El anuncio del Plan Belgrano de que se le cederá una porción del predio del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga a la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para un campus derivó en un cruce de presentaciones en la Justicia Federal.

Sucede que en una parte del predio funcionó un centro clandestino de detención y exterminio durante el terrorismo de Estado y fueron halladas allí fosas comunes con restos de detenidos-desaparecidos. No es la primera vez que los enormes terrenos protagonizan una controversia. Una parte fue entregada -para la construcción de un barrio- y quitada luego (tras el cambio de Gobierno en la Nación) a la Fundación “María de los Ángeles”, que encabeza Susana Trimarco. Antes, en 2014, se había tratado-y descartado- la posibilidad de construir casas del programa de créditos Procrear.

Preocupación y respuesta

Tras el anuncio, la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia envió una nota al juez federal N°1, Daniel Bejas. Solicitó que intervenga para conocer el alcance de la donación. “Existe una medida cautelar que está protegiendo pruebas para la determinación de la verdad en juicios de lesa humanidad. Es importante que el juzgado tome intervención, resguardando estas pruebas”, manifestó la responsable del área, Érica Brunotto. Explicó que van a seguir trabajando para que “se preserve este terreno en su totalidad ya que existen testimonios que indican que podría haber más enterramientos clandestinos”. La agrupación Hijos también se había manifestado, mediante Twitter. “Así como un día se lo dijimos a (José) Alperovich, hoy se lo decimos a José Cano: ¡con la memoria no! Los terrenos del centro clandestino no se tocan”, consignó.

La UTN efectuó una presentación espontánea. Con la firma del vicedecano Juan Esteban Campos, aclaró que la idea-proyecto que presentaron alcanzaría sólo ocho hectáreas sin establecer el sitio concreto y que fue pensado como un ámbito para la memoria, la educación, el deporte y la cultura. Manifestó su compromiso con los derechos humanos y que siempre tuvieron previsto esperar a que la Justicia y el Ministerio de Defensa resolviera luego de estudios pertinentes. Paulo Falcón, secretario académico cuando se elaboró el proyecto, recordó que fue presentado en marzo de 2016 para que se inscribiera dentro de las acciones por el Bicentenario y que desde el principio tuvo como eje el respeto de los derechos humanos. Recordó que la institución sufrió la represión en su comunidad (la ex decana María Isabel Jiménez y 17 estudiantes permanecen desaparecidos).

Cano, por su parte, subrayó que los trabajos no se proyectarán cerca de las fosas. “Hablamos con el ministerio de Defensa y con la Administradora de Bienes del Estado y la decisión es ceder una porción porque no hay ninguna inhibición que alcance todo el predio, que es inmenso. Me parecería lamentable que existan cuestiones de la mala política que se inmiscuyan para algo que será un beneficio. La Justicia determinará si es posible o no”, concluyó.