El Estado único de La Plata -bautizado ahora Diego Armando Maradona- se convirtió en escenario de un acto del Frente de Todos. El evento reunió a las principales figuras de ese espacio, intentando mostrar una imagen de unidad que es, por lo menos, discutible: el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo encabezaron, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Sergio Massa.

En el registro general del acto hay que señalar un nuevo ataque contra la casta judicial y la Corte Suprema de Justicia. Ataque en el que coincidieron el presidente y Cristina Kirchner, que volvió a denunciar el “lawfare”. Como ya se señaló, se trata de un discurso orientado a buscar responsable de la crisis económica y social por fuera del Gobierno.

Sin embargo, el acto también evidenció un aval explícito a lo actuado en 2020, con una reivindicación general de la gestión oficial. Esto implica avalar las políticas de ajuste llevadas a cabo y las que se perfilan, como la modificación de la movilidad jubilatoria. En el aval a ese ajuste estuvieron las palabras de Cristina Kirchner que llamó a “alinear precios, salarios y tarifas”, justo cuando el Gobierno nacional se prepara para nuevos tarifazos en múltiples servicios.

Por último, el intento de mostrar unidad no logró disimular tensiones internas. Lo escenificó abiertamente la vicepresidenta cuando pidió a ministros, legisladores y funcionarios “que se busquen otro trabajo” si no estaban dispuestos a apoyar la gestión política nacional.

El acto comenzó pasadas las 19:00. Junto a Kicillof, estuvo la vicegobernadora Verónica Magario. Además, se invitó a los miembros del gabinete nacional, legisladores nacionales y provinciales, y a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires.

La primera en tomar la palabra fue Magario, quien dio un discurso breve de apertura del acto y saludó a las personas presentes. Destacó un supuesto fortalecimiento del sistema de salud bonaerense, para dar respuesta a la pandemia.

Luego tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. Reivindicó la política de contención desplegada por el Gobierno desde el inicio de la pandemia con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), consistente en la entrega de 10 mil pesos cada dos meses a 9 millones de familia.

Tal beneficio, insuficiente de por sí, no está contemplado en el Presupuesto 2021, a pesar de la crisis económica y el desempleo creciente que continúa. Sostuvo que gracias a esa suma entregada pudieron mantenerse abiertos muchos comercios gracias a que la gente tenía algo de plata en el bolsillo. También reivindicó la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) entregadas a las empresas para el pago de los salarios de trabajadores, política que continúa a diferencia del IFE.

Remarcó que hace dos años, en abril de 2018, el macrismo volvió al FMI y responsabilizó al gobierno anterior de la actual crisis económica. Sin embargo, a la par que critica el endeudamiento, nada dice respecto de la voluntad de negociar con los especuladores y de pagar esa deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta, por parte de su mismo Gobierno.

También reivindicó otras medidas que pasaron por el Congreso y el trabajo parlamentario en común con Sergio Massa, por ejemplo, la ley de control del fuego. Destacó la política ambiental del Gobierno en general como una gran jerarquía de la gestión, aunque permite que avance el extractivismo con los proyectos megamineros, el fracking y las granjas porcinas que quiere instalar en distintas partes del país.

A continuación, fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Destacó la puesta en marcha de obra pública en la provincia, en contraposición a lo realizado por la gestión anterior. También, la supuesta inversión en salud en el marco de la pandemia. Al igual que Máximo, también destacó la política del Gobierno hacia las PyME. Señaló que hubo más de 160 mil familias que como “suspendimos los remates y los desalojos, no tuvieron que pasar por el mal trago de entregar su casa porque venció el contrato de alquiler”. Sin embargo, nada dijo del terrible déficit habitacional que dejó al desnudo no solo la toma de Guernica, sino muchas más luchas por vivienda que tuvieron lugar en el territorio bonaerense en el último tiempo.

También dijo que el oficialismo pudo “frenar los despidos”, lo que a la luz no es cierto ya que las empresas continuaron despidiendo a pesar del decreto que lo prohibía. Con respecto al 2021 dijo que el Gobierno va a volver a recuperar el salario, que van a llevar adelante un operativo de vacunación a gran escala para el que hay que remontarse 100 años atrás.

En el momento más cínico del discurso de Massa, sostuvo que “vamos a volver a recuperar el ingreso de nuestros jubilados que en los últimos años perdieron el 20 por ciento del poder de compra”. Ese mismo discurso decía el presidente en campaña electoral y prometía que al asumir iba a recomponer esos 20 puntos perdidos. Sin embargo, desde que asumió esta gestión el ajuste ha recaído sobre los jubilados, por ejemplo, con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Massa destacó la nueva fórmula de movilidad que el Frente de Todos quiere hacer aprobar en el Congreso este lunes 29, con el objetivo de ajustar aún más este sector, entre los más golpeados por la pandemia.

En el acto, bajo el lema "Desafíos para la reconstrucción bonaerense", el gobernador realizó cuatro anuncios. “Estamos mostrando la unidad del campo popular del Frente de Todos”, comenzó señalando el gobernador Axel Kicillof, a su turno. De esta manera remarcaba uno de los principales gestos de este acto: lograr cerrar el año con la foto de la unidad dentro de la coalición oficialista.

Primero, se refirió a la política de cobertura social del Frente de Todos. “El objetivo del gobierno de la provincia de Buenos Aires es que todas las familias terminen este año con comida en su mesa”, señaló. Destacó el crecimiento de los programas de asistencia alimentaria en los comedores escolares durante la pandemia que según dijo, alcanzaron a 1.722.000 chicos y chicas. Con respecto a los meses del verano, dijo que “los comedores escolares históricamente bajan su atención”. “Decidimos sostener la atención en enero y febrero”, dijo y sostuvo que en diciembre se duplicará la la ayuda a estos establecimientos.

También destacó la decisión del gobierno nacional de la ampliación de quienes reciben la AUH, habiendo en la provincia 300 mil beneficiarios que se sumarán. También anunció un millón de cajas de fin de año para sectores más vulnerables, porque “nos preocupa la mesa de los y las bonaerenses”. Esto resulta insuficiente ante un desempleo que en la pandemia trepó al 11,7 % y ante la quita del IFE que dejará de pagarse para cumplir los mandatos del FMI que quiere disponer todo para el pago de la deuda.

En segundo lugar hizo anuncios en materia de infraestructura escolar. “Antes de asumir ocurrió lo que todos sabemos con Sandra y Rubén”, dijo en alusión a la explosión de la escuela de la localidad de Moreno donde ambos trabajadores de la educación perdieron la vida. “Eso tiene que ver con la infraestructura escolar de la PBA. Un abandono de 4 años”, sentenció el gobernador omitiendo que, salvo los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires fue gobernada históricamente por el peronismo. “Antes de la pandemia nos pusimos arreglar las escuelas.

Las obras de mantenimiento en la escuela muchas veces no se hacen porque es difícil de mostrar. Mientras la pandemia avanzaba, junto a los consejos escolares, junto a los intendentes e intendentas arreglamos 1830 escuelas”, aseguró. “Vamos a extender ese programa que fue de 3000 millones de pesos y vamos a invertir junto con la nación también 11 mil millones de pesos para empezar las clases con los edificios escolares en condiciones y seguir trabajando también en más escuelas y jardines”.

El tercer anuncio tuvo que ver la Unidad de Tierra y Vivienda, “que es una unidad que se propone hacer un trabajo que venía pendiente desde hace muchos años en la provincia que es regularizar, poner en norma, todas las urbanizaciones que existen y además planificar el hábitat y la vivienda para delante”. Destacó el anuncio de la construcción de 10 mil viviendas y la entrega de 20 mil lotes con servicios.

“Otra de las medidas que tomamos tiene que ver con la regularización de los barrios privados, de las urbanizaciones cerradas en la provincia que muchas de ellas estaban en situaciones irregulares. Esto en un momento me lo interpretaron como un ataque, pero ¿saben qué? nos reunimos con todos los representantes, los desarrolladores, felices de la vida, porque hace mucho tiempo que la provincia de Buenos Aires no ponía en marcha un programa de regularización.

Hemos firmado ayer la normativa para llamar a 600 barrios cerrados a que vengan a regularizarse. Pero esa regularización implica también la cesión de tierras. No es algo que se nos ocurrió. Es la ley que existe en la provincia de Buenos Aires, hay una parte de tierra que tienen que ceder. Justo, en Presidente Perón, en conjunto con la intendenta, muy cerquita de Guernica de lo que tanto se habló -así que espero que se hable ahora-, emprendimientos privados nos han cedido 60 hectáreas para 1500 lotes que era un compromiso”.

Mientras el gobernador destaca esto como un logro, omite que la represión desatada sobre miles de familias en Guernica tuvo como fin beneficiar los negocios inmobiliarios de la empresa Bellaco SA, que se apropió de esas tierras gracias a sus negociados con la dictadura genocida y que nunca logró demostrar en los papeles la titularidad de esos lotes. Kicillof asumió con un discurso progresista. Sin embargo, terminó de mostrar su verdadero rostro en la represión a las familias sin techo de Guernica, al mando de su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Antes que afectar o tolerar una situación que cuestionara el sacrosanto derecho a la propiedad privada y a la ganancia capitalista, Kicillof tomó la decisión política de reprimir a su propia base electoral, en lo que se conoce como un bastión peronista, la tercera sección electoral.

Por último, el gobernador anunció que se resolvió llamar al Estadio Único de la Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona. “También vamos a denominar una de las tribunas de este estadio, Alejandro Sabella”, detalló.

Luego de estos anuncios que se esperaban, destinó unos minutos a hablar del año que pasó. A tono con los discursos de sus predecesores, resaltó la herencia macrista como única explicación de la crisis, que se agravó por la llegada de la pandemia. Entre otras cosas resaltó la huelga de hambre que enfrentó al comienzo de su gestión en los penales bonaerenses, porque las personas privadas de su libertad denunciaban la falta de comida y el hacinamiento inhumano en el que se encuentran. Denunció que el macrismo no construyó ni una sola cárcel, ante la superpoblación en las unidades penitenciarias.

Luego reivindicó la resolución que dio el Gobierno a la crisis abierta por el motín de la Policía Bonaerense. Enmarcó el reclamo de los efectivos, a quienes cedió en todas sus exigencias, en la caída de los salarios general del sector público de los últimos 4 años. Dijo que los sueldos de los policías fueron los que más cayeron, como forma de justificar que mientras reprime a las familias que luchan por vivienda y congela las paritarias de los trabajadores, no demoró ni un día en responder a los reclamos de la maldita Bonaerense.

“Al momento del reclamo policial -que se plantó frente a la residencia del gobernador y a Olivos, armas reglamentarias incluidas-, la lucha por tierra en Guernica llevaba 40 días y habían realizado la primera movilización al municipio de Presidente Perón. A los policías Kicillof les cedió todo en cuestión de horas”, sostuvo el columnista Walter Moretti a un año del triunfo electoral de Kicillof en este diario. El ajuste que quieren descargar sobre el pueblo pobre y trabajador no pasa sin represión, como demostró Guernica.

La vicepresidenta fue la penúltima oradora del acto. Cristina Fernández de Kirchner destacó la necesidad de construir "un sistema integrado de salud" para hacer "un uso más eficiente de lo que hay en Argentina" y de lo que se construyó en ese sector durante la pandemia.

En otro pasaje de su discurso aseguró que la economía argentina "va a crecer en 2021", pero advirtió sobre la necesidad de impedir que esos beneficios "queden para tres o cuatro vivos nada más".

Agregó que será necesario "alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo de alimentos, y tarifas" para generar "demanda". Una definición que se hace justo cuando el Gobierno prepara o habilita nuevas subas en todo tipo de servicios, como forma de cumplir las metas fiscales que le exige el FMI.

Dando continuidad al eje central de su última carta, la vicepresidenta aseguró que el lawfare "es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer".

La vicepresidenta no dejó pasar el momento para volver a encender las tensiones internas. "Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, disparó hacia el interior del Frente de Todos.

Por supuesto, resultó imposible desprender esta afirmación de aquella otra, hecha meses atrás en una carta, acerca de los "funcionarios que no funcionan".