Por: Luis Bruschtein.

El martes, Cristina Kirchner denunció la existencia de un Estado mafioso paralelo y convocó a una movilización con la consigna “Argentina y democracia sin mafias”. El jueves la denuncia de la vicepresidenta fue confirmada de manera estruendosa cuando se conocieron los mensajes hackeados entre el ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, Marcelo D´Alessandro, y el colaborador más cercano del titular de la Corte, Horacio Rosatti. El contenido va desde la decisión de la Corte que favoreció al gobierno porteño en la coparticipación, hasta sobres con miles de dólares provenientes de conspicuos proveedores del Estado. En el gobierno porteño aseguran que D´Alessandro por ahora no renunciará, pero la gravedad institucional es aún más escandalosa por la falta de ética y parcialidad en los fallos de la Corte. El centro del escándalo no es D´Alessandro sino Horacio Rosatti.

Los mensajes no sirven como prueba en un juicio porque fueron obtenidos de manera ilegal, pero su veracidad quedó confirmada con la amenaza de D´Alessandro de querellar a los medios que los publiquen. No han podido desmentir estos mensajes ni los que se conocieron cuando el grupo de jueces, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y altos ejecutivos de Clarín diseñaron estrategias para ocultar la millonaria invitación de la corporación mediática a esos jueces y funcionarios.

No alcanza con decir que no sirven como pruebas cuando su verosimilitud está a la vista. Es un suicidio institucional dejarlos pasar simplemente porque no sirven como prueba legal. La veracidad de esos mensajes demuestra que ya no se trata de un riesgo de la democracia, sino que la corrupción y connivencia de amplios sectores del Poder Judicial está en funcionamiento y que interfiere con cualquier atisbo democrático ya que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Está claro que la corporación mediática, en el primer caso, y el gobierno macrista porteño, en el segundo, están coludidos y blindados por jueces y cortesanos.

Raúl Zaffaroni definió esta situación como “ausencia del derecho”. Y afirmó que ante esa ausencia la sociedad funciona por la imposición de la fuerza, en este caso de las corporaciones y la derecha política. Si no existe el derecho, es imposible que el derecho ausente sea la solución de esta catástrofe institucional. El recurso final es la intervención protagónica del pueblo ciudadano, el soberano, donde reside en última instancia el poder democrático.

Sobre esa idea confluyó la convocatoria de la vicepresidenta para el 24 de marzo con la consigna contra el Estado mafioso paralelo. Pero un largo párrafo de ese discurso estuvo dedicado a militantes y dirigentes del Frente de Todos. Aludió al “bastón de mariscal” que todos los peronistas llevan en la mochila. Es una frase de Napoleón con respecto a la iniciativa de sus soldados, que después retomó Perón en varios de sus discursos.

La vicepresidenta es consciente que estos dilemas institucionales no repercuten con la misma intensidad en las bases populares, aunque tengan consecuencias decisivas en sus vidas. El mundo judicial es visto como algo lejano. Para convocarlas, la función de militantes y dirigentes es poner en evidencia esa relación estrecha entre la corrupción judicial y la vida cotidiana.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo un extenso recuento sobre los fallos judiciales que impactaron en la inflación, en la carestía de la vida y en la imposibilidad de que el pueblo acceda al control de resortes esenciales de la economía. La enumeración apunta a la necesidad de difundir y hacer que esta información llegue al pueblo ciudadano que siente al Poder Judicial como una figura abstracta, cuyas decisiones no le afectan.

Los precios de Internet, por ejemplo, aumentan sin control porque un juez frenó el decreto que declaraba a las telecomunicaciones como “servicio esencial”, con precios regulados. Los aumentos de las prepagas fueron de 201 por ciento, por encima de la inflación, porque un juez los habilitó luego de conceder una cautelar a las prepagas.

Otro juez dio lugar a otra cautelar cuando terminaron las concesiones de la Panamericana y Acceso Oeste y el gobierno no quiso renovarlas porque los peajes tienen precios desorbitados. Lo mismo hicieron los molineros multados por el gobierno por los precios. En todos esos casos, los jueces resolvieron a favor de las corporaciones y en muchas de esas causas, los querellantes también eran funcionarios macristas. Varios multimillonarios que estaban comprendidos en el pago del impuesto a la renta extraordinaria acudieron a la Justicia y fueron protegidos. Lo mismo cuando el gobierno planteó restricciones a la importación para frenar la disparada del dólar, varias empresas fueron protegidas por jueces.

Los ejemplos son interminables, tanto en relación con el fuero laboral, donde se conocieron fallos que justificaron el despido masivo de trabajadores. O en el plano de la discriminación en temas de género. El juez Pablo Cayssials, conocido por el viaje a la mansión de Lewis, falló en numerosas ocasiones a favor de las corporaciones. 

Es más conocido el juez Fabián Lorenzini que impidió que el Banco Nación, principal acreedor en la quiebra de Vicentin se hiciera cargo de la empresa para recuperar los millones de pesos, propiedad del pueblo argentino, que le había concedido la conducción macrista del Banco. Lorenzini impidió que el pueblo argentino tuviera acceso a la formación de precios, al control de la circulación por el río Paraná y a la actividad de los puertos privados en la provincia de Santa Fe.

Todos estos casos impidieron un control más efectivo de la inflación, de la actividad irregular de las corporaciones, promovieron el aumento de los precios de los servicios, como el agua y el gas, de las telecomunicaciones, del pan y de otros productos de primera necesidad que fueron descontrolados por decisiones de una justicia coludida con la derecha y con las grandes corporaciones.

Esa alianza inconstitucional, mafiosa, se convirtió en un Estado paralelo que bloquea cualquier iniciativa del gobierno constitucional que pueda afectar intereses del poder económico concentrado.

En esta semana la actividad judicial mostró el criterio con que se manejan los jueces con relación al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y los hechos de corrupción detectados en el caso del diputado Gerardo Milman.

La estrategia judicial promacrista en estos casos, es enfriar las investigaciones, dejar pasar el tiempo, y dentro de unos años largar fallos que cerrarán las causas del megatentado y de los hechos de corrupción por los que es investigado Milman. Y con relación a los casos que involucran a jueces por recibir dádivas o incumplimiento del deber de funcionario público, la Corte, encabezada por Rosatti, mantiene paralizado el Consejo de la Magistratura que también preside Rosatti, y que es el órgano que debe intervenir para investigar o abrir juicios políticos a los jueces en falta.

Es prácticamente imposible jugar en política con un estado no democrático en las sombras conformado por esta alianza mafiosa entre varios jueces encabezados por la Corte y la derecha política. La solución institucional más correcta sería el juicio político a los cuatro miembros de la Corte y a una veintena o más de jueces. Pero es evidente que el gobierno no tiene la fuerza necesaria para concretarlo. Eso es lo que Zaffaroni define como el imperio de la fuerza ante la ausencia del derecho.