Cuando me fui del Gobierno provincial, nosotros dejamos ahorro fiscal y plata contante y sonante, además de muchas obras con fiducia como fue la del tranvía urbano. Lo que pasa es que la deficiente administración de (Celso) Jaque trasladó un problema mayúsculo a Pérez y entonces el Gobernador tiene ahora la obligación de administrar muy bien, de buscar financiamiento y recursos. Pero no como lo está haciendo, porque nos estamos endeudando a un 20% en pesos y las otras provincias consiguieron tasas mucho más bajas. Si es verdad que tiene tan buena relación con la Presidenta, Pérez debería reclamar que lo ayuden, así como ayudan a Scioli. Las provincias están en situación de emergencia y para eso están los ATN que se nutren del 1% de la coparticipación que aportan todos los distritos.

-¿Cree que Mendoza debería ir a la Corte para que le dejen de sacar el 15% de la coparticipación que va a la Anses?

-Esa cesión de una tajada de la coparticipación se dio en un momento especial: cuando se pasó al sistema de las AFJP y había que sostener el sistema de reparto con los jubilados que ya estaban cobrando, dado que los aportes de los activos iban para el sistema de capitalización. Pero ahora está la Anses que presta el 28% de los recursos para otras cosas que no son el sistema jubilatorio porque tiene un gran superávit. Si en Mendoza se decide seguir cediendo el 15% a la Anses, cosa con la que el radicalismo no está de acuerdo, que la Legislatura apruebe una ley, porque no hay. Esto se cayó cuando el Presupuesto 2011 no fue sancionado y no hubo adhesión de las provincias. Que el justicialismo mande esa ley.

-El decreto presidencial 1.277 de este año da a la Nación -concretamente a una comisión liderada por Axel Kicillof- la potestad de regular las inversiones en el área energética y hasta de quitar concesiones petroleras. ¿Cómo afecta esto a las provincias?

-Lo que veo es que hay un avasallamiento a la Constitución. Hay una ley que me tocó tramitarla -llamada Ley Corta- y que da a las provincias el manejo de los yacimientos. En abril de este año, cuando mandaron la ley de estatización de YPF, manifesté mis dudas con el tema porque yo decía que más que una empresa nacional había que hacer una empresa federal, porque estábamos haciendo una empresa con los recursos de las provincias, que no son renovables. Por lo que he escuchado de algunos gobernadores justicialistas, ellos esperan una presentación judicial de otra fuerza, como puede ser la UCR, para que frene el decreto de la Presidenta ya que verdaderamente avasalla a las provincias. La Nación sólo tiene la potestad en la zona off shore, 12 millas después de la plataforma continental, por eso es que no puede salir con un decreto a intentar cambiar esto.

-¿El decreto es un error jurídico, un dislate o está hecho adrede y va explícitamente contra las provincias?

-Por lo que he escuchado de quienes están planteando hoy la reforma constitucional, me refiero a sectores del oficialismo, ellos quieren introducir este tema, dar a la Nación el control de los recursos no renovables. Es una visión de un país unitario que quiere cambiar el país federal que consagra nuestra Constitución.

-¿No es paradójico que la ley que da a las provincias el control de los yacimientos haya sido impulsada por Néstor Kirchner y que ahora se vaya contra eso?

-Es que (Kirchner) lo hizo conmigo, en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) que yo presidía. En Nueva York, cuando fuimos en 2007 a la Asamblea de la ONU, lo convencí. A mí me tocó luego tramitar la ley con Roxana Bertone, que era la presidenta de la comisión de Combustibles de Diputados y con César Gioja, en el Senado. La ley compatibilizó regalías e inversión, porque te pueden ofrecer una gran regalía pero poca inversión y eso no sirve. Pero ahora no entiendo a lo que se va apuntando. Se está avanzando contra las provincias, ni siquiera es contra las empresas.

- El decreto se mete en la relación contractual de las provincias con las petroleras y prevé hasta la reversión de áreas, ¿no es cierto?

-Claramente. La licitación o reversión de un área es una atribución de las provincias. Por eso cuando comenzó el problema con Repsol se pidió a los gobernadores que rescindieran contratos y presionaran a la empresa porque la Nación no tiene relación contractual con los privados. En virtud de la Ley Corta de Kirchner, la Nación transfirió a las provincias el manejo de los hidrocarburos. Recordemos que Jaque prorrogó las concesiones quince años y eso no lo hizo la Casa Rosada.

-La Nación ¿usó a los gobernadores al principio del conflicto con Repsol para ahora sobrepasar sus atribuciones?

-Pasó por encima de ellos. Yo advertí que el tema YPF sería un problema. Por ejemplo si se presenta en Mendoza una oferta de otra empresa por un área determinada y también oferta YPF, que ahora es estatal, pero ofrece peores condiciones para la provincia, ¿se la tenés que dar a YPF igual? ¿Qué va a pasar con la tercera ronda de licitaciones que lanzó este gobierno? Es un problema para los recursos de Mendoza, sin dudas.

-¿Cree que la Provincia podría recibir peores regalías si la Nación interviene en la fijación de los precios en los tres eslabones de la cadena, es decir en la producción, refino y comercialización?

-Actualmente las regalías son fijadas por la libre oferta en la Ley Corta. Pero ahora el Estado nacional las va a fijar y no sabemos si a las provincias les convendrá o no. En cambio, hasta ahora lo disponía el mercado. Las provincias pueden tener menos recursos. Esto debería alarmar a los gobernadores, porque están perdiendo la posibilidad de que si una licitación no resultaba conveniente para una provincia ésta podía hacer otro llamado. Por eso sostengo que este decreto está fuera de la Constitución. El dominio originario es de las provincias; si no, un día van a crear una empresa del agua y van a querer manejar este recurso. Van a decir démosle tanta agua a La Pampa, o se van a apoderar de los glaciares.