Por Gabriel Morini

Unas pocas horas después de que lo hubieran solicitado, Cristina de Kirchner anunció que recibiría a los jueces nucleados bajo la representación de la Asociación de Magistrados, el miércoles próximo, en una audiencia fijada para el mediodía. El improbable pedido que habían cursado los jueces se inscribía en el marco de la batería de gestiones que desplegaron para tratar de evitar que se apruebe en el Congreso el agregado que suprime la exención de pago del Impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial, agregado en el proyecto de Presupuesto 2023 que hoy tratará Diputados. Pero la vicepresidenta sorprendió a los escépticos que no aguardaban respuesta al pedido de reunión y dio un giro cuando marcó en el calendario un encuentro cara a cara con los magistrados, algo que jamás había ocurrido en el pasado y menos desde que su relación quedó circunscripta a los choques que se generaron dentro de expedientes penales que la involucran. Si se repite la comitiva que ayer asistió a la Comisión de Presupuesto de Diputados –donde hubo fricciones varias con el oficialismo-, la vicepresidenta tendrá enfrente al camarista Mariano Llorens –una de las autoridades de la AMFJN- quien no solo fue blanco de críticas por parte de la exmandataria por sus fallos, sino que recientemente y en un voto minoritario volvió a pedir el desafuero y la prisión preventiva de la exmandataria en una causa remanente. Pero el miércoles, los roles habituales serán inversos: serán los jueces los que estén pidiendo algo.

¿Qué posibilidades hay de que a la altura de que la vicepresidenta los reciba esté todo cocinado en Diputados con la sanción? Altísimas. Tal como anticipó Ámbito, ya no se tratará de un conflicto sobre el pago del impuesto de cara a la sociedad, sino que se transformará en una batalla interpoderes. En el campo jurisdiccional, el bloqueo también puede anticiparse.

La delegación de la Asociación cerró una audiencia “informativa” con los Diputados donde fueron a plantear su postura (advertencia incluida) de que ya existía una ley vigente para que tributen los ingresantes al Poder Judicial a partir de 2017, y que forzar la inclusión de todo el universo de contribuyentes judiciales a través del Presupuesto iba a generar una colisión constitucional que los obligaría a trabar su aplicación en tribunales. La reunión arrancó bien y luego se fue desvirtuando en el tono de las intervenciones y los reproches hacia los magistrados y su postura. El oficialista Marcelo Casaretto los apuró para saber si traían alguna propuesta concreta de implementación general del pago o si simplemente buscaban que se postergue indefinidamente y el bancario Sergio Palazzo los espetó acerca de si lo que reclamaban iba a derivar en que los que hoy no pagan, paguen.

El presidente Marcelo Gallo Tagle reconoció que en este tema están todos “abroquelados” y mencionó el acompañamiento de todas las listas internas, además del apoyo institucional de la Corte en pleno, con quienes se habían reunido antes de partir para el Congreso, con foto incluida. Despejando la hojarasca de la discusión que tuvo momentos ásperos, fue el propio presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller el que, en un momento, reclamó conocer cómo el Poder Ejecutivo había llegado al monto proyectado de $238 mil millones para el ejercicio 2023 en lo que representaba la exención de Ganancias para el Poder Judicial. Ante la cantidad de jueces nacionales y federales, activos y jubilados, Gallo Tagle mencionó poco más de un millar, pero esta cifra le hizo ruido a Heller. “A mi hay un dato que no me cierra. Lo no percibido por el Poder Judicial da 238 mil millones. O hay muchos otros que no estamos teniendo en cuenta o los sueldos son monumentales, que no creo. Hay un dato que nos está faltando. De cómo se compone”, se preguntó Heller que comparó –en el aire- que eso equivale al 115% del presupuesto de Ciencia y Tecnología. Los jueces se quedaron mirando, pero tal como reveló Ámbito ayer, ese monto es el que despierta interrogantes porque no coincide con los cálculos internos en el mundo judicial que sostienen que como máximo llegaría a los $11 mil millones.

Hay otra cuestión: el equipo técnico de los jueces en el Consejo elaboró otra proyección incómoda que se relaciona con las vacantes, responsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo. Existen hoy 227 vacantes en todo el país (jueces federales y nacionales), un 23,7% del total. Si se completaran, el total de jueces que con la ley de 2016 pagaría Ganancias subiría del 25% al 43% del total general. Hoy el Consejo tramita 155 vacantes, pero hay 27 que el Senado no avaló todavía y 51 que están a la firma del Presidente, sin fecha de remisión para su acuerdo pero con los concursos terminados y en condiciones de escoger a quienes ocuparán esos cargos.

“Ninguna supera el obstáculo constitucional”, advirtió Gallo Tagle, pero poco después Heller lo frenó diciendo que el trasfondo de la discusión parecía ser condicionar al Congreso, algo “conceptualmente inaceptable”. Danya Tavela de Evolución Radical pareció tender un manto de piedad sobre los consensos que buscaban los jueces (aunque su bloque igual dijo después que acompañaría quitar la exención) y propuso un camino de avance para establecer un criterio a futuro sobre algunos ítems. Llorens fue el más histriónico, defendió que no es un privilegio, que ellos abogan también por los empleados judiciales, y admitió una incomodidad para defender estos temas “frente a la cantidad de pobres que hay es doloroso”. “Sabemos que esto no mueve el amperímetro del presupuesto pero tenemos que darle respuesta a la sociedad”, apuntó el camarista. “Hay cuestiones constitucionales que pueden generar judicialización inmediata, entonces ¿Qué sentido tiene?”.

Con una foto cuidadosamente montada, la visita de los jueces a la Corte cosechó un absoluto “respaldo institucional” al reclamo. Estaba descontado.