrá abstraerse de las responsabilidades de algunas áreas de su Gobierno. Debe haber una cuota de racionalidad”, disparó Colombo.

A su turno, Hugo Argerich y Cecilia Guerrero (FV) apuntaron contra el actual desempeño de la Justicia local; el pasado procesista de algunos jueces; persecución de magistrados durante la gestión del FCS; manejos totalitarios; la forma en que llegaron a la Corte José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva; y los escasos antecedentes del procurador de la Corte, Enrique Lilljedhal. "Se pusieron el traje de demócratas sin ponerse colorados", acotaron.

El bloque del FCS, fuera de foco

Cuando José Sosa (FCS) se aprestaba a responder la embestida del oficialismo contra los jueces nombrados por el gobierno del Frente Cívico y rechazar las críticas dirigidas a la gestión de Arnoldo Castillo, de manera inconsulta el diputado Ricardo del Pino planteó una moción de orden para cerrar el debate. Y el kirchnerismo, que no salía se su asombró, votó afirmativamente la propuesta.

Es que frente a la moción del celeste-castillista Del Pino, el FCS se quedó sin la posibilidad de retrucar todas las acusaciones vertidas por el FV.

Sosa, que debía seguir luego en el uso de la palabra, se quedó perplejo con diversos escritos que iban a formar parte de la defensa del FCS. Tampoco el presidente del bloque, Julio Salerno, podía salir de su asombro.

Llamativamente, los diputados celestes, además de no defender la gestión de Castillo padre, tampoco salvaron las directivas gubernamentales emanadas por Oscar Castillo (1999-2003). Las internas del bloque del FCS son cada vez más visibles e inocultables.