En ese marco, el gobernador Carlos Verna sacó provecho del acto de presentación de las obras para enfrentar la emergencia sanitaria de Santa Rosa: en afán de lanzarle dardos por elevación a quien fue gobernador de la provincia y su enemigo político declarado, dio a entender que la desidia en Santa Rosa no es solo consecuencia de las gestiones de Luis Larrañaga, Francisco Torroba o Néstor Alcala, sino también de Oscar Mario Jorge.

Según el gobernador, durante 20 años en la capital pampeana no se hizo nada para paliar una situación que se veía venir.

De acuerdo a esa mirada oficial, comienza ahora para Santa Rosa el pago de una vieja deuda en la que se abordarán las problemáticas que antes resultaban indiferentes.

En principio, resulta algo alentador que los jefes de gobierno de las respectivas jurisdicciones -aunque no podrán evitar las chicanas preelectorales del año que viene y otros ruidos- hayan aparecido en este escenario jugando para el mismo equipo y depositando energías en un mismo sentido.

Eso incluye una especial incidencia del gobernador en los asuntos de la obra pública, puesto que -como lo planeó en campaña- le dio un lugar neurálgico a uno de sus hombres preferidos en la materia, Raúl Crespillo, quien apareció en el acto del viernes con un altísimo perfil que recuerda, desde ya, su participación en paradigmáticas obras de los años ‘90.

Hay sobre la obra pública en general nuevas miradas, consecuencia de la naturalización de los hechos de corrupción que se han extendido en todos los períodos y han atravesado fronteras temporales y políticas.

En estas horas, el municipio lidia con todo lo que la empresa Jubete no hizo -pero cobró como si hubiera hecho- con las cloacas del barrio Butaló, del mismo modo que, por fin, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, hace formal una recomendación que el sentido común aconsejaba desde hace largos años: la necesidad de transparentar y controlar la entrega de viviendas sociales.

En síntesis: el revisionismo respecto de la inacción o lo mal actuado en la capital provincial bien podría no agotarse en una mirada sobre el sistema cloacal y abarcar la generalidad del asunto, abordando no solo lo relacionado con alguna gestión, sino hasta el propio modo de construcción política.

No puede dejar de señalarse, finalmente, que a veces resulta curioso el modo en que Verna puede contar la historia, quedando siempre sin máculas, o como formando parte de un renacimiento político que le permite disimular que él fue gobernador también durante los años en que “no se hizo nada”, o hasta poniéndose a salvo de lo que él mismo caracteriza como un “modelo agotado”.

...y una de arena

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La mirada revisionista de la época se complementa, a veces, con posturas prohibitivas para intentar encontrar soluciones a algunos problemas: así como al municipio pareció no quedarle otra que impedir la comercialización de pirotecnia, el Gobierno Provincial se inclinó directamente por la suspensión de las “Saladitas” en distintos puntos de la provincia, para evitar algunos conflictos y, sobre todo, que se vea afectado el interés del sector comercial formal.

En ese marco, y casi como si se tratara de un movimiento de inercia, dos concejales de Santa Rosa no pudieron evitar sacarle la mano alzada a un proyecto que simplemente declaró de interés municipal la realización de una jornada en la que se informarán y analizarán aspectos vinculados con el uso del cannabis medicinal, sobre todo para afrontar enfermedades como la epilepsia refractaria.

Roberto Torres (Frente Renovador) y Cristina Lezcano (PJ) optaron por abstenerse, a contramano de lo que hizo el resto del cuerpo legislativo comunal, como si “mancharse” con cualquier cosa que suene o huela a “cannabis” fuera realmente un problema vinculado con el narcotráfico o el delito.

Si se toma en cuenta que la jornada es justamente para ilustrar a los sectores y personas que puedan desconocer datos elementales de una extendida problemática, no hay duda de que los concejales que se abstuvieron han preferido fomentar la ignorancia, mostrando directamente desinterés por un tema que tiene que ver con la calidad de vida de una importante porción de la ciudadanía.

Menos mal que esas jornadas se realizarán de todos modos y serán un aporte vital a una discusión necesaria, que también sacude a la Cámara de Diputados de la Nación, donde nadie duda ya de la necesidad de habilitar el uso del cannabis medicinal, aunque sí con miradas distintas sobre la realidad.

El oficialismo de Cambiemos, en lo que pasa a ser más una discusión económica que médica o de derechos, interpreta que no hay que permitir para estos casos el autocultivo -que de todos modos se produce-, sino simplemente facilitar el negocio de la industria farmacéutica internacional, que quedaría habilitada para importar por miles de dólares “un frasquito de algo que podés hacer en el fondo de tu casa”, según la atinada comparación del docente Daniel Oliveto, uno de los organizadores de la jornada del 29 de octubre.

Bloques opositores de distinto signo sostienen la posibilidad de que se habilite al autocultivo, tal como lo reclaman las agrupaciones referenciadas en la ONG “Mamá Cultiva”.

Hay discursos y ofensivas que se niegan a abrirle la puerta al conocimiento y fatigan los debates con una postura que se basa en la ignorancia, en la idea de señalar al cannabis como enemigo, repitiendo, sin necesidad de ponerse a pensar, que cualquier cosa vinculada con la marihuana es necesariamente maligna y delictiva, sin reparar en el modo en que ese aceite les ha cambiado la vida para bien a cientos de personas.

Los pampeanos tuvimos en la semana que se fue otro gran ejemplo de ese Estado esquizofrénico: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó para abrazarse con su aliado Juan Carlos Tierno y repetir otra vez esa fórmula vacía que refiere, falsamente, a la fracasada “guerra contra el narcotráfico”.