Tras dos semanas marcadas por la tensión entre el Frente de Todos y la Corte Suprema por la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura, el oficialismo decidió intensificar su disputa política con el Poder Judicial al anunciar que habilitará en el Senado el debate para ampliar el número de integrantes del Máximo Tribunal.

Ayer por la tarde, a pesar de que la Justicia ni siquiera terminó de resolver sobre los planteos de nulidad ante la designación del kirchnerista Martín Doñate y de la radical Roxana Reyes, desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans dejaron trascender que Cristina Kirchner había dado el visto bueno para abrir otro frente y avanzar con una vieja discusión: la ampliación de la Corte Suprema.

Si bien hay varios proyectos en danza, el que por estas horas acapara la atención es el del senador Adolfo Rodríguez Saa, quien tras la división de la bancada del Frente de Todos quedó alineado en el bloque Unidad Federal que conduce Mayans.

El puntano propone, entre otras cosas, llevar a 9 la cantidad de integrantes -ahora son formalmente cinco, aunque tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco quedan cuatro- para así poder “reflejar en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”. En ese sentido, no podrá haber más de cinco hombres y los magistrados deberán ser especialistas en diferentes ramas del Derecho (Civil, Penal, Comercial, etc.).

La disputa entre el kirchnerismo y la Corte Suprema tuvo varios capítulos recientes. En diciembre pasado, el Máximo Tribunal había declarado la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura porque consideró que no se respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos (políticos y técnicos). Según el fallo, si el Congreso no sancionaba una nueva ley, se debía volver a la conformación anterior a la reforma de 2006, es decir, con 20 integrantes.

Como el planteo de inconstitucionalidad llevaba más de 16 años de demora, en el kirchnerismo interpretaron el timing del fallo como un mensaje político. La respuesta fue avanzar en el Senado -donde el oficialismo tiene mayoría- con un proyecto que excluía a la Corte del Consejo. En cambio, desde Juntos por el Cambio reclamaban que Horacio Rosatti, titular de la Corte, asuma como presidente del Consejo, tal como dice la ley de 1997.

Esta diferencia insalvable con la oposición y la cercanía del plazo hicieron imposible que el Frente de Todos pueda aprobar en Diputados el proyecto que venía con media sanción del Senado. Por eso, el oficialismo pidió más tiempo a la Corte y a la vez demoró la designación de los dos consejeros por el Congreso gracias a un amparo de un juez de primera instancia de Entre Ríos.

Pero la Corte fue contundente. No otorgó ninguna prórroga y, vencido el plazo, Rosatti asumió como presidente del Consejo, tomó juramento a los nuevos consejeros elegidos y anuló el fallo del juez de Paraná.

Para el kirchnerismo la Corte Suprema, que volvió a poner en vigencia una ley derogada, intenta legislar a través de un fallo. Y, por lo tanto, consideran que es una intromisión inaceptable de otro Poder que puede sentar un “pésimo precedente”.

Como ya no quedaban recursos para frenar las designaciones. Cristina Kirchner recurrió a una maniobra que generó indignación en la oposición: desdobló el bloque oficialista en el Senado para poder designar a un hombre de su confianza por la “segunda minoría” y así quedarse con el lugar que reclamaba el PRO para Luis Juez, que la denunció penalmente. Hasta el momento, ninguno de los miembros de la Corte se expresó sobre esta situación.

En diputados el panorama era diferente y Sergio Massa avanzó con la designación de la consejera propuesta por el radicalismo, Roxana Reyes. En una suerte de solución “salomónica” el oficialismo ganó en el Senado y perdió en Diputados. Por la Cámara alta el Frente de Todos tendrá tres lugares (Recalde, Doñate, Pilatti Vergara) y uno la oposición (Giacoppo). Y por la Cámara baja, el oficialismo tendrá un lugar (Siley) y tres de la oposición (Camaño, Tonelli, Reyes).

De esta forma, el kirchnerismo buscó evitar perder el control de un organismo clave que administra el Poder Judicial, y designa y sanciona a los jueces. Aunque ahora va por más.

El próximo miércoles comenzará el debate para una eventual reforma de la Corte Suprema en la comisión de Asuntos Constitucionales que por el jujeño Guillermo Snopek. Es un proyecto que, si bien difícilmente pueda ser sancionado en las dos Cámaras, tiene gran repercusión política.

Pero la nueva agenda judicial de Cristina Kirchner no solo genera un recrudecimiento del enfrentamiento -de larga data- con el Poder Judicial sino que vuelve a dejar en carne viva la interna del Gobierno.

Ante la consulta de Infobae, cerca de Alberto Fernández adelantaron que el presidente “no se va a meter” porque es una “agenda alejada de la gente”. Además, señalaron que es un tema que “termina complicando otros” más importantes para la Casa Rosada.

“Vamos a ir por el lado de la producción y la economía. No tenemos espalda para tantos temas donde encima hay miradas distintas”, explicaron.

La falta de interés de una parte de la coalición gobernante en un enfrentamiento abierto con la Corte Suprema también había quedado en evidencia con el accionar de Sergio Massa, que tras los fallos del Máximo Tribunal optó por designar a la radical Roxana Reyes antes de profundizar el conflicto institucional.

En esa línea, un funcionario con despacho de la Casa Rosada coincidió en que “no es momento de avanzar ahora” y puso como ejemplo el fracaso del intento de reformar la Justicia Federal por haber elegido un mal momento para plantear esa batalla, durante la pandemia. Aunque, enigmático, reconoció ante Infobae que “puede haber novedades en las próximas semanas.